A raíz de una manifestación pacífica coordinada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que en el momento que se dirigía a la Regional 7 del Ministerio de Educación con asiento en San Francisco de Macorís y que fue reprimida por tropas policiales autorizadas por funcionarios del gobierno y principalmente del área educativa, nos llama la atención el hecho de que la principal demanda que generó esta manifestación es mejorar las condiciones de deterioro en que se encuentran escuelas en zonas urbanas y rurales de las provincias Hermanas Mirabal y Duarte.
Destacan los dirigentes profesorales que se está impartiendo docencia en locales prestados por la comunidad, como enramadas y ranchetas y hasta tétricamente en una funeraria, que no reúnen las condiciones para que se imparta docencia con un mínimo de calidad y hasta debajo de matas para que las sombras cubran a los alumnos del sol, lo que significa que cuando llueve queda suspendida la docencia.
A raíz de lo descrito anteriormente nos preguntamos, ¿qué ha pasado con los cuantiosos recursos que ha generado el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación preuniversitaria en la República Dominicana?
Luego de un amplio movimiento que movilizó a decenas de miles de dominicanos entre los años 2011 y 2012, todos los candidatos que terciaban para las elecciones de mayo del 2012 firmaron lo que se denominó el “Compromiso Político y Social por la Educación”, que significaba que cualquiera de los ganadores de la presidencia para ese año tenía el compromiso de ejecutar el 4% del PIB para educación y, mediante este compromiso, se aprobó por unanimidad en el Congreso Nacional la ratificación que estaba contemplada en la Ley General de Educación 6697.
Pero, ¿qué ha sucedido? Desde el año 2013 comenzó a ejecutarse el 4% del PIB para educación en la ejecución presupuestaria, y una de las cosas que se le criticaba al gobierno de ese entonces de Danilo Medina era que concentraba gran parte de ese aumento del presupuesto en construcción de escuelas. También se trabajó en la rehabilitación de aquellas infraestructuras que estaban deterioradas.
Según lo aprobado a la luz de la misma ley que estableció el presupuesto a educación, dispone que “al menos el 20% de este presupuesto debe destinarse a inversiones en infraestructuras y recursos educativos”. En el periodo de 2013 al 2020, estos gastos se mantuvieron en un promedio de 13%, es decir, 7% por debajo de lo que dispone la ley. Para el periodo 2020-2024, este promedio bajó aún más, al ser el promedio de estos 4 años de 10%, la mitad de lo que se establece por ley.
De ninguna manera se puede argumentar que la situación de falta de ejecución en gastos de capital (infraestructura y recursos educativos) se deba a que no se entregaron los recursos por parte de la Dirección General de Presupuesto, pues el promedio de ejecución de dicho presupuesto fue de 98.13% en promedio en el periodo 2013-2020 y en el periodo 2021-2023 también anda alrededor del 98% de ejecución.
A partir de la descripción anterior, no se puede argumentar la falta de recursos para darle mantenimiento adecuado a las escuelas y a la construcción de nuevas aulas para cubrir el déficit que existe actualmente.
A esto se agrega el gran reto que existe para mejorar la calidad de la educación, que en la situación actual, como la que ya hemos señalado, para mejorar como país, corremos el riesgo de seguir reprobando en las pruebas PISA, que es un indicador termómetro de medición de la calidad de la educación a nivel preuniversitario. De seguir así, en una próxima evaluación estaremos por debajo de la medición del año 2022 de estas pruebas PISA, que ya de por sí no estaban colocando en uno de los últimos lugares con respecto a calidad.
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