En los últimos meses del presente año, la empresa distribuidora de apagones eléctricos del Norte-Edenorte, de forma abusiva y despiadada, ha incrementado de manera desproporcionada el valor de las facturas de la escasa energía eléctrica que penosamente distribuye, llegando alcanzar hasta tres veces el valor de los meses anteriores, lo que significa una burla, un descaro y un irrespeto a toda la población, pues en el periodo que más apagones han ocurrido, por tanto, en el que menos energía se ha suministrado, es el de mayor valor facturado.
Lo que se creía una crisis ya superada, hemos vuelto a padecer de los rigores de una gran deficiencia energética, debido a la falta de prevención, de mantenimiento y de pago a los generadores privados, los cuales apagan los mismos si no se les paga, por lo que según los entendidos, la mayoría de los apagones son financieros.
En lo único que el administrador, los directores de Edenorte, y presumimos también, los de las demás Edes, han dado muestras de eficiencias y capacidad, es en el aumento de las facturas, el de sus sueldos y gastos de representación. Ante las quejas de los miles de ciudadanos por la alta facturación, la única respuesta que siempre se recibe es que esta obedece a la gran ola de calor que afecta al país en esta temporada, que hace que aumente la demanda de la energía eléctrica.
En realidad, estos aumentos desconsiderados en las facturaciones, sobre todo, a los sectores de clase media, a los que siempre la pagan, los que no se la roban, obedecen a los requerimientos de sus superiores para que incrementen las recaudaciones en miles de millones de pesos, para tratar de cubrir los diferentes déficits económicos existentes en la institución, con lo que se da a entender ante sus superiores, que son muy eficientes en sus funciones.
Todos los directores de las empresas distribuidoras de energía consideran que por los enormes cobros que realizan a costa del sacrificio y del esfuerzo del consumidor, esto es sinónimo de eficiencia y eficacia administrativa. Esta siempre debe evaluarse por la calidad en los servicios suministrados y por el mantenimiento en tiempo real, los cuales en estos precisos momentos brillan por su ausencia, pues se vienen realizando de mal a peor.
De nada vale hacer uso de uno de los derechos del ciudadano de reclamar y demostrar que dicha facturación no responde a la realidad, pues los aumentos en las facturaciones continúan elevándose todos los meses en mil, dos mil, tres mil pesos, con el mismo consumo doméstico.
Después de acudir en tres ocasiones de manera infructuosa a la oficina de Edenorte en La Vega, sin lograr ser atendido, porque supuestamente el sistema se había caído, así como esperar por largas horas mi turno, me exigen como requisito obligatorio, que para poder aceptar mi solicitud de reclamación, debo aplicarle a la última factura recién recibida y no vencida, el 67% del promedio de las últimas tres facturas anteriores. En otras palabras, además de soportar los vejámenes, los abusos del valor facturado de manera injustificada y sin que corresponda a la realidad, también nos obligan a financiar el pago de la próxima factura, para poder ejercer un derecho legítimo que me corresponde, a reclamar el cobro de un valor incorrecto.
Esta es una muestra de que en nuestro país el ciudadano común no tiene a dónde acudir ni quien le defienda sus derechos ciudadanos; no existe una institución que lo proteja ante los abusos de las propias instituciones públicas.
Cuando se acude a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), para hacer un reclamo por inconformidad con el cobro del servicio eléctrico facturado, siempre concluyen que todo está correcto de acuerdo al consumo, por lo que al ciudadano no le queda otro camino que perder su tiempo, el dinero gastado, el malestar de no sentirse atendido ni protegidos sus derechos y el disgusto ante un gobierno indolente e indiferente.
“Que Dios nos coja confesados”.
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