Cuando la ideología se disfraza de ciencia económica

Una reciente columna de Miguel Collado en Diario Libre, titulada “Cuando la economía nos lleva al socialismo”, pretende denunciar el “auge del Estado paternalista” y la pérdida de la libertad económica. En el texto, la economía aparece como una ciencia que habría sido secuestrada por políticos y burócratas, los economistas como justificadores profesionales del intervencionismo y casi cualquier medida pública como un paso más hacia el socialismo. El problema no es que critique el gasto o la intervención, sino que confunde su ideología con ciencia económica: construye hombres de paja, usa los datos de forma retórica y reduce la economía a un esquema de individuos y mercados puros. Este artículo se centra en esa pobreza analítica y en cómo encaja con la línea editorial reciente del CREES, que bajo una apariencia “técnica” usa términos como “libertad” y “dependencia” para redefinir el sentido de los derechos y de la política social.

1. Qué es hacer buena economía en un sistema social complejo

Antes de entrar al detalle, conviene explicitar el marco que Collado no asume y que, sin embargo, es crucial.

Las sociedades modernas no son la suma de individuos aislados que “se relacionan con el Estado”. Son sistemas de acoplamientos relativamente estables entre personas, organizaciones e instituciones: economía, política, derecho, salud, educación, medios, ciencia. La economía no flota sobre esos sistemas: es un subsistema que opera con reglas propias (mercados, precios, contratos), pero que depende de marcos jurídicos, infraestructuras, conocimientos y normas culturales para existir. En ese contexto:

• La racionalidad no es solo una operación mental individual, sino una “organización histórica y social de significados que jerarquiza y articula ideas dentro de un sistema; cada sistema despliega su propia racionalidad coherente con su lógica interna, sin una meta-racionalidad que las unifique”[1].
• La libertad real de las personas no se agota en pagar menos impuestos, sino en el tamaño del conjunto de cosas que pueden efectivamente hacer con su vida, dado su ingreso, salud, educación, entorno institucional y red de apoyos.
• El conocimiento económico es reflexivo: las teorías, indicadores y categorías que usamos (PIB, inflación, “dependencia”, “libertad económica”) no solo describen el mundo; lo reconfiguran. Orientan decisiones de gobiernos, empresas y hogares, abren y cierran opciones, legitiman ciertas instituciones y deslegitiman otras.

En ciencias sociales, un think tank no está “mirando” un objeto externo: forma parte del sistema que analiza. Sus diagnósticos, rankings y columnas influyen en la arquitectura de impuestos, gasto, regulación y programas sociales. Ignorar esa reflexividad y presentarse como “voz de la verdadera ciencia económica” es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una forma de deshonestidad intelectual.

Con este marco en mente, veamos qué hace exactamente el artículo de Collado.

2. Una caricatura de la economía como disciplina

Collado abre con una afirmación tajante: “La economía ha dejado de estudiar el comportamiento humano para enfocarse en la intervención estatal”. Según él, los economistas han abandonado una supuesta esencia clásica (de los escolásticos medievales, nada menos) y se dedican a inventar “fallas de mercado” para que los gobiernos intervengan y se endeuden. Eso es, sencillamente, falso.

La economía contemporánea está llena de trabajos sobre comportamiento humano, desde la economía del comportamiento y la teoría de juegos hasta la microeconomía de la información, la economía del trabajo, la economía de la salud o la economía política. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas no es que la economía se haya entregado al Estado, sino que ha reconocido algo elemental: los mercados funcionan con información imperfecta, poder, normas y arquitecturas institucionales concretas. Estudiar eso es precisamente estudiar el comportamiento humano en contextos complejos.

Y, paradójicamente, cuando Collado denuncia que las políticas se orientan al “control de la vida de las personas”, roza un problema real que otros han trabajado con mucha más seriedad. Foucault llamó biopoder a la forma moderna de poder que se ocupa de gestionar la vida, la salud, los cuerpos y las poblaciones. En sociedades complejas, con sistemas funcionales diferenciados, prácticamente la política es necesariamente biopolítica en ese sentido: interviene sobre las condiciones de la vida.

Eso no es un “desvío” de la ciencia económica, sino el resultado de transformaciones históricas en los dispositivos del poder y en la forma en que el Estado se acopla a la economía, al derecho y a la ciencia. Precisamente por eso es tan importante salir de la racionalidad clásica o neoclásica de la economía y construir una mirada con mayor transversalidad epistémica, capaz de dar cuenta de la interacción entre el subsistema económico y los regímenes de poder. Solo desde ahí es posible distinguir entre intervenciones del Estado que democratizan y protegen derechos humanos, y formas de control autoritario que merecen ser criticadas.

Reducir todo ese desarrollo a “108 falacias de intervención” (como Collado interpreta a Deirdre McCloskey) es una simplificación conveniente, no una lectura seria de la disciplina.

3. Inflación, causalidades simples y borrado de la complejidad

La columna menciona que la inflación de los alimentos creció más de 40 % entre 2020 y 2025, sugiriendo que, como siempre, los economistas buscarán justificar un “impuesto inflacionario” derivado del control estatal de la moneda. No hay ninguna tentativa de explicar ese fenómeno como resultado de los múltiples factores que en realidad inciden en la inflación: choques globales de oferta tras la pandemia, guerra en Ucrania, estructura local de mercados, decisiones de política monetaria y fiscal, etc.

En un sistema complejo, la inflación es un resultado emergente de varios acoplamientos. Hacer buena economía implica descomponer mecanismos, comparar países, ver qué decisiones explican diferencias y aceptar que hay shocks que ningún gobierno local puede evitar, solo amortiguar. El texto analizado no hace nada de eso: el dato aparece solo para alimentar la narrativa preexistente “Estado = distorsión”. Es un uso anticientífico del dato: en lugar de preguntarse qué nos enseña sobre el sistema, lo usa como ficha en un argumento que ya estaba decidido de antemano.

4. Del intervencionismo al socialismo: falacia de la pendiente resbaladiza

A partir de ahí, Collado arma una secuencia simple: los economistas detectan fallas de mercado, justifican intervenciones y “con el tiempo, el intervencionismo adquiere un matiz peor; una forma de intervención que se llama socialismo”. No define socialismo[2], no distingue entre tipos de Estado, no se pregunta por los matices entre una transferencia focalizada y la planificación centralizada.

Es una clásica falacia de pendiente resbaladiza: si cualquier política pública que no respete el ideal de Estado mínimo es “intervencionismo”, y todo intervencionismo deriva en socialismo, entonces la conclusión está servida: todo lo que vaya más allá de la policía, los jueces y poco más es sospechoso. Ese esquema no permite discutir con seriedad cuáles intervenciones amplían la libertad efectiva y cuáles generan dependencias reales o capturas corporativas. Las mete a todas en el mismo saco.

5. Libertad para quién y libertad para qué

Cuando Collado habla de libertad económica, la asocia casi exclusivamente a proteger la acumulación de capital y la innovación frente al Estado. En ese marco, cualquier ampliación de impuestos, de programas sociales o de regulación es un retroceso de la libertad.

Pero si usamos la noción de libertad como conjunto factible de vida (ver la definición planteada al inicio de este texto), la pregunta cambia. Para una trabajadora informal sin seguro, sin ahorros, sin red de cuidados, la ausencia del Estado no es libertad: es miedo permanente a enfermarse, a perder el ingreso, a quedar fuera de juego ante cualquier shock. Para un joven sin escuela digna, sin transporte público razonable, sin acceso a salud, la retórica de la libertad económica dice poco: sus opciones reales son estrechas, aunque pague menos impuestos indirectos.

En sociedades modernas y complejas, la retirada del Estado no libera por igual. Amplía el margen de quienes pueden pagar todo en el mercado y estrecha el de quienes dependen de bienes públicos y pisos de ingreso para poder elegir algo distinto a la supervivencia inmediata. Ignorar esa asimetría y hablar de libertad en abstracto es una forma de encubrir efectos distributivos muy concretos. Es una noción de libertad que conduce al abuso de poder y de la riqueza.

6. De la columna a la línea CREES: fabricar “dependientes del Estado”

La columna de Collado encaja en una línea más amplia de argumentación muy ideologizada que recientemente ha adoptado el CREES, y que no se ajusta a una organización con reputación de trabajo científico serio. Es indiscutible que el CREES siempre ha seguido una línea de pensamiento neoclásica, pero últimamente su línea editorial se ha desviado por este tipo de textos claramente ideológicos. Un ejemplo es el estudio que concluye que en 2024 “cinco millones y medio de personas dependían del Gobierno dominicano”, sumando en un mismo grupo a miembros de hogares que reciben transferencias como Supérate/Aliméntate, empleados públicos y pensionados del Estado.

De esa suma se deriva que “más de la mitad de la población depende del Estado” y se alerta sobre un “crecimiento peligroso” del asistencialismo.

El problema no es la aritmética; es la categoría. Meter en el mismo saco a una niña en un hogar pobre, a un juez, a una médica especialista en un hospital y a una persona jubilada tras décadas de trabajo convierte una red compleja de relaciones en un diagnóstico moral: “dependencia”. Lo que en otro marco se entiende como derechos de ciudadanía (educación, salud, pensiones, redes de protección) se recodifica como patología colectiva. No es un ejercicio científico, es político.

Al mismo tiempo, en esa línea se repiten otros movimientos:

• Se asocia casi cualquier aumento de gasto público o regulación con “distorsiones” que frenan el crecimiento, incluso cuando organismos como la OCDE o el BID recomiendan más inversión en infraestructura, educación o protección social bien diseñada.
• Se evitan comparaciones incómodas: mientras los países de la OCDE tienen gasto público promedio que supera el 40 % del PIB, República Dominicana proyecta alrededor de 18.5 % del PIB de gasto del gobierno central para 2025, con una presión tributaria en torno al 14–15 %. No hay un Estado gigante; hay un Estado al que se le pide mucho con pocos recursos.

En conjunto, estas intervenciones no describen simplemente la realidad: intentan producirla. Construyen un clima en el que recortar programas sociales, resistirse a una reforma tributaria progresiva y mantener exenciones poco transparentes se presentan como exigencias “técnicas” de la buena economía, no como opciones políticas discutibles.

7. Derechos, conocimiento y buena economía

La ciencia de la economía, como saber social, tiene una dimensión reflexiva: sus categorías no son neutras, ordenan la conversación y orientan decisiones. Por eso importa cómo nombramos las cosas. Llamar “dependientes” a quienes participan del circuito de salarios públicos, pensiones y transferencias cohesiona un relato que deslegitima derechos y servicios; negar la idea de “gasto tributario” dificulta evaluar exenciones y privilegios fiscales que también forman parte del Estado, aunque aparezcan como “no gasto”; y usar “socialismo” como espantajo para cualquier política social robusta bloquea la discusión sobre qué pisos mínimos queremos garantizar en una democracia.

Un marco alternativo no idealiza al Estado ni niega la lacra del clientelismo o las ineficiencias, así como la necesidad de enfrentarlas, pero parte de otra premisa: impuestos, bienes públicos y políticas sociales son piezas de la arquitectura que organiza la inteligencia colectiva de una sociedad y amplía el conjunto de opciones vitales de las grandes mayorías. La crítica rigurosa debe preguntar qué funciona, qué no, qué hay que rediseñar y cómo se reparte el costo; no limitarse a repetir que “medio país depende del Estado”.

Responder a malas políticas exige buena economía: una que trate los datos como algo más que munición, que vea a la sociedad como sistema complejo y no como suma de héroes emprendedores contra burócratas, que entienda la libertad como algo más que pagar menos impuestos y que asuma la responsabilidad reflexiva de quienes producen conocimiento que influye en la vida de millones.

Lo que ofrece el artículo de Collado, y la línea que lo acompaña, es otra cosa: una ideología que se disfraza de ciencia. No podemos simplificar la realidad hasta volverla irreconocible y dejar intacta la única pregunta que sí deberíamos estar discutiendo en serio: qué tipo de libertad y de equidad queremos financiar, y con qué reglas. Ningún saber puede pretender monopolizar la explicación de la vida en sociedades complejas, y mucho menos una escuela o corriente de pensamiento dentro de un saber. Necesitamos abordar el diseño de políticas públicas desde múltiples racionalidades con el objetivo de diseñar mecanismos que integren criterios plurales bajo mínimos no negociables, como los derechos[3].

[1] Ver mi artículo sobre racionalidad: Más allá de la elección racional: organizar la inteligencia colectiva | Acento

[2] Quizás la mayor deshonestidad intelectual del texto es el uso del término socialismo en un contexto en el que claramente no tiene sentido. El socialismo es un conjunto de propuestas teóricas y políticas planteadas con el objetivo de superar el capitalismo a través de una revolución de la clase trabajadora. Desde socialistas utópicos a revolucionarios, desde el siglo XIX hasta hoy, ninguno reconocería socialismo en ninguna de las medidas que critica Collado.

[3] Más allá de la elección racional: organizar la inteligencia colectiva | Acento