Del trámite a la estrategia en contrataciones públicas

La gestión de las contrataciones públicas se ha abordado tradicionalmente desde una perspectiva estrictamente administrativa, jurídica y presupuestaria. Sin embargo, reducir este proceso a la mera elaboración de expedientes, la publicación de convocatorias y la verificación de requisitos limita profundamente el potencial transformador del Estado.

El verdadero desafío de la administración exige un cambio de paradigma fundamental: pasar del trámite a la estrategia.

Cada decisión de contratación que ejecuta el Estado conlleva una dimensión estructural. Cuando se construye una escuela, no se adquiere únicamente una obra de ingeniería, sino que se cimentan las condiciones para el aprendizaje y la movilidad social.

Del mismo modo, la contratación de servicios de salud, la adquisición de alimentos para programas sociales o la selección de proveedores configuran oportunidades económicas, estimulan sectores productivos y definen la relación directa entre el Estado y la ciudadanía.

Durante demasiado tiempo, la eficiencia en las compras se ha limitado al cumplimiento formal y a la adjudicación al menor precio. No obstante, surge una cuestión fundamental: ¿es suficiente ejecutar correctamente un procedimiento si no se resuelve el problema público que le dio origen?

Un proceso de contratación impecablemente llevado a cabo, pero sustentado en una necesidad mal formulada, arrojará un resultado sustantivamente equivocado. Por tanto, la transformación debe comenzar antes de publicar cualquier proceso, creando una planificación rigurosa, en el análisis de la demanda y en un conocimiento profundo del mercado.

En la República Dominicana, la implementación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa una oportunidad histórica para impulsar este cambio de modelo. Su relevancia trasciende la actualización normativa; constituye el vehículo para fortalecer la capacidad estatal de utilizar su poder de compra con inteligencia, responsabilidad y orientación a resultados.

Para materializar esta visión, el nuevo enfoque exige superar viejas inercias: el cumplimiento normativo aislado, el dogma del menor precio y la concepción meramente operativa de las unidades de compras. Esta evolución implica articular cinco grandes transformaciones en la gestión pública:

Primero: de la formalidad a la finalidad. El cumplimiento estricto del procedimiento es un requisito irrenunciable, pero no constituye el fin último de la contratación. La gestión debe evolucionar para garantizar que el apego a la legalidad resuelva el problema social que motivó el gasto. Al fin y al cabo, un expediente impecable carece de impacto real si el bien o servicio adjudicado no satisface con oportunidad y eficacia la necesidad ciudadana.

Segundo: del precio al valor por dinero. En consonancia con lo anterior, la eficiencia no puede seguir midiéndose únicamente por la propuesta de menor costo. El análisis estratégico exige adoptar una perspectiva integral que evalúe el costo total a lo largo del ciclo de vida de lo adquirido, ponderando la durabilidad, el mantenimiento, la calidad, la gestión de riesgos y el impacto socioambiental. De este modo, se evita la trampa de comprar barato cuando ello representa mayores costos operativos o fallas prematuras para el Estado.

Tercero: del expediente a la evidencia. Para fundamentar este enfoque, la toma de decisiones debe migrar del mero archivo formalista hacia el uso intensivo de datos e inteligencia de mercado. El aprovechamiento de la tecnología analítica permite identificar patrones de precios, prevenir distorsiones en la competencia y diseñar pliegos adaptados a la realidad productiva. Como resultado, la administración pública pasa de una fiscalización puramente reactiva a una gestión preventiva y fundamentada.

Cuarto: de la operación a la estrategia. Esta transformación requiere erradicar la idea de que las unidades de compras son órganos dedicados a tramitar solicitudes al final del proceso. Resulta indispensable integrar a los equipos de contratación desde la fase inicial de la planificación institucional. Así, su conocimiento técnico y su lectura del mercado aportarán valor sustancial para definir qué comprar, cuándo hacerlo y bajo qué modalidad se optimiza el presupuesto público.

Quinto: de la capacitación aislada a la profesionalización permanente. La sostenibilidad de este modelo depende de superar los talleres eventuales y avanzar hacia un régimen de carrera y certificación de competencias. La consolidación de equipos técnicos especializados respaldados por el mérito, la estabilidad institucional y un firme compromiso con la integridad constituye la única garantía para ejecutar contrataciones de alto impacto con rigor ético y excelencia.

En conclusión, la modernización del sistema de contrataciones no se reduce a hacer más rápido lo que siempre se ha hecho, sino a garantizar que se hace lo correcto de la mejor manera posible.

La estrategia, respaldada por la integridad, la competencia y la tecnología, permite transformar las reglas en prácticas cotidianas y las prácticas en confianza ciudadana. Las contrataciones públicas son una responsabilidad colectiva sobre la administración de los recursos colectivos. Asumir el reto de pasar del trámite a la estrategia es, en definitiva, decidir qué modelo de desarrollo e institucionalidad queremos construir para el futuro del país.