Señor Luis Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana
Señor Víctor “Ito” Bisonó, Ministro de Relaciones Exteriores
Señores ministros de Agricultura y de Industria, Comercio y Mipymes, y demás autoridades participantes en las negociaciones comerciales con Estados Unidos:
Distinguidos señores:
La solicitud de Estados Unidos para que la República Dominicana derogue el Decreto 693-24 coloca al país frente a una decisión que trasciende un arancel. Lo que está en juego es la supervivencia de la producción arrocera, el empleo rural y la capacidad nacional de garantizar uno de los alimentos esenciales del pueblo dominicano.
Mi exhortación es clara: la República Dominicana no debe derogar unilateralmente el Decreto 693-24 ni aceptar la apertura irrestricta del mercado del arroz sin obtener previamente una solución negociada, vinculante y verificable que proteja a nuestros productores y establezca condiciones verdaderamente recíprocas.
UN ACUERDO NEGOCIADO POR LA CORRIENTE QUE HOY GOBIERNA
El DR-CAFTA fue negociado y firmado en 2004 por el gobierno de Hipólito Mejía, entonces del PRD, y por una dirigencia cuya parte fundamental pasó posteriormente a constituir el actual PRM. En términos formales lo firmó un gobierno del PRD; en términos políticos lo negoció la corriente que hoy gobierna.
Por eso el Gobierno actual no puede tratar las deficiencias del acuerdo como una herencia completamente ajena. Le corresponde asumir la responsabilidad política de procurar su corrección. Los productores dominicanos no piden desconocer el tratado, sino negociar la modificación de condiciones que, dos décadas después, amenazan un sector esencial para la seguridad alimentaria.
El acuerdo concedió alrededor de veinte años para preparar la apertura del mercado arrocero. Ese tiempo no eliminó la asimetría fundamental: la agricultura estadounidense opera con mayor escala, mecanización, financiamiento, seguros y respaldo fiscal, mientras buena parte de la producción dominicana descansa sobre pequeños y medianos parceleros.
Los errores o insuficiencias de aquella negociación no se convierten en aciertos por el simple transcurso del tiempo.
RECONOCER EL COMPROMISO NO SIGNIFICA RENUNCIAR A CORREGIRLO
La República Dominicana asumió en el DR-CAFTA un calendario de desgravación para el arroz que culminó en 2025. Esa realidad jurídica debe reconocerse. No se defiende el interés nacional negando un compromiso que el país firmó, ratificó y dispuso de dos décadas para implementar.
Pero honrar un tratado no significa renunciar al derecho de solicitar su revisión ni aceptar que su ejecución destruya un sector estratégico. Existen mecanismos de consulta, negociación y defensa comercial que deben usarse antes de provocar un daño irreversible.
El Decreto 693-24 mantuvo para el arroz procedente de Estados Unidos un contingente de 23,300 toneladas métricas libre de arancel y un gravamen de 99 % para las cantidades que excedieran ese volumen. Washington considera que esa disposición contradice la apertura prevista y procura su derogación.
Si existe controversia sobre el cumplimiento del tratado, debe discutirse por los mecanismos institucionales correspondientes. La respuesta dominicana no puede ser una derogación apresurada, desconectada de sus consecuencias económicas, sociales y alimentarias.
UN ARANCEL UNILATERAL NO ES RECIPROCIDAD
También debemos describir correctamente lo ocurrido con las exportaciones dominicanas.
Estados Unidos impuso un arancel adicional unilateral a productos dominicanos que anteriormente ingresaban bajo las preferencias del DR-CAFTA. Esa carga, adoptada al margen de una negociación recíproca, debe formar parte de cualquier conversación que pretenda llamarse equilibrada.
No sería recíproco que la República Dominicana elimine de inmediato la protección de su producto agrícola más sensible mientras mercancías dominicanas enfrentan gravámenes adicionales impuestos de manera unilateral en el mercado estadounidense.
Un acuerdo comercial no puede funcionar como un menú a la carta: estricto para exigir la apertura dominicana y flexible cuando la otra parte decide imponer nuevos aranceles.
EL ARROZ ES SEGURIDAD ALIMENTARIA
El arroz no es un renglón más de una tabla arancelaria. Es componente central de la dieta dominicana y base económica de numerosas comunidades rurales.
Detrás de cada cosecha hay productores, trabajadores, molinos, transportistas, comerciantes, suplidores de insumos y familias enteras. Su valor no se mide solo por el precio momentáneo de una importación, sino por la capacidad de producir el alimento que consumimos todos los días.
Vivimos en un mundo de tensiones geopolíticas, conflictos comerciales, interrupciones de rutas y costos de transporte volátiles, agravado por sequías, inundaciones, huracanes y presión sobre el agua. En ese contexto, depender cada vez más del arroz importado no sería modernidad. Sería vulnerabilidad.
Cuando los mercados funcionan, importar puede parecer fácil. El verdadero valor de la producción nacional aparece cuando una ruta se cierra, una sequía destruye una cosecha o un exportador restringe sus ventas.
La seguridad alimentaria se construye en el campo y se defiende en la negociación con la misma seriedad con que se protege una frontera.
DOS AGRICULTURAS PROFUNDAMENTE ASIMÉTRICAS
Tampoco puede hablarse de libre competencia como si el productor estadounidense y el dominicano partieran del mismo punto.
La agricultura arrocera de Estados Unidos opera, por lo general, sobre extensiones mucho mayores, con alta mecanización, tecnología, financiamiento, seguros, almacenamiento, logística y programas públicos de cobertura de precios e ingresos. Esas condiciones permiten economías de escala que el parcelero dominicano no tiene.
Una parte considerable de nuestra producción descansa en pequeños y medianos productores, con superficies fragmentadas, mayores costos relativos y acceso más limitado a crédito, tecnología y seguros.
No es una competencia entre dos agricultores en la misma línea de salida. Es la competencia entre una agricultura de gran escala, intensamente mecanizada y respaldada por una enorme capacidad fiscal, y miles de productores dominicanos que dependen de parcelas mucho más pequeñas.
Esa asimetría era conocida cuando se negoció el DR-CAFTA. Precisamente por eso el arroz recibió un período prolongado de protección. El problema es que el tiempo concedido no eliminó las diferencias estructurales que justificaron aquella transición.
SUBSIDIOS Y COMPETENCIA DISTORSIONADA
Estados Unidos sostiene a sus agricultores con cobertura de precios e ingresos, préstamos de comercialización, seguros de cosecha y otras ayudas de su legislación agrícola. Esas políticas reducen riesgos y fortalecen su capacidad competitiva.
No corresponde afirmar, sin investigación técnica, que todo arroz estadounidense que llegue al país constituye dumping. El dumping tiene definición jurídica precisa. Los subsidios son otra figura y pueden dar lugar a medidas compensatorias si se demuestra su existencia, especificidad y daño o amenaza de daño.
Lo que sí puede afirmarse es que esos programas distorsionan la competencia y profundizan la desventaja del productor dominicano. Competir contra un producto respaldado por seguros, protección de ingresos y apoyo fiscal no es competir solo contra la eficiencia del agricultor extranjero.
Si existen indicios suficientes, el Gobierno debe ordenar de inmediato los estudios correspondientes. No hay que sustituir las pruebas por acusaciones, pero tampoco usar la ausencia de investigación como excusa para no investigar.
NI APERTURA IMPROVISADA NI PROTECCIÓN SIN TRANSFORMACIÓN
El país dispuso de un largo período de transición. Durante esos años debió avanzarse más en productividad, semillas, mecanización apropiada para pequeñas parcelas, financiamiento, seguros, nivelación de tierras, manejo del agua, almacenamiento e investigación.
Proteger el arroz no puede significar congelar sus problemas. La defensa comercial debe ir acompañada de un programa nacional de transformación, con recursos, metas, plazos y resultados verificables.
Cualquier entendimiento con Estados Unidos debería incluir, como mínimo:
- Un período adicional de transición, negociado formalmente, que evite una apertura abrupta.
- Un mecanismo de salvaguardia ante incrementos extraordinarios de importaciones o caídas de precios que amenacen gravemente la producción nacional.
- Un fondo de modernización arrocera para productividad, riego, semillas, mecanización, almacenamiento, seguros y financiamiento.
- Programas asociativos para que los pequeños parceleros compartan maquinaria, infraestructura y asistencia técnica.
- Cooperación para reducir las brechas productivas entre ambas agriculturas.
- Transparencia sobre los programas de apoyo que inciden en el costo y el precio del arroz exportado hacia nuestro mercado.
- Evaluaciones periódicas de importaciones, inventarios, precios, costos y posible daño a la producción nacional.
- Alivio efectivo de los gravámenes unilaterales que afectan exportaciones dominicanas, como parte de un acuerdo realmente recíproco.
- Participación directa de productores, molineros, consumidores y especialistas independientes antes de cualquier decisión definitiva.
NO CAMBIAR CERTEZA ALIMENTARIA POR UNA PROMESA COMERCIAL
Señor presidente y señores ministros:
No les exhorto a desconocer un tratado. Les exhorto a usar todos los espacios legales, diplomáticos y comerciales disponibles para impedir que su aplicación destruya una capacidad productiva estratégica.
Tampoco les pido cerrar permanentemente el mercado. Les pido no abrirlo de manera ilimitada antes de contar con garantías suficientes para evitar el desplazamiento de la producción nacional.
La eventual derogación o modificación del Decreto 693-24 no puede ser una condición aislada ni una simple moneda de cambio. Cualquier decisión debe estar precedida por un acuerdo formal que establezca transición, salvaguardias, cooperación, compromisos recíprocos y recursos para transformar el sector.
Nuestra relación con Estados Unidos es profunda y estratégica. Precisamente por eso debe sustentarse en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que dos agriculturas profundamente asimétricas no pueden competir como si partieran del mismo lugar.
POSICIÓN FINAL
Primero. El DR-CAFTA fue negociado y firmado durante el gobierno de Hipólito Mejía, entonces del PRD, por la corriente política que hoy gobierna bajo las siglas del PRM. Esa dirigencia tiene una responsabilidad especial en procurar la corrección negociada de sus deficiencias.
Segundo. El Decreto 693-24 no debe derogarse unilateralmente ni antes de alcanzarse un acuerdo integral, vinculante y verificable que proteja la producción nacional.
Tercero. Estados Unidos impuso un arancel adicional unilateral a mercancías dominicanas que antes ingresaban bajo las preferencias del tratado. Esa carga debe discutirse dentro de cualquier negociación sobre reciprocidad.
Cuarto. La competencia entre la agricultura estadounidense de mayor escala y los pequeños parceleros dominicanos es profundamente asimétrica. La apertura no puede ignorar las diferencias de extensión, mecanización, financiamiento, seguros y respaldo público.
Quinto. En un mundo de tensiones geopolíticas, alteración climática y cadenas logísticas vulnerables, conservar la capacidad de producir nuestro principal alimento es una obligación de seguridad nacional.
El arroz dominicano no se regala, pero tampoco se defiende negando la historia ni desconociendo los compromisos asumidos. Se defiende diciendo la verdad, corrigiendo lo que fue mal negociado, transformando la agricultura y actuando con firmeza de Estado.
No sacrifiquemos en una mesa de negociación la capacidad de producir lo que mañana podríamos necesitar para alimentar al pueblo dominicano.
Atentamente,
Juan Ramón Mejía Betances
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