La volatilidad del mercado energético internacional ha reconfigurado las prioridades de política pública en múltiples países. En ese contexto, la República Dominicana enfrenta el desafío de transformar su alta dependencia de hidrocarburos en una oportunidad para diversificar su matriz energética y fortalecer su resiliencia económica.
El mundo vuelve a colocarnos frente a una realidad que muchos prefieren ignorar: la energía no es solo un tema económico, es un factor de poder. Cada vez que el precio del petróleo se dispara —por conflictos geopolíticos, disrupciones en la oferta o decisiones estratégicas de grandes potencias— las economías más dependientes quedan expuestas. Y ahí se produce una diferencia clara: hay países que reaccionan con estrategia, y otros que simplemente pagan las consecuencias.
En Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha flexibilizado en distintas ocasiones las regulaciones para permitir una mayor mezcla de etanol en la gasolina. No se trata de una concesión ambiental, sino de una decisión económica orientada a aumentar la oferta, contener los precios y dar alivio a los consumidores. En América Latina, los ejemplos son aún más contundentes: Brasil convirtió el etanol en política de Estado hace décadas, logrando que hoy su gasolina contenga entre un 20 % y un 27 % de etanol, reduciendo su dependencia del petróleo y fortaleciendo su agroindustria; mientras Colombia ha avanzado en esquemas de mezcla obligatoria que integran el campo con la seguridad energética. No son improvisaciones, son decisiones estratégicas sostenidas en el tiempo.
A esta tendencia se suman múltiples economías que han entendido los biocombustibles como una herramienta de seguridad energética y desarrollo productivo. La Unión Europea ha generalizado el uso de mezclas como el E10 dentro de su estrategia de transición energética; India ha acelerado su programa de etanol con metas ambiciosas para reducir su dependencia del petróleo importado; Argentina mantiene esquemas obligatorios de mezcla tanto en etanol como en biodiésel, apalancando su sector agroindustrial; mientras Indonesia ha avanzado agresivamente en biodiésel con mezclas de hasta 30 %, utilizando palma africana como base productiva. En todos los casos, la lógica es la misma: convertir una vulnerabilidad externa en una oportunidad interna, integrando energía, agricultura e industria bajo una visión estratégica de largo plazo.
La República Dominicana, sin embargo, sigue atrapada en un modelo energético que la hace estructuralmente vulnerable, a pesar de contar con condiciones objetivas para insertarse en esta tendencia. Tenemos producción de caña de azúcar, base natural para etanol; producción de palma africana, insumo clave para biodiésel; y, paradójicamente, una altísima dependencia de las importaciones de hidrocarburos. Lo más relevante es que esta no es una discusión nueva. En el gobierno del presidente Leonel Fernández, durante la gestión de Arístides Fernández Zucco en la Comisión Nacional de Energía, se impulsaron iniciativas orientadas a incorporar biocombustibles en la matriz energética nacional. Aquellos esfuerzos no lograron consolidarse, pero dejaron una señal clara: el país tiene el potencial, lo que ha faltado es continuidad y decisión política.
La historia energética reciente muestra que cuando el petróleo supera ciertos niveles —particularmente el umbral de los 100 dólares por barril— la ecuación cambia por completo. En ese escenario, los biocombustibles dejan de ser una aspiración ambiental para convertirse en una alternativa económicamente viable. Se justifican las inversiones, se reduce la dependencia externa, se estabilizan los precios internos y, sobre todo, se abre una oportunidad real para actuar con visión estratégica. No se trata de una apuesta ideológica, sino de una respuesta pragmática a un entorno internacional cada vez más volátil.
República Dominicana no necesita inventar nada. Solo necesita decidirse. Un programa nacional de biocombustibles podría iniciar con mezclas obligatorias moderadas —gasolina con 10 % de etanol (E10) y diésel con 5 % de biodiésel (B5)— acompañado de incentivos claros a la producción, incluyendo exenciones fiscales, financiamiento preferencial y esquemas de alianzas público-privadas, todo bajo un marco regulatorio robusto que garantice calidad, seguridad y trazabilidad. Esto permitiría, además, integrar el campo con la política energética, generar empleos, dinamizar las economías rurales y crear encadenamientos productivos de alto impacto.
Porque en el fondo, esto no es solo una política energética. Es una política de desarrollo. Permite reducir la vulnerabilidad externa, disminuir la presión fiscal de los subsidios a los combustibles, fortalecer la agroindustria y construir una base productiva más resiliente. En un mundo cada vez más incierto, eso no es una opción, es una necesidad.
Mientras otros países toman decisiones para protegerse de la volatilidad energética, República Dominicana sigue reaccionando con medidas de corto plazo. El problema no es la falta de recursos, es la falta de estrategia. Hoy tenemos la oportunidad de transformar una debilidad estructural en una ventaja competitiva.
La pregunta es inevitable: ¿vamos a seguir importando la crisis… o vamos a empezar a producir la solución?
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