El proyecto de ley que moderniza el Código Tributario dominicano representa un avance significativo hacia la eficiencia tecnológica, pero esconde una laguna estratégica que podría comprometer la soberanía digital del país. Mientras la iniciativa habilita el uso de servicios de computación en la nube para gestionar los cientos de millones de comprobantes fiscales que procesa la DGII, no establece ninguna restricción sobre dónde pueden ubicarse físicamente estos datos.
Esta omisión, aparentemente técnica, tiene ramificaciones geopolíticas y económicas profundas que trascienden la simple modernización administrativa. En una era donde los datos se han convertido en el "nuevo petróleo", la decisión de permitir que información fiscal sensible cruce fronteras sin restricciones plantea interrogantes fundamentales sobre la soberanía nacional en el siglo XXI. El artículo 2 del proyecto modifica el párrafo IV del artículo 56 del Código Tributario, permitiendo que los datos se reciban, procesen y almacenen en centros de datos propios, de terceros o en la nube, con medidas adecuadas.
No obstante, no se especifica ninguna limitación geográfica. Esto implica que la DGII podría contratar servicios de gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud, cuyos servidores se encuentran en múltiples jurisdicciones. Aunque esto ofrece ventajas tecnológicas y económicas, significa que los datos fiscales de millones de dominicanos podrían alojarse en servidores en Estados Unidos, Europa o Asia, bajo marcos legales foráneos.
Este escenario plantea riesgos importantes. Por un lado, la jurisdicción legal queda difusa. La ley estadounidense Cloud Act permite a sus autoridades requerir información almacenada por empresas estadounidenses, sin importar su ubicación. Esto significa que datos fiscales dominicanos podrían ser accedidos por autoridades extranjeras, comprometiendo la soberanía jurídica del país.
Además, depender de infraestructura extranjera deja al país vulnerable a tensiones internacionales: en contextos de sanciones o disputas diplomáticas, servicios tecnológicos esenciales podrían ser limitados o suspendidos. Aunque la República Dominicana goza de estabilidad, el entorno global es volátil y cambiante.
A esto se suman los costos ocultos de la eficiencia. Si bien el uso de servicios internacionales puede parecer más económico en el corto plazo, se pierde control estratégico, capacidad técnica local y se corre el riesgo del lock-in tecnológico, una dependencia difícil de revertir. También se desperdicia la oportunidad de formar talento nacional y construir una infraestructura digital autónoma.
Los modelos internacionales ofrecen lecciones valiosas. La Unión Europea, por ejemplo, ha equilibrado innovación con soberanía mediante el GDPR y proyectos como GAIA-X, que promueven infraestructuras propias con altos estándares de privacidad. China ha optado por el control territorial total, obligando a que los datos críticos permanezcan dentro de su territorio, lo que ha impulsado su ecosistema digital. Singapur, en cambio, adopta un modelo híbrido: abre su infraestructura a proveedores globales, pero exige que los datos sensibles se almacenen localmente en infraestructuras certificadas.
República Dominicana tiene mucho que ganar si toma el camino de una soberanía digital inteligente. Externalizar completamente el almacenamiento de datos impide el desarrollo de capacidades tecnológicas locales y debilita la aspiración de convertirse en un hub de datos para el Caribe. Países como Estonia han demostrado que invertir en infraestructura digital soberana puede transformar su economía. Incluso en India, ciertas restricciones han estimulado la innovación tecnológica. A veces, regular es precisamente lo que impulsa la creatividad y el desarrollo.
La clave está en construir un marco regulatorio sofisticado. No se trata de prohibir servicios internacionales, sino de clasificar los datos por su sensibilidad y establecer reglas diferenciadas. Los datos anonimizados podrían manejarse con más flexibilidad, mientras que la información identificable y crítica requeriría almacenamiento local o condiciones más estrictas. A esto se pueden sumar incentivos fiscales y regulatorios para fomentar un ecosistema de centros de datos y servicios cloud dominicanos, fortaleciendo la soberanía sin frenar la innovación.
El momento para actuar es ahora. La implementación de la facturación electrónica es una ventana de oportunidad única para establecer principios claros de soberanía digital. Si se avanza sin restricciones geográficas, revertir esa arquitectura será mucho más difícil —y costoso— en el futuro. La inacción no es neutra: crea precedentes que limitan las decisiones estratégicas posteriores.
Superar este desafío exige liderazgo con visión de largo plazo. Apostar por capacidades locales puede no ser lo más cómodo, pero es una inversión en independencia tecnológica, competitividad futura y resiliencia nacional. La decisión sobre cómo manejar los datos fiscales hoy sentará las bases para futuras políticas digitales en sectores clave como banca, telecomunicaciones y gobierno electrónico.
República Dominicana tiene ante sí una oportunidad única: convertirse en modelo regional de soberanía digital, demostrando que es posible abrazar las tecnologías de vanguardia sin renunciar al control estratégico. Para lograrlo, se necesita legislación complementaria, alianzas regionales y una inversión sostenida en capacidades nacionales.
En la era digital, la soberanía no se mide en kilómetros cuadrados, sino en terabytes bajo control nacional.
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