El rechazo que hoy se viste de miedo hacia la comunidad musulmana ya asentada en República Dominicana está lejos de estar fundado en razones objetivas y reales. La construcción de una mezquita (más) en suelo dominicano ha despertado supuesto temor en una gran parte de quienes se autodenominan cristianos, llevando a la movilización cívica en protesta contra la terminación de la obra. Hasta un diputado de nuestro Congreso ha llegado a expresar su “preocupación” por una supuesta instauración de la sharía en el país.
Para alimentar aquel miedo, se recurre a ejemplos de países del Medio Oriente (como Siria, que es cuatro veces más grande que República Dominicana) o del continente africano (como Nigeria, que es veinte veces el tamaño de nuestra isla). Vale decir que en ambas naciones los grupos terroristas organizados son, incluso en número, mayores que la cantidad de sindicatos de camioneros en nuestro país. Además, históricamente, dichas organizaciones criminales han empleado más violencia hacia los musulmanes que contra cualquier otra religión.
También se usa de parámetro de comparación a países como Francia y España, fronterizos con múltiples naciones y con políticas migratorias abiertas a refugiados y desplazados internacionales. Esto contrasta frontalmente con la realidad dominicana, donde la política migratoria está orientada a detener personas de nacionalidad extranjera (mayormente haitiana, al ser nuestra única frontera) y, en los últimos tiempos, a deportarlas hacia una nación que sabemos enfrenta una grave situación de violencia. Esta simple realidad, fuera de debatir lo justa o efectiva que sea nuestra política migratoria, debe ser el argumento más sólido contra el “miedo” a que nuestro país se vuelva el próximo hub musulmán del Caribe.
Estas comparaciones resultan tan ilógicas como pensar, desde una curul del Congreso, que una ley se aprobaría desde el interior de una mezquita, o que un imán, pastor, padre u otro líder religioso tenga la autoridad para modificar nuestro ordenamiento jurídico durante la misa o culto del domingo. Esta “amenaza” busca captar atención política mediante un tema absolutamente polarizador como el cristianismo en nuestro país, mientras desconoce de forma grosera las mismas enseñanzas religiosas cristianas sobre tratar al prójimo como queremos ser tratados.
Se quiere hacer pensar que todas las mujeres de nuestro país corren peligro por la construcción de una mezquita en Bávaro. Sin embargo, en nuestra realidad, los hechos demuestran que nuestros líderes religiosos tampoco se encuentran exentos de esta responsabilidad. Existe una larga data de casos (como el de Jozef Wesolowski, por ejemplo) que demuestran graves y constantes acusaciones a nuestras figuras religiosas de violación a menores de edad o de agresión física y/o verbal contra sus parejas. Más allá del aspecto religioso, la reciente propuesta gubernamental “Déjala ir” evidencia que la violencia contra las mujeres es un problema generalizado de un país que está lejos de tener una mayoría musulmana.
Este sentimiento de rechazo se sustenta en una hipocresía de doble moral que busca la aceptación de las creencias cristianas por encima de aceptar o respetar las demás. Es decir, esos que se niegan a que en nuestro país se practique el islam son las mismas voces que critican la persecución y rechazo de cristianos en otros países. Más que hipocresía, debería llamarse demencia validar a quienes pretenden utilizar la Biblia y el cristianismo por encima de nuestro ordenamiento jurídico como único fundamento para negar que los musulmanes practiquen su religión en el país, mientras al mismo tiempo alegan una supuesta alarma de la imposición del Corán y del islam sobre toda ley dominicana.
Este “miedo” infundado desconoce, o ignora deliberadamente, la Constitución dominicana y sus amplias garantías humanas de libertad de culto, libre desarrollo personal y libertades de asociación. Ignora por completo las garantías sociales establecidas en un Código Penal actualizado con figuras como la acumulación de penas, así como la existencia de leyes especiales contra el terrorismo (Ley 267-08) y contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Ley 155-17). Se busca así que el miedo supere la razón, y que cuestionemos nuestra fe antes que el fundamento legal que da lugar al rechazo.
Incluso, en cuanto a la operación de la mezquita, de obtener los permisos de construcción para finalizar la obra, incorporarse conforme a la Ley 122-05 sobre Instituciones sin Fines de Lucro y cumplir con todos los requisitos legales de registro que imponen nuestras leyes, esta puede operar como organización religiosa exenta de impuestos, conforme a la Norma General de la Dirección de Impuestos Internos. Así como ya lo hacen iglesias judías, hindúes, mormonas y de otras religiones practicantes que no son de origen cristiano en nuestro país.
Aunque nuestro sistema jurídico no es perfecto, sí cuenta con las herramientas necesarias para poder convivir en sociedad respetando nuestras diferencias, incluyendo las religiosas. Entonces, queda por preguntarse: ¿es realmente miedo, o simplemente rechazo religioso?
En definitiva, el verdadero miedo debería ser vivir en un país donde la ignorancia y el odio ganen terreno y pretendan decidir nuestro futuro. Terror causa pensar que nuestra convivencia democrática se convierta en terreno fértil para el odio y la persecución religiosa. Negar estos derechos establecidos no solo es injusto hacia la comunidad musulmana, sino que implica juzgarla con la misma vara de extremismo a la que supuestamente se teme.
Compartir esta nota