Año tras año afrontamos una realidad que no podemos seguir ignorando: las vaguadas, las tormentas y los temporales son cada vez más potentes e imprevisibles en su formación y su desarrollo, sobre todo ante la falta de equipos adecuados. El cambio climático es un hecho y nos obliga a adaptarnos y pensar políticas públicas que aminoren el impacto de este fenómeno.
El pasado miércoles 8 de abril, se volvió a desnudar la vulnerabilidad del Gran Santo Domingo con las inclementes lluvias torrenciales que iniciaron en la madrugada de ese día. Las lluvias son el gran igualador, pues las zonas vulnerables de esta ciudad no se limitan a las tradicionales barriadas con cañadas cerca, sino que afectan las calles y edificaciones de sectores de lujo y de las clases acomodadas del Distrito Nacional como Piantini, Evaristo Morales, Cuesta Hermosa, El Millón, entre otros.
Estas lluvias provocan pérdidas materiales enormes, así como desconsuelo en los habitantes de la ciudad. Desde aquel fatídico 4 de noviembre de 2022, el pánico colectivo ante los temporales y las vaguadas es la cotidianidad de los capitalinos; pero sin que se planteen ni se verifiquen, de parte de las autoridades (ayuntamientos y gobierno central), pasos serios para mitigar los riesgos asociados a los aguaceros en el mediano y largo plazo.
Leí una reflexión que hizo el urbanista Marcos Barinas en la que toca con certeza un punto que los ciudadanos y la clase política pasan por alto: el costo de no tener un drenaje pluvial y un moderno sistema de alcantarillas es mayor que su construcción. Y esto es fácilmente verificable: el miércoles fue un día económicamente muerto. Muchos no pudieron llegar a sus trabajos, múltiples empresas no pudieron abrir o producir a toda capacidad, y los daños materiales a las edificaciones y los vehículos de motor representaron enormes pérdidas económicas para las familias en un solo día.
Piensen que este tipo de evento se repite varias veces en el año dado que pasamos la mayor parte del tiempo en temporada ciclónica, que supone no solo el riesgo de huracán, sino que frecuentemente llueve o nos pasa una tormenta o se forman vaguadas con gran pluviosidad.
No hay justificación para que, a sabiendas de esto, la vida cotidiana y la productividad se interrumpan ante lo que ya sabemos que es inevitable. Lo que estas lluvias revelan es la ausencia de planes, de gestión y de visión. El cortoplacismo político es el enemigo número uno de los proyectos transformadores.
Las lluvias torrenciales que golpean a esta ciudad nos deben poner en perspectiva sobre las prioridades que las alcaldías deben dar en el corto y mediano plazo a la planificación urbanística y el ordenamiento del territorio. En ese sentido, resulta preciso no solo la recuperación de los espacios municipales para su debida rehabilitación, como sucede con el programa de parques que lleva a cabo la Alcaldía del Distrito Nacional, sino que también hay que fomentar nuevos espacios.
Estos nuevos espacios tienen que ser verdes. Y lo mismo con los parques que quedan por rehabilitar, pues el concreto tiene poca o nula capacidad de absorción del agua. Los parques, las jardineras y las áreas verdes deben ser una política permanente de los ayuntamientos como un esfuerzo de estas autoridades municipales para mitigar los efectos adversos de las lluvias.
Pero, además, hay que tomar en serio los instrumentos de planificación y de ordenamiento del territorio para mejorar la supervisión de las obras e impedir construcciones que violen las ordenanzas municipales o que no se vinculen al uso de suelo determinado en el plan municipal de ordenamiento territorial que haya sido aprobado conforme a los lineamientos de la ley núm. 368-22.
Todo lo anterior, concomitantemente, con la necesaria construcción del drenaje y el sistema de alcantarillado del que tanto se habla, pero no se trabaja.
Santo Domingo es una ciudad de grandes potenciales y oportunidades, y solo podrá fortalecerse y mejorar su desarrollo con planificación y una visión que procure que la urbe no se detenga porque llueva como siempre llueve.
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