Cuando la marea entra en casa del vecino

El jueves 29 de octubre, siete helicópteros militares hicieron escala en la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, antes de continuar hacia Haití. Cinco pertenecían a la Fuerza Aérea de El Salvador. Los otros dos eran Black Hawk, de procedencia no identificada públicamente. Las aeronaves utilizaron instalaciones del Ejército dominicano para abastecerse de combustible, como parte del movimiento de tropas y equipos ordenado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para localizar a cuatro militares desaparecidos en territorio haitiano.

La noticia pasó por nuestros medios con relativa normalidad. En las redes sociales, las expresiones favorables a una acción militar contra las pandillas haitianas encuentran terreno fértil. Sin embargo, hay aspectos de esta operación que merecen mayor atención, especialmente porque la República Dominicana ha facilitado parte de su infraestructura militar para hacerla posible.

El Salvador anunció la movilización de más de dos mil soldados hacia Haití después de que cuatro técnicos militares de su país desaparecieran, el 18 de octubre, durante una emboscada atribuida a grupos armados en las inmediaciones de Puerto Príncipe. Bukele justificó su respuesta en la necesidad de rescatarlos y enfrentar a quienes los mantienen cautivos. Nadie puede desconocer la obligación de un Estado de procurar la protección de sus nacionales. Tampoco resulta difícil comprender la desesperación de las familias que esperan noticias de los desaparecidos.

Pero una cosa es reconocer esa obligación y otra aceptar, sin mayores explicaciones, una movilización militar de semejante magnitud dentro de otro país.

Haití atraviesa una crisis de seguridad que ha dejado numerosas comunidades bajo el control de organizaciones criminales. Su población necesita ayuda internacional y tiene derecho a vivir sin el miedo cotidiano a los secuestros, las extorsiones y los asesinatos. Esa realidad, por grave que sea, no elimina las obligaciones jurídicas y políticas de los Estados que intervienen en su territorio.

Existe una Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual participa El Salvador. Su Asamblea Legislativa aprobó el 29 de septiembre de 2026 una nueva autorización que amplía las funciones de sus militares en Haití, anteriormente concentradas en evacuaciones médicas. El nuevo marco permite desplegar personal, aeronaves y equipos para otras tareas de seguridad.

Esta información es importante porque impide afirmar que toda presencia militar salvadoreña carece de autorización internacional. Lo que todavía necesita una explicación es algo diferente: ¿los más de dos mil soldados anunciados por Bukele forman parte de esa fuerza multinacional o constituyen un contingente extraordinario bajo mando exclusivo de El Salvador? ¿Quién determina sus objetivos, autoriza sus operaciones y responde por sus actuaciones?

Las autoridades haitianas han informado sobre contactos y cooperación con el Gobierno salvadoreño. Esa coordinación debe reconocerse. Sin embargo, todavía queda por conocer el alcance preciso de los acuerdos, las condiciones del despliegue y el tiempo durante el cual permanecerán esas tropas en territorio haitiano.

También corresponde examinar la participación dominicana.

Nuestro Gobierno ha comunicado su disposición de facilitar apoyo logístico, tránsito de personal y equipos, evacuaciones médicas y cooperación de inteligencia. Son compromisos que pueden encontrar fundamento en los mecanismos internacionales existentes. No obstante, la magnitud del movimiento militar hace necesario conocer qué acuerdos específicos los amparan y cuáles son sus límites.

El episodio de Jimaní ofrece un ejemplo concreto. Cinco helicópteros salvadoreños fueron identificados como MD500E. De los otros dos, helicópteros Black Hawk de fabricación estadounidense, solo se conoce el modelo. Aeronaves de ese tipo son utilizadas por distintas fuerzas armadas latinoamericanas y por Estados Unidos. Nada de eso permite determinar a quién pertenecían los que aterrizaron en suelo dominicano. Precisamente por eso corresponde preguntar qué fuerzas militares los operaban, quién autorizó su escala y bajo cuáles condiciones utilizaron nuestras instalaciones. La respuesta debería encontrarse en los registros de vuelo y en las autorizaciones correspondientes.

Hay, además, una cuestión que va más allá de las aeronaves: ¿hasta dónde puede comprometerse la República Dominicana en operaciones militares realizadas dentro de Haití sin involucrarse directamente en ellas? El suministro de combustible, el tránsito de tropas y el intercambio de inteligencia son actividades diferentes, pero todas forman parte de una cooperación cuyo alcance debe conocerse.

Nuestra historia obliga a mirar estos acontecimientos con especial cuidado.

En abril de 1965, Estados Unidos desembarcó tropas en la República Dominicana invocando inicialmente la protección de ciudadanos estadounidenses durante la guerra civil. La intervención creció hasta convertirse en una operación militar de gran escala que alteró el curso de nuestro conflicto interno. Aquella experiencia dejó profundas consecuencias políticas y constituye una referencia inevitable cuando examinamos la presencia de fuerzas extranjeras en el Caribe.

Las circunstancias actuales de Haití son distintas. También lo son los actores, las autorizaciones existentes y los objetivos declarados. Sería incorrecto presentar ambos episodios como idénticos. Pero esa diferencia no impide recordar lo que ocurre cuando una operación militar concebida para responder a una emergencia adquiere dimensiones mucho mayores.

Imaginemos por un momento que una fuerza extranjera de más de dos mil efectivos desembarcara en la República Dominicana para recuperar a varios de sus ciudadanos secuestrados. Supongamos que parte de su logística se organizara desde Haití, Puerto Rico o Cuba. ¿Aceptaríamos tranquilamente la explicación de que se trata de una operación limitada? ¿No exigiríamos conocer su fundamento jurídico, la identidad de los mandos y la duración de su presencia?

Probablemente quienes hoy celebran las acciones de Bukele serían los primeros en reclamar respeto a nuestra soberanía. Basta observar la sensibilidad con que históricamente hemos reaccionado ante cualquier posibilidad de intervención extranjera en territorio dominicano.

La soberanía haitiana merece el mismo respeto que reclamamos para la nuestra. Reconocerlo no equivale a defender a las pandillas ni a oponerse a la cooperación internacional. Significa aceptar que los principios no deberían cambiar de acuerdo con la nacionalidad de quienes reciben las tropas.

También merece atención la facilidad con que algunas figuras políticas acumulan respaldo popular cuando prometen resolver problemas complejos mediante demostraciones de fuerza. Bukele ha construido buena parte de su prestigio alrededor de su política de seguridad. Sus resultados y sus métodos son objeto de controversias que no desaparecen porque una operación militar encuentre simpatías fuera de El Salvador.

La respuesta a la violencia no puede quedar reducida a la popularidad de quien ordena combatirla. Los procedimientos, las responsabilidades y el respeto a las instituciones siguen siendo importantes, incluso cuando los objetivos cuentan con amplio respaldo.

No sabemos todavía cuánto durará el despliegue extraordinario en Haití ni cuáles serán sus consecuencias. Tampoco conocemos todos los compromisos asumidos por los gobiernos que participan en su ejecución. Precisamente por esas razones debemos exigir información, sin esperar a que ocurra un incidente que obligue a formular tardíamente las preguntas.

Al Gobierno dominicano le corresponde explicar el alcance de su colaboración. A las autoridades salvadoreñas, aclarar la estructura de mando y los límites de sus operaciones. Al Gobierno haitiano, informar las condiciones bajo las cuales ha aceptado la presencia de esas fuerzas.

El respeto a la soberanía no puede depender de nuestras simpatías políticas, ni la legalidad debe darse por descontada porque el propósito anunciado parezca conveniente.

Desde nuestra orilla resulta fácil aplaudir cuando la marea entra en casa del vecino. Lo difícil es recordar que compartimos la misma isla y que, cuando cambian los vientos, el agua puede llegar también hasta nuestra puerta.