Cada 5 de junio, el mundo se detiene a reflexionar sobre el estado de nuestro planeta. El Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado por las Naciones Unidas, es una oportunidad para cuestionarnos si estamos haciendo lo suficiente, si nuestras decisiones como sociedad, como gobierno y como individuos están alineadas con el compromiso de preservar la vida.
Como académica, política y, ante todo, ciudadana comprometida con el desarrollo sostenible, considero impostergable una reflexión profunda sobre el rumbo de nuestra política ambiental y la necesidad de conectar el discurso oficial con resultados tangibles que transformen verdaderamente la vida de nuestras comunidades.
Hoy, la crisis ambiental se manifiesta con fuerza en casos como el del río Nizao, cuya cuenca abastece de agua potable a más de 1.7 millones de personas, irriga 14,000 hectáreas agrícolas y genera 202 megavatios de energía limpia. No obstante, este recurso estratégico enfrenta una degradación acelerada debido a extracciones ilegales, alteración de su cauce y una preocupante falta de control institucional. Las denuncias sobre actividades extractivas en su cuenca alta reflejan la incapacidad del Estado para proteger incluso nuestros bienes más esenciales. A ello se suma el asesinato del defensor ambiental Francisco Ortiz, en el río Tireo, por alzar su voz frente a la ilegalidad, sin que ello haya tenido consecuencias ni resultados concretos. Su memoria nos recuerda que la protección del medio ambiente no puede recaer en ciudadanos valientes ante la inacción estatal, sino en instituciones sólidas, justas y vigilantes.
Este año, el lema “Sin contaminación por plásticos” también nos enfrenta a una realidad urgente. La forma en que consumimos y gestionamos los desechos está comprometiendo los ecosistemas, la salud, la equidad y el futuro de nuestros hijos. En el país, se estima una producción anual de más de 80,000 toneladas de residuos plásticos, en el contexto de una generación diaria de 17,000 toneladas de residuos sólidos. Esta situación supera la capacidad actual de gestión estatal y exige respuestas integrales. Es imprescindible impulsar una política nacional de reducción del plástico de un solo uso, promoviendo alternativas sostenibles mediante incentivos e innovación, y fortalecer la colaboración con los ayuntamientos para establecer una estrategia efectiva de reciclaje y manejo local de residuos. La verdadera transformación ambiental comienza en los territorios.
A su vez, como nación hemos asumido compromisos internacionales que exigen mayor coherencia entre lo que proclamamos y lo que implementamos. La reducción de la huella de carbono, la transición hacia energías limpias y la contribución para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C son obligaciones que figuran en nuestros discursos multilaterales, pero que aún no se han traducido en políticas públicas con resultados verificables.
La promulgación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos representó un paso significativo al dotar al país de un marco jurídico moderno y recursos financieros específicos. Sin embargo, la falta de voluntad política y la ejecución deficiente han impedido su cumplimiento efectivo. De los más de 240 vertederos a cielo abierto identificados, apenas ocho han sido intervenidos. Nos enfrentamos a la paradoja de contar con las herramientas necesarias, pero sin avances concretos que se traduzcan en soluciones sostenibles.
Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y particularmente en la gestión del expresidente Danilo Medina, el programa Dominicana Limpia sentó bases valiosas. A través de la articulación interinstitucional, la alianza público-privada, la asistencia técnica a los municipios, la adquisición de equipos y la instauración del Día Nacional de Limpieza, se consolidó una visión estratégica para la gestión de residuos. Esta experiencia demostró que, con visión, planificación y continuidad, es posible avanzar. No obstante, su falta de seguimiento ha debilitado la capacidad de respuesta institucional frente a una problemática que sigue creciendo.
Desde una perspectiva técnica, ética y política, propongo avanzar en la implementación urgente de la Ley 94-20 de Educación Ambiental, integrándola como eje transversal en todos los niveles educativos, acompañada de campañas públicas sostenidas. Debemos establecer un sistema de monitoreo satelital en tiempo real para detectar actividades ilegales en ríos, cuencas y áreas protegidas; aplicar sanciones ejemplares, sin privilegios ni excepciones; y fortalecer el cuerpo de guardaparques y técnicos ambientales con mejores condiciones laborales, formación continua y equipos modernos.
El tiempo de las declaraciones ha pasado. Lo que el país necesita son planes de acción concretos, con metas claras, presupuesto asignado y mecanismos eficaces de evaluación.
El Día Mundial del Medio Ambiente 2025 nos coloca frente a una decisión: continuar con gestos simbólicos y operativos diseñados para las cámaras o construir una política ambiental transformadora, basada en la evidencia científica, la participación ciudadana y la justicia intergeneracional. Creo firmemente en la necesidad de construir consensos nacionales que trasciendan las diferencias partidarias y coloquen la sostenibilidad en el centro de la agenda pública. La historia no juzgará nuestras palabras, sino nuestras decisiones. Lo que hagamos hoy por el agua, los bosques, las comunidades y las generaciones que aún no han nacido definirá el tipo de país que seremos.
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