En el año 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un documento revelador: “República Dominicana: Una revisión de la ciencia, tecnología e innovación”. En aquel momento, el enfoque era claro —y necesario—: fortalecer las bases estructurales de un sistema nacional de innovación mediante reformas de largo plazo, inversión pública en I+D, impulso a la educación superior y una institucionalidad robusta que pudiera articular capacidades productivas y científicas. Como país, estábamos en una etapa incipiente, donde pensar en “economía digital” era todavía un ejercicio de prospectiva.
Ese estudio del BID sirvió como diagnóstico crítico y brújula de política pública. Identificó las limitaciones del entorno institucional dominicano para la ciencia y tecnología: baja inversión estatal (menos del 0.25% del PIB), escasa vinculación universidad-empresa, y débil capacidad de las instituciones responsables de fomentar la innovación. Desde esa base, propuso un camino de largo plazo, con el Estado como planificador, regulador e inversionista clave para cerrar las brechas existentes.
Hoy, quince años después, puedo afirmar con datos en mano que hemos recorrido parte del camino, pero también que el mundo ha cambiado más rápido que nuestra institucionalidad. La digitalización no ha esperado a que nuestras estructuras terminen de madurar. Al contrario, ha empujado desde los bordes, obligando a actores públicos y privados a reaccionar. En este contexto, elaboré el libro Economía Digital: Motor de Cambio para la República Dominicana, donde recojo las evidencias del avance real, las nuevas oportunidades y los retos aún vigentes en la actual década digital.
Un nuevo horizonte: del largo plazo a lo escalable
La primera gran diferencia entre la visión del BID (2009) y la realidad que describo en mi libro es el horizonte temporal. El enfoque estructural, con una expectativa de resultados en 15 o 20 años, ha sido superado por una dinámica tecnológica que exige respuestas en el corto y mediano plazo. Ya no podemos esperar que las políticas tomen décadas para madurar. Los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los consumidores digitales y los nuevos modelos de negocio necesitan acciones inmediatas que puedan escalar.
En 2022, estimamos que el tamaño de la economía digital dominicana representa aproximadamente el 5.85% del PIB nacional, un salto importante desde la línea base de 4.31% que estimamos en 2020, y mucho más cerca del promedio global estimado por la UNCTAD para 2017 (entre 4.5% y 15.5%). Este dato nos dice que el crecimiento no es una promesa futura: ya está ocurriendo.
Intervención sectorial frente a política pública estructural
Otro punto crítico de contraste es el nivel de intervención. Mientras el BID planteaba el fortalecimiento de políticas públicas estructurales, desde mi perspectiva y experiencia en el campo, el camino más eficaz ha sido activar sectores concretos con alto potencial de impacto. Me refiero a los cinco mercados digitales clave que identifiqué en el libro: servicios electrónicos (eServices), medios digitales, Fintech, publicidad digital y comercio electrónico.
Por ejemplo, solo el mercado Fintech generó más de 3,200 millones de dólares en ingresos en 2022, mientras que el comercio electrónico representó 1,563 millones de dólares ese mismo año. Estas cifras, respaldadas por datos recopilados en nuestros reportes sectoriales, muestran cómo la intervención sectorial, combinada con una buena infraestructura digital y capital humano adaptable, puede superar las limitaciones de las políticas tradicionales.
No obstante, esta transición hacia intervenciones sectoriales ágiles plantea un desafío metodológico fundamental: ¿cómo garantizar que las acciones inmediatas no comprometan la coherencia del ecosistema digital a largo plazo?
La experiencia internacional sugiere que los países más exitosos en transformación digital han logrado combinar respuestas rápidas con marcos de gobernanza adaptativos. Estonia, por ejemplo, desarrolló su programa e-Residency como respuesta sectorial específica, pero lo hizo sobre una base institucional digital sólida construida durante décadas.
En nuestro contexto dominicano, esto implica desarrollar lo que podríamos llamar "arquitecturas de coherencia": mecanismos institucionales ligeros pero efectivos que aseguren que las intervenciones sectoriales se potencien mutuamente en lugar de competir por recursos o crear marcos regulatorios contradictorios. Un ejemplo concreto sería establecer un comité intersectorial que evalúe el impacto cruzado de nuevas regulaciones Fintech sobre el comercio electrónico, o viceversa.
El Estado: de regulador a facilitador estratégico
El informe del BID veía al Estado dominicano como planificador, regulador e inversionista. Esa visión, aunque válida en un momento fundacional, hoy requiere una evolución. La velocidad del cambio exige que el Estado actúe como facilitador y aliado estratégico. Esto implica generar condiciones para que el ecosistema digital florezca: simplificar la regulación, promover la inversión privada, y actualizar el marco fiscal para plataformas digitales, sin frenar la innovación.
La realidad es que muchos de los servicios digitales que operan en el país —como Netflix, Uber, Airbnb, entre otros— lo hacen sin una regulación clara, sin tributar localmente de forma eficiente y con modelos de negocio que superan las capacidades actuales de nuestra legislación tributaria. En el libro abordo cómo iniciativas como el intento de aplicar el ITBIS a servicios digitales deben gestionarse desde una perspectiva integral y consensuada, no solamente administrativa.
Medición del impacto: más allá de la academia
La evaluación del impacto también marca una diferencia clave entre ambos enfoques. El BID medía el progreso en términos de capacidades institucionales y educativas, como número de investigadores, publicaciones científicas o inversión en universidades. En cambio, yo propongo una medición basada en generación de ingresos digitales, empleo, inclusión financiera y bienestar del consumidor.
Introduzco incluso el concepto del PIB-B (Producto Interno Bruto del Bienestar), inspirado en estudios del MIT, como un indicador que captura el valor real que los ciudadanos obtienen de bienes y servicios digitales gratuitos. En un país donde millones de dominicanos usan servicios como WhatsApp, correo electrónico, YouTube o Google Maps, es inaceptable que ese valor económico no se contabilice en nuestras métricas nacionales.
El PIB-B en la práctica
El concepto del PIB-B (Producto Interno Bruto del Bienestar) que propongo se basa en la metodología desarrollada por Erik Brynjolfsson y Avinash Collis del MIT, pero adaptada a las realidades del consumo digital dominicano. La medición se realizaría a través de tres componentes principales:
Componente 1: Valor de servicios gratuitos por tiempo de uso Utilizando encuestas de disposición a pagar, estimamos que el dominicano promedio valoraría WhatsApp en aproximadamente $15 mensuales, Google Maps en $8, y YouTube en $12. Considerando que el 78% de la población tiene acceso a internet móvil, esto representa un valor agregado no contabilizado de aproximadamente $2,400 millones anuales.
Componente 2: Ahorro en costos de transacción Los servicios digitales reducen costos tradicionales. Por ejemplo, una transferencia bancaria digital versus física ahorra en promedio $3.50 por transacción. Con 89 millones de transacciones digitales anuales, esto representa $311 millones en ahorro directo para consumidores.
Componente 3: Valor de conectividad social y profesional Utilizando modelos de análisis de redes sociales, calculamos el valor económico de las conexiones digitales que facilitan oportunidades laborales, comerciales y sociales. La implementación del PIB-B requeriría colaboración entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el ONE para desarrollar una metodología de recolección de datos consistente y comparable internacionalmente.
Una transición ineludible
Esta no es una crítica al enfoque del BID, sino un reconocimiento de que fue una primera piedra en el camino. Lo que planteo es que ese modelo debe actualizarse. Los startups no esperan a que se apruebe un plan decenal. La nube, la inteligencia artificial, los pagos móviles y las plataformas digitales ya están aquí. La economía digital ya no es una promesa, es una realidad. Y nuestro marco institucional debe correr para alcanzarla.
Por eso, desde Tabuga y otras iniciativas como Startups Academy, seguimos impulsando un ecosistema que privilegie la acción, los datos y el impacto. No podemos seguir midiendo el desarrollo digital en términos de políticas que no llegan al terreno. Debemos medirlo en oportunidades creadas, en negocios digitales que exportan, en jóvenes que se insertan en la economía global desde un laptop en Baní o Santiago.
Navegando los riesgos de la especialización sectorial
La estrategia de intervención sectorial, aunque efectiva, conlleva riesgos que debemos anticipar y mitigar:
- Riesgo de fragmentación regulatoria: Cuando diferentes agencias gubernamentales desarrollan marcos regulatorios para sectores específicos sin coordinación, pueden surgir contradicciones. En República Dominicana, hemos visto esto con las tensiones entre regulaciones de la Superintendencia de Bancos para Fintech y las del Ministerio de Industria para e-commerce.
- Inequidades en el acceso a incentivos: La focalización sectorial puede crear distorsiones donde sectores "favorecidos" (como Fintech) reciben más apoyo gubernamental que otros igualmente importantes (como Agrotech o Healthtech). Para mitigar esto, propongo un sistema de "rotación de prioridades" donde cada tres años se evalúen y ajusten las prioridades sectoriales basadas en métricas de impacto social y económico.
- Dependencia de campeones sectoriales: Existe el riesgo de que el éxito de un sector dependa excesivamente de pocas empresas líderes. En nuestro caso, el 60% de los ingresos digitales se concentra en cinco empresas. Esto requiere políticas específicas para fomentar la competencia y diversificación.
- Estrategia de mitigación integral: Para abordar estos riesgos, propongo implementar un "Observatorio de Coherencia Digital" que monitoree indicadores cruzados entre sectores, evalúe el impacto distributivo de las políticas sectoriales, y recomiende ajustes periódicos para mantener el equilibrio del ecosistema.
Con un pie en el futuro
La digitalización de la cadena de valor dominicana no puede seguir esperando. El estudio del BID de 2009 trazó una ruta valiosa, pero el presente exige nuevas herramientas, nuevas métricas y una nueva actitud. No se trata de reemplazar la visión estructural, sino de complementarla con agilidad, datos y colaboración estratégica. Hoy más que nunca, el desafío es pasar del plan a la acción, del diseño institucional al mercado real, del potencial al impacto.
Y para eso, debemos atrevernos a pensar diferente.
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