Crisis económica vs. crisis de administración

La miseria, la hipocresía y la gran coartada del poder

En muchos países, especialmente de América Latina, no se vive una crisis coyuntural, se vive, desde hace décadas, una crisis estructural de administración del poder, sostenida por una peligrosa cultura del conformismo. Lo más alarmante no es la pobreza en sí misma, sino la naturalidad con la que las sociedades han aprendido a convivir con ella, a justificarla y, peor aún, a culpar a quienes la padecen como responsables de su propia desdicha.

En ese escenario, la realidad política no se construye solo con hechos, sino con relatos. Figuras públicas, procesos institucionales e incluso tragedias colectivas son elevadas o demolidas según la conveniencia del momento y según los actores. La narrativa dominante suele pesar más que una evaluación serena del legado, de la conducta o de las consecuencias reales de las decisiones adoptadas. La verdad se vuelve maleable y la memoria genérica, manipulable.

Esta lógica no pertenece al pasado. Hoy se reproduce con mayor intensidad bajo la impronta de la inmediatez mediática y las redes sociales, donde la opinión pública opera como tribunal permanente. Se condena primero y se investiga después. La reputación se destruye en segundos y la verdad, cuando logra abrirse paso, suele llegar tarde. En ese contexto, la política deja de ser un espacio de ideas para convertirse en una guerra de percepciones, donde aparentar resulta más rentable que ser.

La dinámica se mantiene durante las etapas no electorales y se profundiza en los procesos preelectorales. Desde la oposición se invoca la ética, la transparencia y el cambio; desde el poder, esos mismos principios se relativizan en nombre del pragmatismo o de supuestas necesidades del Estado. Se conforman frentes de intereses entre lo político y lo económico, mientras el interés general se degrada hasta convertirse en una consigna vacía. Como resultado, el ciudadano comienza a desconfiar de la política, de la justicia, del discurso institucional y de los propios procesos electorales, fenómeno que se expresa en la progresiva monetización de las candidaturas y en una pronunciada abstención electoral.

Reducir este fenómeno a una crisis de comunicación sería un error. Detrás de la batalla simbólica se esconde una estructura más profunda, que explica por qué las sociedades terminan buscando culpables siempre en el mismo lugar. Se señala al niño que delinque en la calle, al joven excluido del sistema educativo, al deambulante que busca comida en un contenedor, al trabajador informal, al marginal visible. Todos vulnerables. Todos expuestos. Todos funcionales como responsables del supuesto “desorden social”.

Rara vez se cuestiona a quienes financian campañas políticas para luego condicionar decisiones públicas, amparados en la lógica perversa de que el resultado termina justificando los medios. Rara vez se habla del precio real de esas inversiones ni de las deudas invisibles que se acumulan cuando el poder se ejerce hipotecado. En muchos contextos contemporáneos, la política y el poder económico ya no caminan en paralelo: avanzan juntos, montando el mismo caballo.

Rara vez se cuestiona a quienes financian campañas políticas para luego condicionar decisiones públicas, bajo el argumento de que el resultado justifica los medios. Rara vez se habla del precio real de esas inversiones y de las deudas invisibles que se arrastran cuando el poder se ejerce comprometido. En muchos contextos contemporáneos, la política y el poder económico ya no caminan en paralelo, montan el mismo caballo.

Los gobiernos se construyen, así, sobre compromisos económicos rígidos, mientras las obligaciones sociales quedan relegadas. El poder político termina subordinado al poder económico y obligado a responder a esos intereses. El gobierno que intente afectarlos se expone a campañas de deslegitimación y a la amenaza permanente de su desplazamiento.

Ahí comienza la verdadera distorsión. Cuando el poder económico influye de manera determinante en los gobiernos, en los parlamentos, en los municipios y, finalmente, en los sistemas de justicia, el problema deja de ser moral y se vuelve institucional. Se vacía el contenido del Estado social y democrático de derecho, se debilita el principio de legalidad y se normaliza una forma de gobierno donde la ley convive con la impunidad.

En ese contexto, lo relevante no es quién gobierna, sino bajo qué modelo y con qué compromisos se gobierna. Mientras el crecimiento económico se utiliza como argumento legitimador, apelando al aumento del PIB o a la estabilidad macroeconómica, la miseria social permanece intacta. Una economía puede crecer indefinidamente sin generar bienestar, eso ocurre, si ese crecimiento no se traduce en derechos reales, movilidad social y oportunidades efectivas. Cuando el progreso no alcanza a la mayoría, deja de ser desarrollo y se convierte en anestesia estadística.

La consecuencia más peligrosa de este modelo no es solo la desigualdad, sino la incredulidad colectiva. El ciudadano comienza a desconfiar de la política, de la justicia y del discurso institucional. Se instala la percepción de que no existe un régimen real de consecuencias y de que las reglas solo se aplican a los más débiles. Ese desgaste silencioso del pacto social es el verdadero preludio del colapso.

La historia enseña que los pueblos no caen en el autoritarismo por ignorancia, sino por cansancio. Cuando la frustración se acumula, cualquier voz que prometa orden, castigo y soluciones simples se vuelve atractiva, aun cuando implique sacrificar derechos y libertades. Así emergen los falsos redentores y las salidas peligrosas.

Por eso, reivindicar la verdad en la vida pública no es un ejercicio moral ni retórico, sino una exigencia democrática. No se trata de idealizar actores ni de negar errores históricos, sino de romper la cultura de la simulación y de asumir que la miseria no es un accidente del sistema, sino una coartada demasiado cómoda para quienes siempre salen ilesos.

Los mitos pueden alimentar el relato político. Pero solo la verdad, aunque incomode, tiene la capacidad de preservar la democracia y construir nación.