La semana inició con buenas noticias al anunciarse la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en cuanto a la selección de los nuevos seis jueces de nuestra Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluyendo a su presidente, proceso que había causado especial interés sobre todo por la controversial campaña que fue llevada a cabo para impulsar a un candidato para que ocupara la posición de presidente, y que dio motivo para todo tipo de especulaciones por su cercanía con el Presidente Abinader, habiendo muchos desde el inicio vaticinado que su mera inscripción en el proceso significaba que era una línea y que sería por tanto el sucesor, lo que no aconteció.
Quizás nunca se reconozca que el proceso de inscripción puede haber tenido más que ver con una intervención voluntaria, o impulsada por juristas amigos, que entendían que siguiendo la tradición de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina debía ser alguien de la confianza del mandatario y que reuniera las capacidades como era el caso, y que el presidente Luis Abinader no haya animado esta candidatura, o quizás incluso hasta la haya desanimado, como ya había hecho en el pasado con alguien de su partido interesado en ser seleccionado por el Senado como miembro de la Junta Central Electoral, lo que rechazó. Y es muy probable que la intensa campaña llevada a cabo por los promotores haya tenido que ver con la idea de que era necesario despejar al presidente de las inquietudes que le podría generar esta selección; y que los propios expresidentes por decisión propia o motivada le hayan hecho llegar su no objeción.
Celebramos la decisión del presidente del CNM y de la República, no solo porque es una demostración de coherencia con su compromiso con la institucionalidad y la independencia judicial, sino también porque confirma que es capaz de no ceder a presiones, que por demás conducían al camino cómodo, y de anteponer el interés nacional a cualquier supuesto interés personal, lo que ya había dejado claro desde el inicio de su primer mandato con la selección de una Procuraduría General independiente, y el reforzamiento constitucional reciente de esta, reduciendo la intervención directa del presidente de la República en su elección, estableciendo que en vez de designarlo y a la mitad de sus adjuntos, los nomine para que sean electos por el CNM, y otorgándoles una inamovilidad originalmente propuesta de 4 años, que se redujo a 2 por algunas críticas de juristas, con posibilidad de confirmación.
Y también porque con su decisión rompió con una tendencia que estaba siendo tolerada y hasta aupada de que el presidente de la Suprema debía ser una persona de la confianza del presidente de la República, y aunque no necesariamente la designación de un juez de carrera garantice su actuación independiente, pues se requiere del carácter para ejercer la independencia, era necesario que se cambiara. Y el hecho de que el presidente de la SCJ sea de carrera o provenga del ejercicio profesional, nada tiene nada que ver con que sea o no buena su gestión.
Esperemos que el magistrado Justiniano Montero, quien tiene un merecido prestigio y que porta un nombre que evoca al denominado último emperador de los romanos quien dejó el gran legado de la compilación del derecho romano, base fundamental del derecho civil en gran parte del mundo, realice una buena gestión como presidente. Recibe un poder judicial modernizado y con constatables mejorías en cuanto a la mora judicial, pero con denuncias relacionadas con la ética, fisuras, como puso de manifiesto el paro de este año, y muchas oportunidades de mejoría, y con su experiencia, compromiso con la ética judicial y conocimiento del sistema, se espera que pueda realizar las transformaciones necesarias. Se hizo justicia promoviendo finalmente al magistrado Julio César Canó, y desde ya se espera su designación en la presidencia de la sala penal, y también a la magistrada Arelis Ricourt, electa como segunda sustituta, y hay un consenso generalizado respecto de la elección, la cual por demás cumplió con la equidad de género.
El CNM debería ahora analizar lo acontecido y ponderar la modificación de su reglamento, el cual solo establece posibilidad de nominación y de objeción, no así de campañas de promoción como las llevadas a cabo, y aunque esto debería bastar, para erradicar el precedente de raíz sería conveniente establecer alguna disposición reglamentaria que evite que en futuras ocasiones la selección del presidente de la SCJ se convierta en un acto más del excesivo proselitismo dominicano, que ha sido tan dañino en muchas instituciones como universidades y gremios. Por todo eso celebramos la correcta decisión del presidente, la cual no solo fortalece su legado, sino que da un paso fundamental en el camino correcto de cara a futuros procesos.
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