A propósito del indignante caso Senana, acabo de leer un libro cuyo contenido viene como anillo al dedo para la profunda reflexión que, como sociedad, todos debemos hacer sobre lo que está realmente en juego en situaciones como esta. Lo más fácil sería trivializarlo: asumirlo como un reality show más, reducirlo a lo efímero, destinado a ser desplazado por la próxima noticia que capte la atención pública.

Este caso no debe interpretarse como un episodio aislado de corrupción, como un hecho lacerante que se agota en sí mismo. Por el contrario, debe abordarse en un contexto social e institucional más integral, como el último eslabón que desnuda el progresivo y serio deterioro de la ética pública y privada en que vivimos. Del penoso legado que le dejaremos a nuestros hijos y nietos.

Desde esta perspectiva, y para enriquecer este ejercicio de reflexión, resulta pertinente resaltar los planteamientos del autor del libro que sirve de título a este artículo, el doctor Diego Sebastián Luciani. Antes, conviene precisar quién es. Se desempeña como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con casi tres décadas de trayectoria en el sistema de justicia penal de Argentina. Fue el fiscal en la denominada Causa Vialidad, seguida contra la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández y otros altos funcionarios.

Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Asimismo, ha sido docente en prestigiosas universidades. Es autor de varios libros sobre estas materias. Justamente el pasado año fue reconocido como “Fiscal del año” por la International Association of Prosecutors (IAP), en Singapur, una asociación internacional, no partidista y no gubernamental, que funciona como una red global de fiscales.

En esta obra, que originalmente fue su tesis doctoral, Luciani realiza una radiografía rigurosa del fenómeno de la corrupción, con especial énfasis en su comportamiento y efectos en Argentina y en América Latina. Ahí radica gran parte de su utilidad para nosotros, pues constituye una suerte de espejo.

El eje central de la publicación es claro: llamar la atención sobre la gravedad del flagelo de la corrupción, particularmente en nuestra región; ahondar en sus diversas causas; en las múltiples y arraigadas formas en que esta se manifiesta; y, sobre todo, crear conciencia del gravísimo atentado que representa para el sistema democrático y el respeto de los derechos humanos. En otras palabras, advertir que la propia subsistencia del régimen democrático peligra por la praxis corrupta.

El autor aborda este fenómeno desde una perspectiva integral: institucional, económica y social, dejando claro que la corrupción no es un problema exclusivamente legal, abstracto o propio de las élites. La trata como lo que es: un tema estructural, muy serio.

En este tenor, su reflexión es contundente: “Tengamos en cuenta que la corrupción afecta el Estado de derecho, la gobernabilidad y la credibilidad de la democracia. Además, consolida la pobreza y la desigualdad porque impide una correcta asignación de los recursos. Así, hace imposible garantizar los derechos fundamentales de la sociedad”. Por esto, califica la corrupción como un “crimen de lesa democracia”.

Con rigor académico, Luciani también desentraña cómo la cultura social y el sistema de partidos, con sus prácticas clientelistas, constituyen uno de los principales catalizadores de la corrupción. Describe el círculo vicioso que se genera al captar recursos para campañas electorales —sin importar su procedencia ni su costo— para luego compensarlos mediante el manejo indebido de fondos públicos: la piñata o el botín por depredar.

El libro examina igualmente la estrecha relación que suele producirse entre corrupción y contratación pública, principal mecanismo para la ejecución de prácticas corruptas con fondos estatales. Al respecto, el autor advierte:

“Si los principios que regulan la contratación pública no se cumplen, si los controles son ficticios o laxos, o si existe connivencia entre el sector público y el privado, los recursos —que ya son escasos— se pierden en manos de funcionarios y particulares inescrupulosos, y dejan de cumplir el fin social para el que fueron destinados”. Cualquier coincidencia con lo ocurrido en el caso Senana no resulta, en absoluto, fortuita.

Otro aspecto de enorme interés es la preocupante relativización o aceptación del problema de la corrupción que se observa en nuestras sociedades. Diversos estudios sociales muestran cómo una parte significativa de la población manifiesta desinterés o resignación frente a este fenómeno, asumiéndolo como algo ajeno, no tan malo, insalvable o “ a según” . Esto es particularmente grave, pues termina incentivando la corrupción. Para sustentar esta afirmación, el autor recurre a los datos del Reporte 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). De ahí su insistencia en visibilizar, de manera concreta, los daños que la corrupción ocasiona en la vida cotidiana de la población.

Finalmente, Luciani aborda con profundidad dos temas controvertidos: el lawfare y el enfoque penal del problema. Demuestra cómo la teoría del lawfare ha sido utilizada, fundamentalmente, como un alegato político para desacreditar investigaciones y acusaciones fundadas en casos de corrupción. Al mismo tiempo, advierte que, si bien es necesario actualizar el catálogo de delitos en esta materia, no basta con aumentar el quantum de las penas, pues ello suele convertirse en un recurso facilista, ficticio o populista. Lo esencial —concluye— es promover mecanismos de control institucional y de prevención; y, de estos fallar, impulsar investigaciones y acusaciones objetivas, basadas en pruebas, con pleno respeto de las garantías procesales de todos los actores. Más oportuna no podría ser esta aguda reflexión. Ignorar pues esta realidad, o reducirla al “espectáculo” del momento, es —en los hechos— convertirse en tontos cómplices de su arraigo.

José Lorenzo Fermín

Abogado

Licenciado en Derecho egresado de la PUCMM en el año 1986. Profesor de la PUCMM (1988-2000) en la cual impartió por varios años las cátedras de Introducción al Derecho Penal, Derecho Penal General y Derecho Penal Especial. Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago (1989-2001). Socio fundador de la firma Fermín & Asociados, Abogados & Consultores desde el 1986.-. Miembro de la Comisión de Revisión y Actualización del Código Penal dominicano (1997-2000). Coordinador y facilitador del postgrado de Administración de Justicia Penal que ofrece la PUCMM (2001-2002). Integrante del Consejo de Defensa del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en los procesos de fraudes bancarios de los años 2003-2004, así como del Banco Central en el caso actual del Banco Peravia. Miembro del Consejo Editorial de Gaceta Judicial. Articulista y conferencista ocasional de temas vinculados al derecho penal y materias afines. Aguilucho desde chiquitico. Amante de la vida.

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