Deberes que no hemos hecho

En medio de la conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Franco, y con ella el inicio del final de su prolongada dictadura, una breve nota periodística en un reputado periódico local destacaba lo mucho que ha avanzado España en términos de transformaciones sociales e institucionales, en comparación con lo relativamente poco que en ese aspecto hemos avanzado nosotros después del final de la dictadura de Trujillo. En general, pienso que la referida nota da cuenta de una irrefutable verdad, y es que tenemos un déficit de desarrollo institucional que está lejos de corresponderse con lo deseable y posible después de 64 años del final de la dictadura trujillista.

España, a la caída de la dictadura, en términos históricos, geográficos, poblacional, capital social, etc., nos superaba ampliamente. Por eso, en lo relativo a posesión de las condiciones básicas para el cambio social somos dos realidades difícilmente comparables. Comparar fenómenos de características en extremo diferentes no produce resultados objetivos. Sin embargo, la nota tiene el valor de que, en su apreciación de nuestro déficit institucional, como país, pone en dedo en la llaga en lo que a mi modo de ver constituye una materia en la que la clase política dominicana se ha “quemado” clamorosamente. Por consiguiente, entiendo, la pertinencia de esa nota. Otro valor, es que permite plantear la discusión, independientemente del carácter de la comparación, el papel de la geopolítica, los actores sociales y políticos en los cambios sociales.

También, permite plantear la institucionalidad como factor indispensable para el desarrollo humano de tener el desarrollo económico. Dos años después de la muerte de Franco, se firmó del Pacto de la Moncloa basado en acuerdos en los órdenes económicos y políticos. España tuvo la ventaja de tener en sus confines a Europa, la cual estaba empeñada en fortalecer el sistema democrático como algo imprescindible para la expansión del desarrollo económico del continente. Aquí teníamos a los Estados Unidos como contén de la expansión del pluralismo y respeto a derechos democráticos esenciales y que propició un golpe de Estado al primer gobierno elegido democráticamente e invadió nuestro país para impedir el restablecimiento de ese gobierno.

Durante la dictadura franquista, internamente hubo un activismo gremial y sindical que nunca dejaron de luchar por sus derechos y en exterior, con incursiones hacían lo interior, lo hacían los Partido Comunista y el PSOE, vinculados a esos sectores, cuyos dirigentes al regreso del exilio, con madurez y sólida preparación comprendió la necesidad de participar en una amplia unidad nacional y contribuir de manera decidida y decisiva en la redacción de una constitución para la transición. Aquí la oligarquía constituyó un freno para la realización de cualquier pacto hacia transición democrática. Se apoderó/saqueó de los bienes del Estado que estaban en manos Trujillo, sus familiares y allegados y se alió a una figura clave de ese régimen.

El espectro de las fuerzas progresistas era débil, no podían estar en otra situación, pues el trujillismo tuvo efecto invernadero para sociedad dominicana en lo social, cultural y político. El atraso en esas esferas constituyo un lastre irremediable. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, de esos hándicaps de nuestro país, el comportamiento de la clase política dominicana ante su responsabilidad de impulsar un proceso de institucionalización durante los primeros años de la caída de la dictadura, y a lo largo de 64 años que nos separan de esa tragedia, ha sido política y moralmente inaceptable. Condenable. En esencia, han dejado que nuestro sistema educativo se mantenga no sólo rezagado, sino que sea uno de los peores de la región. La educación constituye la institución básica para el desarrollo de otras instituciones.

A los dos años de la caída de Franco, España se dotó de una legislación básica del régimen municipal que establecía la descentralización del Estado y el municipio como uno de los pilares de la democratización y el del desarrollo económico todos sus territorios. Nuestra clase política no ha calibrado en su justa medida el papel de la municipalidad como la base de la institucionalidad del país. En los últimos tiempos ha apostado al turismo como pilar para el desarrollo económico, pero no ha sabido situar el urbanismo, la ciudad como ejes centrales de ese desarrollo. Ha dejado que la prime inmediatez en nuestra cultura política, descuidando la gestión del territorio pivote de la institucionalización de todo país.

Durante décadas, en lo esencial, el sector privado ha tenido en sus manos la forma cómo y hacia donde crecen territorialmente las ciudades. Durante décadas ha sido pasivo ante el proceso de debilitamiento de la educación que es la institución base de toda sociedad. No puede haber institucionalidad sin capacidad de llegar a acuerdos políticos que definan la sociedad que queremos. No podemos seguir la mala costumbre de ponernos de acuerdo en determinados temas sin que podamos ponernos de acuerdo sobre cómo materializar lo acordado. En ese sentido la clase política dominicana ha faltado en el cumplimiento de deberes que son las base para el desarrollo de la nación, en primer lugar; la institucionalización