Los abusos sexuales en nuestro país se han incrementado en los últimos años según los datos que presenta la Procuraduría General de la Republica que indica (2025) un incremento entre 2023 a 2024 e un 17,9% en los casos de seducción de menores y un 8,9% en incesto. Los delitos sexuales representan un 10% de las denuncias de violencia de género e intrafamiliar en el país, aunque, estas cifras reflejan exclusivamente los casos denunciados. Existe un subregistro asociado al miedo, dependencia económica, presión familiar, estigmatización social y la persistente culpabilización de las víctimas. Esta situación es más relevante con los casos de población infantil y adolescente en los que las relaciones de poder y confianza dificultan las denuncias y favorecen la impunidad.
Algunos de los factores causales del abuso sexual en el país según los estudios realizados , UNICEF (2020, 2025), Vargas (2018, 2019); ^Ministerio Público (2024-2025), ECPAT International (2022), UNFPA (2020) son:
- Acoso sexual como antesala del abuso
El acoso sexual representa una expresión cotidiana de violencia sexual en la que se normaliza la invasión del cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes. Su invisibilidad y minimización favorece a la permisividad negándose así su carácter de agresión sexual.
El abuso y acoso sexual no son fenómenos independientes, son expresiones de un mismo sistema de relaciones de poder, los agresores se consideran con legitimidad para despojar a las víctimas del control de su cuerpo. (Vargas/Profamilia 2019).
- Confianza, factor de riesgo y vulnerabilidad
Entre un 70 y 90% de los abusos sexuales infantiles, según señala UNICEF, son cometidos por personas en que la población infantil y adolescente confía (padres, padrastros, tíos, hermanos, vecinos). familiar y/o cercano de la víctima, o con relaciones de poder, autoridad religiosa o política en la localidad de origen. Estos hechos están rodeados por dinámicas de silencio, negación y permisividad social que favorece su impunidad.
- Ejercicio de poder y autoridad
Numerosas investigaciones muestran que los agresores tienden a ser figuras de poder y/o autoridad frente a las víctimas, desde el ámbito político, religioso , educativo o social lo que genera subordinación de las víctimas ante la imposición del agresor ( autoridad religiosa, docente -director centro educativo, dirigente político, u otro).
- Culpabilidad de las víctimas desde cultura machista
La persistencia del abuso sexual en nuestra sociedad está vinculada a patrones culturales y sociales de culpabilización de las víctimas. Con frecuencia la responsabilidad de los hechos recae sobre las víctimas o sus madres, mientras los agresores permanecen invisibilizados y exentos de sanción social. Esta dinámica contribuye a la reproducción de la violencia sexual y dificulta su prevención y erradicación.
El abordaje en los medios de comunicación, redes sociales y opinión pública incorpora elementos propios del imaginario machista con el cuestionamiento del comportamiento de las víctimas y no de los agresores. Promueven así la cosificación de las mujeres y contribuyen a justificar, distintas formas de violencia sexual con el discurso de la “provocación” femenina.
- Silencio social y subregistro
La normalización de los abusos sexuales influye en el silencio y la escasa denuncia del hecho. Muchas víctimas (sobre todo población infantil y adolescente) tienen miedo a que no le crean o han vivido la experiencia de la desconfianza en sus relatos, igualmente temen sufrir estigmatización o enfrentar represalias familiares y sociales. La culpabilización de las víctimas contribuye directamente a este silencio.
Por tanto, las cifras oficiales probablemente representan solo una parte de la magnitud real del problema, especialmente en los abusos sexuales a menores y al acoso sexual.
- Uniones tempranas y vulnerabilidad de adolescentes
La ONU ha advertido que el 32% de las adolescentes dominicanas se casa o une antes de los 18 años, porcentaje que aumenta en sectores de mayor pobreza. Asimismo, la tasa de embarazo adolescente continúa siendo una de las más elevadas de la región.
Muchas de las uniones tempranas reflejan el abuso sexual de hombres adultos con niñas y adolescentes, que en muchos casos son “entregadas” por sus familias desde transacciones económicas o acuerdos sociales.
Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad frente a relaciones abusivas, coerción sexual y dependencia económica, limitando la capacidad de las adolescentes para identificar y denunciar situaciones de violencia.
La prevención del abuso sexual contra niñas, adolescentes y mujeres requiere trascender su enfoque punitivo y orientarse hacia procesos culturales y educativos formales e informales (mediáticos) que promuevan la igualdad de género, empoderamiento de la población infantil y adolescente de sus derechos, sensibilización sobre la realidad del abuso sexual y revisión crítica de las nociones tradicionales de confianza. Las alertas de riesgo que suponen cuidado o protección en las familias de niñas y adolescentes se limitan al “extraño” y deben incorporar a familiares, conocidos y/o aquellos con autoridad religiosa y/o política.
Igualmente, fortalecer el conocimiento de niñas y adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, proporcionarles herramientas de empoderamiento que les permitan reconocer, denunciar y resistir las estrategias de manipulación y coerción utilizadas por los agresores.
La erradicación del abuso sexual es una responsabilidad de toda la sociedad que supone transformaciones culturales profundas, particularmente en las concepciones de masculinidad que legitiman conductas agresivas y/o sostienen la imagen de las mujeres como objetos sexuales. La promoción del respeto al cuerpo de las niñas, adolescentes y mujeres debe ser el eje transversal de las políticas educativas, campañas de comunicación y procesos de socialización.
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