El costo de una mala decisión

En el debate económico dominicano ha resurgido con fuerza una narrativa simplista, promovida por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, que pretende reducir la discusión fiscal a un mero conteo de cuántas modificaciones tributarias se hicieron en el pasado, señalando que durante las gestiones de Leonel Fernández se aprobaron más reformas que en la actualidad. Sin embargo, intentar medir la pertinencia de una reforma actual con esa vara es desconocer la historia, ignorar el contexto global y, sobre todo, evadir las reglas del juego institucionales que el propio país se otorgó.

Para entender el panorama real, no necesitamos contar leyes; necesitamos analizar tres diferencias fundamentales: el contexto internacional, el destino del dinero y el marco legal que hoy nos rige.

El contexto: entre el DR-CAFTA y la inflación importada

Aquellas reformas de los gobiernos de Fernández tenían una justificación estructural: la entrada del tratado de libre comercio (DR-CAFTA). Al abrir las fronteras, el Estado perdía los ingresos de los aranceles en las aduanas y necesitaba compensar esa caída reestructurando los impuestos internos. No se buscaba dinero para parchar el día a día.

Hoy, la realidad es diametralmente opuesta. El mundo nos está golpeando con tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico y crisis logísticas que encarecen el petróleo. Para una economía importadora como la nuestra, el petróleo ya nos está exportando inflación.

En buen dominicano: si el mundo ya nos está enviando aumentos de costos, resulta insensato que nosotros decidamos fabricar más inflación localmente metiéndole la mano al bolsillo del aparato productivo. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina en lugar de agua.

Impuestos «en cascada»: el impacto real en la canasta familiar

El debate actual no es si se necesitan recursos o no, sino cómo se pretenden buscar. Proponer gravámenes como el aumento al impuesto a los cheques y transferencias bancarias genera un nocivo «efecto cascada». A diferencia del ITBIS, que solo grava el valor agregado, este impuesto muerde el dinero cada vez que cambia de manos, sin importar si hay ganancias.

Pensemos en una libra de arroz. El agricultor paga el combustible y fertilizantes mediante transferencia; luego vende al procesador, este al distribuidor, el distribuidor al supermercado y este al consumidor final. Como cada etapa soporta el impuesto, el costo se acumula invisiblemente a lo largo de la cadena. Al final, ese impuesto «financiero» lo termina pagando el ciudadano en el mostrador cuando va a comprar su comida o sus medicinas.

Recaudar para construir vs. recaudar para consumir

Aquí radica la gran diferencia en la percepción ciudadana. El sacrificio fiscal del pasado tuvo una contrapartida visible, estratégica y tangible: se construyó el Metro de Santo Domingo, los túneles y elevados, carreteras, circunvalaciones, puentes, los centros regionales de la UASD y hospitales de alta tecnología. Había una relación directa entre el impuesto cobrado y el activo público entregado. Se recaudaba para construir.

Hoy, el panorama genera resistencia porque se percibe que se quiere recaudar para consumir. Es políticamente insostenible exigirle al pueblo y a la clase media que se aprieten el cinturón para sostener el gasto corriente, la burocracia y las «nominillas», en lugar de ejecutar las grandes obras de infraestructura que el país grita por ver.

El núcleo del debate: el Pacto Fiscal no es opcional

La tercera y más importante diferencia frente a las reformas del pasado es el ordenamiento institucional. Aquellas modificaciones se hicieron antes de la Constitución de 2010 y de la Ley Orgánica 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Precisamente porque el país aprendió de los parches del pasado, se estableció que la arquitectura tributaria no puede seguir discutiéndose de manera aislada. La Ley 01-12 obliga a que los ingresos se debatan en conjunto con la calidad del gasto, la transparencia y la sostenibilidad de la deuda a través de un Pacto Fiscal.

Por lo tanto, el Pacto Fiscal no es una opción política ni una recomendación académica: es un mandato legal pendiente. Si esa ley se creó justamente para superar la vieja práctica de las reformas aisladas, ¿qué justificación existe hoy para ignorarla?

Discutir una reforma hoy basándose en que «antes se hacían más» es mirar el retrovisor equivocado. Cuando el petróleo ya nos exporta inflación, lo último que necesitamos son improvisaciones y parches tributarios que la fabriquen internamente. Lo que el país requiere es sensatez económica y el cumplimiento definitivo del Pacto Fiscal integral que garantice seguridad jurídica, previsibilidad y un verdadero retorno social para los contribuyentes.