La pregunta libertaria parece sencilla: ¿qué preferimos, eliminar la pobreza o la desigualdad? Pero se trata de un dilema engañoso. Ninguna de las dos puede erradicarse del todo. Sin embargo, reducir la desigualdad nos acerca a una sociedad más compacta, donde las diferencias no se conviertan en muros infranqueables.
La lógica libertaria clásica defendía que a los pequeños se les dieran cosas pequeñas para mantenerlos conformes, mientras a los grandes se les liberara de restricciones para que obtuvieran sin límites. En la práctica, esa visión concentra la riqueza en unos pocos y deja a la mayoría atrapada en la dependencia.
Un ejemplo es la arquitectura tributaria. Se diseña con frecuencia para proteger a las grandes corporaciones bajo el argumento de que generan empleos y sostienen gran parte del PIB. Esto es cierto, pero también abre una pregunta: ¿queremos una sociedad que premie el mérito sin importar de dónde venga, o una que perpetúe la herencia de los mismos apellidos, aunque reine la mediocridad?
El emprendurismo refleja esa desigualdad estructural. Para algunos es una escalera de diez peldaños; para otros, un ascensor directo al piso ejecutivo. El mercado, por sí solo, no corrige esos desniveles. Cuando se le deja actuar sin regulación, suele reforzar prácticas que poco aportan al bienestar colectivo. La proliferación de loterías, juegos de azar y tiendas de vapeo es un ejemplo cercano: ¿es esa la sociedad que queremos?
El mercado no produce valores; responde únicamente a la oferta y la demanda. Por eso el Estado se vuelve indispensable, no como un gigante ineficiente ni como un ente ausente, sino como un árbitro capaz de equilibrar oportunidades.
Los países nórdicos comprendieron hace décadas que salud y educación no son bienes de mercado, sino derechos fundamentales. Garantizarlos de manera pública no limita la libertad individual: la amplía, porque asegura que nadie quede excluido de la línea de partida. China, por su parte, ofrece un modelo híbrido: permite la propiedad privada y el dinamismo del mercado, pero bajo regulaciones estatales que evitan fracturas sociales. En cambio, Estados Unidos muestra lo contrario: un Estado reducido que ha impulsado innovación, sí, pero también desigualdades profundas donde la movilidad social es cada vez menor.
América Latina vive en una paradoja: Estados grandes en burocracia, pero pequeños en efectividad. Sistemas tributarios regresivos cargan sobre los más débiles y liberan a los más fuertes, reforzando el círculo vicioso de la desigualdad.
La discusión, entonces, no es sobre el tamaño del Estado, sino sobre su funcionalidad. La desigualdad nunca desaparecerá, pero puede mitigarse hasta que no se convierta en una barrera para el desarrollo humano.
Una sociedad con menos desigualdad no significa que todos tengan lo mismo, sino que las diferencias no impidan construir comunidad. Que el origen no determine el destino. Que el mérito pese más que el apellido.
El mundo nació equilibrado; fue el ser humano quien lo desbalanceó. La verdadera pregunta no es si confiamos ciegamente en el mercado o en el Estado, sino qué tipo de sociedad queremos construir: una donde reine el privilegio y el azar, o una donde la libertad individual se fortalezca gracias a un proyecto colectivo.
Porque al final, la libertad sin justicia social no es libertad: es privilegio.
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