Frente a la creciente inestabilidad en Haití, marcada por el colapso institucional, la violencia de grupos armados y el masivo flujo migratorio, el Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional que reúne a los sectores empresarial, social y laboral, impulsó un proceso de diálogo nacional para enfrentar los desafíos de la crisis haitiana para la República Dominicana.
Este proceso incluyó al gobierno, a expresidentes de la República y a representantes empresariales, sindicales, sociales y académicos, con el propósito de construir una respuesta de Estado ante una situación que trasciende coyunturas políticas y demanda consensos sostenibles. No se trató sólo de analizar antecedentes y elaborar diagnóstico, sino de trazar políticas y líneas de acción frente al impacto de la crisis haitiana en el país.
El CES asumió el compromiso de articular una agenda centrada en seis ejes estratégicos claves
El diálogo adoptó un enfoque participativo que no se limitó a actores institucionales. Se abrió a la ciudadanía a través de la plataforma OpinaRD y otros mecanismos de consulta, con el objetivo de recoger diferentes perspectivas y fomentar el aporte colectivo.
El CES asumió el compromiso de articular una agenda centrada en seis ejes estratégicos claves: migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales.
Concertación nacional frente a un desafío compartido
El esfuerzo fue coordinado por el presidente Luis Abinader y contó con la participación de los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Se organizó en seis mesas temáticas, desarrolladas entre el 21 de junio y el 23 de julio de 2025. Cada mesa incluyó dos delegados del presidente, dos de cada expresidente y dos de cada uno de los sectores del CES: empresarial, social y laboral.
Moderadas por designados del CES, las mesas trabajaron a partir de preguntas orientadoras, consensuadas previamente, lo que facilitó la deliberación. El enfoque buscó ser plural y riguroso, con el objetivo de evitar polarizaciones y reforzar la cultura del diálogo como herramienta clave de la democracia.
El proceso dejó un legado valioso sobre cómo enfrentar desafíos nacionales mediante la participación, la consulta y la formulación de propuestas consensuadas. Fue un ejercicio que trasciende gobiernos y sienta las bases para una auténtica política de Estado.
Fue un ejercicio que trasciende gobiernos y sienta las bases para una auténtica política de Estado
El resultado fue un documento integrado de acuerdos titulado “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”, que recoge los resultados de 42 sesiones de trabajo, condensadas en 26 líneas de acción y 151 recomendaciones específicas. Se entregó al presidente Abinader el 9 septiembre de 2025, con fecha posterior para los exmandatarios.
Entre los compromisos alcanzados se destacan la modernización de la Dirección General de Migración y el fortalecimiento del control fronterizo, mediante sistemas de videovigilancia, controles biométricos y la creación de una unidad especializada contra el tráfico de personas. También se acordó continuar con la construcción de la verja perimetral inteligente.
Asimismo, se propuso mejorar los servicios de seguridad nacional y la coordinación entre las agencias estatales responsables de resguardar la soberanía y proteger la infraestructura crítica. Otro eje clave fue la inversión en infraestructura económica y social en las comunidades fronterizas, junto con la implementación de una política integral para fiscalizar y gestionar los flujos migratorios de forma legal, ordenada y segura.
En el plano internacional, se decidió impulsar una diplomacia activa que garantice una cooperación alineada con los intereses nacionales y promueva una respuesta hemisférica ante la crisis haitiana. Igualmente, se acordó formalizar el intercambio comercial, sin afectar el abastecimiento interno ni a los productores nacionales.
Otro punto relevante fue la creación del Observatorio Nacional de Migración Laboral, encargado de monitorear la participación de la mano de obra extranjera y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales. Toda política laboral que involucre a personas migrantes deberá estar respaldada por un marco migratorio ordenado, predecible y funcional.
Uno de los logros más significativos del CES no fue técnico, sino político: la ejecución de un proceso de concertación nacional que reconoce que un tema de alta prioridad, como el haitiano, no debe gestionarse desde la improvisación, sino mediante políticas que trascienden los ciclos electorales y aseguren su sostenibilidad a largo plazo.
Carencias en la agenda aprobada
Pese a los avances, el proceso dejó vacíos que deben abordarse con urgencia. El más notable es la ausencia de propuestas concretas para la normalización laboral de trabajadores migrantes, un componente clave para sectores productivos como la agricultura, la construcción y los servicios. Esta normalización no debe verse como una concesión, sino como una herramienta estratégica para fortalecer el orden institucional, proteger derechos, asegurar la competitividad nacional y dar coherencia a una agenda de desarrollo sostenible.
Aunque el documento reconoce que entre el 7 % y el 10 % de la fuerza laboral en el país es extranjera, en su mayoría haitiana, y menciona instrumentos de formalización parcial, como los registros biométricos y la apertura de cuentas de nómina para migrantes formales, omite referirse a mecanismos de normalización temporal y a esquemas especializados de seguridad social vinculados a contratos verificables o programas de inserción legal condicionada.
El CES ha aclarado públicamente que la regularización de inmigrantes indocumentados no forma parte de los acuerdos, remitiendo a lo establecido en la Ley 285-04 de Migración. Esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores sociales, económicos y académicos, que advierten que mantener a cientos de miles de trabajadores en la informalidad fomenta prácticas abusivas, evasión fiscal y distorsión del mercado laboral. En sectores como la agropecuaria, la mano de obra haitiana es prácticamente insustituible, incluso en condiciones salariales mejoradas. Ignorar esta realidad, más que un fallo técnico, evidencia una timidez política que posterga decisiones necesarias.
Uno de los logros más significativos del CES no fue técnico, sino político
Se ha planteado que la regla 80-20 del Código de Trabajo, que reserva el 80 % de los empleos para dominicanos, podría revisarse en sectores específicos. Sin embargo, esa medida, por sí sola, no resuelve la brecha estructural. Lo que se necesita es un enfoque realista que combine normalización temporal y condicional, así como una fiscalización efectiva, incentivos para empleadores formales y protección social gradual, todo alineado con las demandas del mercado laboral y sin comprometer la seguridad y la soberanía nacional.
Tampoco se abordaron con suficiente profundidad otras dimensiones críticas, como los riesgos específicos que enfrentan las mujeres migrantes. Muchas se desempeñan como trabajadoras domésticas sin garantías legales ni protección social, y el informe no propone mecanismos para atender esta situación especial de vulnerabilidad.
En el ámbito ambiental, se echa en falta una evaluación integral de fenómenos como la deforestación en la zona fronteriza, la presión sobre fuentes hídricas y la degradación de suelos. Del mismo modo, se requiere un marco de respuesta sanitaria binacional, especialmente frente al riesgo de brotes epidemiológicos derivados de la alta movilidad transfronteriza.
El diálogo del CES marca un hito en la gobernabilidad democrática del país. Representa un esfuerzo valioso de articulación intersectorial y un avance concreto hacia una política de Estado frente a la crisis haitiana. Pero la verdadera prueba será traducir ese consenso en políticas sostenibles que integren orden, legalidad, derechos humanos, justicia social y productividad, y que posicionen al país como un actor responsable en el escenario internacional.
El documento reconoce que entre el 7 % y el 10 % de la fuerza laboral en el país es extranjera, en su mayoría haitiana
En última instancia, lo que está en juego es el modelo de nación que queremos construir: una que defienda su soberanía con firmeza, pero también los derechos humanos; que proteja sus fronteras, pero no ignore sus necesidades internas; y que actúe con responsabilidad nacional, pero también con liderazgo regional. El CES trazó una ruta. Ahora corresponde a las autoridades dar los pasos necesarios para convertir los acuerdos en políticas valientes, eficaces y sostenibles.
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