En un mundo ideal, el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, sería una jornada para celebrar estadísticas alentadoras: una niñez que vive en plenitud, dignidad, libertad, seguridad y felicidad. Una fecha para conmemorar políticas públicas efectivas, familias diversas que protegen y una sociedad corresponsable junto al Estado en la garantía de derechos.
Pero ese mundo existe solo en los discursos oficiales, no en la realidad dominicana. La cruda verdad muestra un paisaje desolador donde la violencia sexual contra menores se ha normalizado, donde los agresores reciben tratos privilegiados y donde el sistema judicial parece diseñado para proteger a los victimarios antes que a las víctimas.
El derecho a vivir en plenitud: las olvidadas de la periferia
Reivindicamos el derecho sagrado de todas las niñas a vivir en plenitud: las de los barrios marginados, las de los bateyes, las de las lomas más recónditas donde la presencia del Estado es apenas una sombra.
Son las niñas cuyos casos jamás serán trending topic, cuyos gritos se ahogan en el silencio cómplice de la impunidad. En comunidades donde el incesto se disfraza de “costumbre familiar” y la violación se minimiza como si fuese una falta menor, su humanidad es borrada sistemáticamente del mapa.
Romper este pacto de silencio que sacrifica a las niñas en el altar del patriarcado más cruel es una obligación colectiva. Su derecho a la infancia, a la integridad y a soñar sin miedo no puede quedarse en los papeles: debe garantizarse en cada rincón del territorio nacional.
El horror institucionalizado
El caso del sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez debió ser un punto de inflexión. Acusado de agredir sexualmente a una menor hace más de dos décadas y señalado por múltiples víctimas, la respuesta judicial fue una prisión domiciliaria y una garantía económica de apenas 500,000 pesos. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, pero el sistema optó por la indulgencia.
El “Payaso Kanqui” (Kelvin Francisco Núñez Morel), condenado a 12 años por abusar de menores en su programa infantil. (insiste que ha intentado obtener un medio libre y se juega para probar a la gente (ya que sus abogados anuncian salió y el ministerio público desmiente) como si jugarán a probar que tan pendiente están los familiares de las víctimas y la sociedad
Y el colmo de la desigualdad judicial lo encarna Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador condenado a 20 años por violar a su hijastra. Tras cumplir apenas siete, un juez le otorgó el mismo beneficio del “medio libre”, demostrando que en República Dominicana el privilegio de clase pesa más que la evidencia forense de un crimen atroz.
La impunidad que mata
El caso más estremecedor, sin embargo, es el de José Antonio Glass (Yoyón). Condenado en 2009 a 15 años de prisión por agresión sexual a un menor, hoy enfrenta acusaciones por el asesinato de un niño de 10 años en Sabana Perdida.
La ecuación es sencilla y mortal: un sistema judicial que no protege a la niñez frente a los agresores sexuales termina firmando sus sentencias de muerte. Glass no apareció de la nada. Su historial criminal estaba documentado. Cumplió una condena leve y el Estado lo liberó para que escalara en su violencia. De violador a asesino, con la complicidad silenciosa de las instituciones.
El silencio cómplice
Mientras tanto, las voces que denuncian encuentran más obstáculos que apoyo. La periodista Emilia Pereyra en una entrevista para Acento.Tv comento cómo enfrentó el acoso sexual del comunicador Pablo Ross posteriormente condenado por violar a su hijastra y cómo sufrió campañas de descrédito por atreverse a hablar. Su experiencia refleja la doble victimización que padecen quienes denuncian: primero por el agresor, después por el sistema.
Las cifras de UNICEF confirman lo que las estadísticas oficiales intentan ocultar: la violencia sexual contra menores es una epidemia silenciosa. La mayoría de los casos ocurre dentro del círculo de confianza familiar. Según el Informe sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana (UNICEF, 2023), más del 60 % de las adolescentes ha vivido alguna forma de abuso o acoso sexual.
Cada niña abusada por su padre, cada niño violado por su padrastro o cada adolescente embarazada por su agresor repite la misma historia: hemos normalizado lo innormalizable.
Exigencias urgentes
Frente a esta emergencia nacional, ya no bastan las declaraciones de solidaridad. El Estado dominicano tiene una deuda de justicia.
Exigimos:
- Cárcel efectiva para agresores sexuales de menores: sin beneficios ni reducciones de pena.
- Registro nacional de agresores sexuales, que impida su reincidencia y garantice control social.
- Fiscalías especializadas con enfoque de género y niñez, que no solo reciban denuncias, sino que eduquen, orienten y acompañen.
- Celeridad procesal y protección contra la revictimización: los casos de violencia infantil deben ser prioridad permanente.
- Cero tolerancia al encubrimiento institucional: investigar y sancionar a funcionarios o entidades que protejan agresores.
La dignidad de las niñas no es negociable. Este 11 de octubre, mientras el mundo celebra el Día Internacional de la Niña, en República Dominicana no hay motivo de fiesta. Hay duelo, hay rabia, hay una exigencia colectiva: convertir la impunidad en justicia y el silencio en acción.
Solo cuando la vida de nuestras niñas y niños importe más que los privilegios de sus verdugos, podremos hablar verdaderamente de derechos humanos.
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