Durante años, el debate sobre la distribución eléctrica ha girado en torno a tarifas, subsidios y niveles de pérdidas, sin enfrentar de manera directa el problema central: la incapacidad institucional para cobrar de forma justa y consistente la energía servida. Mientras este tema no se aborde con realismo político y rigor técnico, cualquier reforma seguirá siendo parcial y frágil.
La discusión sobre una nueva capitalización de las empresas distribuidoras debe partir de un hecho básico: no es posible corregir de golpe un sistema que ha operado durante décadas con reglas informales, tolerancia al fraude y ausencia de consecuencias. Por esa razón, una reforma seria debe incluir un período de transición claramente definido, con responsabilidades explícitas tanto para el Estado como para el operador privado.
Durante ese período, el Estado debe asumir el costo de las pérdidas de energía que excedan el nivel de pérdidas reconocido en la Tarifa Técnica que establezca la Superintendencia de Electricidad. Este respaldo no debe entenderse como un subsidio permanente, sino como un mecanismo temporal de estabilización que permita al operador invertir, modernizar redes, mejorar la medición y fortalecer los controles internos sin colapsar financieramente desde el inicio. El acuerdo debe definir con claridad su duración y el calendario de reducción progresiva de ese apoyo.
Sin embargo, la transición financiera por sí sola no resolverá el problema. Uno de los aspectos menos discutidos públicamente es el rol de los contratistas que realizan trabajos en redes, conexiones y mediciones. Estos actores operan en el terreno, en contacto directo con los usuarios, con amplios márgenes de discrecionalidad. En ese espacio se han desarrollado, con el tiempo, acuerdos informales entre contratistas y empleados que permiten manipular medidores, alterar lecturas o ignorar irregularidades a cambio de pagos directos.
Conviene decirlo con claridad pedagógica: el fraude eléctrico no es exclusivo de los sectores de bajos ingresos. También participan usuarios de altos ingresos que pagan para reducir artificialmente su factura. Esto demuestra que el problema no es social, sino institucional. No se trata de quién consume electricidad, sino de cómo el sistema permite que algunos no paguen mientras otros sí lo hacen.
Estas prácticas no surgieron con la capitalización. Antes de ella, cuando las empresas eran públicas, ya existía una cultura de deshonestidad en la lectura de medidores y de privilegios concedidos a actores políticamente influyentes. Esa cultura no desapareció; se trasladó y se adaptó al nuevo esquema operativo, apoyándose en contratistas para diluir responsabilidades y dificultar la rendición de cuentas.
Este fenómeno puede describirse como captura institucional. No se trata de corrupción aislada, sino de un sistema de incentivos perversos en el que empleados, contratistas y ciertos usuarios operan bajo reglas paralelas no escritas. Cuando el Estado, por temor al conflicto político o social, prefiere subsidiar antes que cobrar y sancionar, la institución pierde su función esencial y el sistema se vuelve financieramente insostenible e injusto.
Por ello, el período de transición debe ir acompañado de un compromiso firme de hacer cumplir el artículo 125 de la Ley General de Electricidad, que define el fraude eléctrico y establece su persecución y castigo. Sin consecuencias reales, ningún modelo —público o privado— puede funcionar. La capitalización no es una solución automática: solo funcionará si rompe la captura institucional y alinea los incentivos para que pagar la electricidad sea la norma.
Un cierre político necesario
Las autoridades enfrentan una decisión compleja, pero inevitable. Mantener el esquema actual puede parecer políticamente cómodo en el corto plazo, pero perpetúa un sistema costoso, regresivo e injusto. Avanzar hacia una distribución eficiente exige liderazgo, acuerdos claros y disposición a asumir costos políticos temporales en beneficio del país.
Un sistema eléctrico donde todos pagan lo que consumen reduce el déficit fiscal, mejora la calidad del servicio y permite tarifas más justas. No es una agenda ideológica ni privatizadora en abstracto. Es una agenda de equidad, sostenibilidad y responsabilidad institucional.
El momento de decidir no es mañana. Es ahora.
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