Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), fechada el 26 de octubre de 2023, parece a primera vista un documento técnico más: el Expediente TC-04-2023-0128. En él, los magistrados inadmiten,3803 por extemporáneo, el recurso de revisión interpuesto por Donni Mayobanex Santana Cuevas, el exembajador condenado a 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra, una menor de edad identificada como F.S.C.
La frialdad del derecho procesal dictamina que Santana presentó su recurso 41 días después de ser notificado, sobrepasando el plazo máximo de 30 días. Cosa juzgada. Caso cerrado. Pero entre líneas, este tecnicismo es la puerta de entrada para entender el funcionamiento de una maquinaria judicial que no es ciega, sino que elige con miope precisión a quién mirar y a quién ignorar.
Mientras el TC inadmitía el recurso por un error de forma, en otra sede, la misma arquitectura del poder judicial se movía para concederle un beneficio sustancial: el régimen de medio libre. Tras cumplir apenas siete años de una condena de veinte, Santana puede ahora trabajar de lunes a viernes en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados –ironías del destino– y recluirse los fines de semana en su domicilio. El juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, el mismo que liberó al narcotraficante “Chuky” (posteriormente abatido), consideró que el exfuncionario, con sus cursos y su “buena conducta” carcelaria, merecía este alivio.
¿Dónde está la justicia en esta ecuación? No en la niña, hoy mujer, cuya vida fue fracturada. No en el sistema que debería protegerla. La justicia, en este caso, ha sido secuestrada por el privilegio. Santana no es un recluso cualquiera. Es un exembajador, un hombre con conexiones políticas y recursos económicos. Su defensa, minuciosamente detallada en la sentencia del TC, no se centró en negar los hechos con pruebas contundentes, sino en argüir tecnicismos procesales: violación a la imparcialidad judicial porque las juezas se inhibieron al sentirse presionadas, desnaturalización de la prueba testimonial de las psicólogas, incongruencias en el relato de la víctima.
La Suprema Corte de Justicia y luego el TC desmontaron cada uno de estos argumentos. Encontraron que las inhibiciones fueron por “transparencia”, no por falta de imparcialidad; que las psicólogas declararon como testigos de los hechos que conocieron en su ejercicio profesional, no como peritos; y que, a pesar de las variaciones normales en el testimonio de una menor abusada, existía un cúmulo probatorio abrumador: cartas escritas por la propia niña, testimonios coincidentes y, crucialmente, un certificado médico que confirmaba desgarros antiguos en su himen y “hallazgos compatibles de actividad anal antigua”. La evidencia física del delito.
Pero a la hora de ejecutar la pena, la lógica cambia. La justicia penal dominicana, que mantiene hacinadas a miles de personas por delitos menores o no violentos –muchos de ellos pobres, muchos de ellos negros–, de repente encuentra flexibilidad para un condenado por uno de los crímenes más aberrantes: destruir el cuerpo y la infancia de una niña bajo su cuidado.
Este caso es un microcosmos de todo lo que falla:
- Un sistema patriarcal: que prioriza la palabra y el estatus del hombre poderoso sobre la evidencia y el trauma de la víctima.
- Una justicia de clase: donde el acceso a abogados costosos que litigan tecnicismos puede retrasar y eventualmente ablandar las consecuencias, un lujo impensable para la inmensa mayoría.
- La burla final:Un beneficio carcelario diseñado para la reinserción de quienes cometieron delitos menores, aplicado a un violador convicto, mientras las cárceles explotan de hombres que nunca tendrán un vicepresidente del Colegio de Abogados como su garante laboral.
Es una bofetada a todas las mujeres y niñas de este país. Les dice: “Sus cuerpos, su dolor, su seguridad valen menos que la comodidad de un hombre con influencias”. El Estado, que tiene la obligación constitucional de garantizarles una vida libre de violencia, les falla en el momento crucial, canjeando la ejecución de la pena por un privilegio de clase.
La liberación de Donni Santana bajo cualquier modalidad no es un triunfo de la rehabilitación; es la consagración de la impunidad. Es el recordatorio de que en República Dominicana, la justicia no es un derecho, sino un commodity que se compra con apellidos, cargos pasados y contactos políticos. Mientras, las F.S.C. de este país siguen esperando, con sus heridas y sus cicatrices, a que un día el sistema las vea, las escuche y, por fin, las crea lo suficiente como para hacer que su dolor cuente más que el poder de sus victimarios.
La dignidad de las niñas no es negociable. Exigimos una justicia que no se doblegue, que priorice a las víctimas sobre los victimarios y que entienda que algunos delitos, por su naturaleza horrible, no merecen atajos, sino el cumplimiento íntegro de la condena. Solo así podremos empezar a hablar de un país seguro para todas.
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