Como es de conocimiento público, el Senado de la República discute en estos momentos la derogación de la Ley 12-06 de Salud Mental, y la simultánea aprobación de una nueva ley que vendría a ser el resultado de tres propuestas registradas, en donde la enviada por el ministro de Salud resulta ser la más completa. Hemos analizado los tres proyectos y damos por sentado que se complementan, por lo que entendemos que no llevaran a discusiones antagónicas que pudieran retrasar los trabajos del Congreso hasta llegar a su aprobación.
Algunas de las novedades que acompañan a estas tres propuestas, son su enfoque en la persona y el respeto a su derecho a recibir atención en salud mental con pleno respeto a su dignidad, autonomía y libertad. Se señala que ninguna medida podrá adaptarse en perjuicio de estos derechos bajo pretexto de tratamiento o protección.
Aunque se pudiera pensar que estos son derechos adquiridos, nuestro ancestral modo de aproximarnos al enfermo mental, tiñe, de manera inconsciente, nuestro pensamiento y accionar, de estigma y de discriminación, de tal forma, que agredimos continuamente a esta vulnerable población. Es por tal razón que nos llena de regocijo que estos enunciados figuren en esta futura Ley. (Artículo 2, principio 1, Proyecto depositado por el Ministerio de Salud Pública).
En otra de sus formulaciones, la quinta, del Artículo 2, se refiere a la atención centrada en la comunidad. Esto significa que “la atención en salud mental se organizará prioritariamente desde un enfoque comunitario, interdisciplinario e integral, que favorezca la inclusión social, la permanencia en el entorno familiar y comunitario, y la continuidad de cuidados fuera del ámbito hospitalario.”
Este enfoque, al que nuestro país ha intentado aproximarse en más de un momento, en donde los esfuerzos realizados durante la gestión de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino al frente del Ministerio de Salud Pública, son a la vez que el más reciente, el de mayor impacto y profundidad; es congruente con los empeños que realizan una buena cantidad de países latinoamericanos, en donde se advierte un proceso gradual en el sentido de reconocer la necesidad de adoptar medidas para la promoción y el cuidado de la salud mental de sus habitantes y sustituir el estricto modelo médico de prestación de servicios por un modelo de salud pública que enfoque de manera objetiva la salud mental comunitaria.
El enfoque en salud mental comunitaria busca mejorar el bienestar mental promoviendo la participación ciudadana y la prestación de la atención desde servicios de apoyo integrados y multidisciplinarios, donde la prevención, la detección temprana y la recuperación de las personas se realicen en su entorno social y familiar, en lugar de aislar el tratamiento de las personas solo en los hospitales.
Hay evidencia disponible de países latinoamericanos, como Brasil, Chile y Perú, que han avanzado significativamente en el desarrollo de centros de salud mental comunitarios que, junto a otras estrategias, también contempladas en los proyectos que cursan en nuestro Congreso, han logrado impactar en indicadores claves como reducción drástica del número de camas en hospitales psiquiátricos y el aumento de la cobertura de salud mental, por solo citar algunos.
Estos tres países, con estrategias operativas diferentes, dadas por las peculiaridades inherentes a su organización gerencial, y con enfoques similares (atención centrada en la persona, modelo de atención basado en la comunidad, desarrollo eficiente de la atención primaria y apoyo presupuestario), han logrado un cambio de paradigma notable y el reconocimiento internacional.
Otros países, como México, Colombia, Uruguay, Panamá, Cuba y Jamaica, implementado iniciativas destacadas, fundamentadas en el respeto a los derechos humanos, en la atención primaria y en el enfoque comunitario, muestran resultados que impactan en beneficio de las personas, la familia y la sociedad. De estas experiencias exitosas, que tienen de común denominador la actualización de la legislación y/o de la reglamentación, se adquieren lecciones aprendidas que facilitan las implementaciones por venir.
Podemos afirmar, sin temor a dudas, que las perspectivas, de aprobarse la nueva Ley, son prometedoras. Nos proveería de un marco legal y normativo que facilitaría a los equipos gerenciales y técnicos, desarrollar un modelo integral en el campo de la salud mental, basado en la comunidad, con el que se empezaría a pagar una deuda social largamente postergada.
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