La primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en esta nueva etapa en la que debe proceder de conformidad con la Constitución con la evaluación de once de los diecisiete integrantes de la Suprema Corte de Justicia, coincidió con el agravamiento de la crisis institucional en Costa Rica por los choques entre el poder ejecutivo y el judicial que vienen produciéndose desde la llegada al poder de Rodrigo Chaves en el año 2022, y que ha llegado a su punto más álgido con la querella presentada por el gobierno de la nueva presidente Laura Fernández, señalada como su heredera, contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por supuesto delito de prevaricación.

Ese penoso conflicto que se está dando en Costa Rica, otrora referente de institucionalidad en la región, tiene que ver con la resistencia del Poder Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial, respecto del cual la presidente Laura Fernández ha criticado la reelección de los magistrados de la Corte Suprema por largos periodos, ya que según su Constitución son electos por 8 años, y se considerarán reelectos por iguales períodos, salvo que una mayoría calificada de dos terceras partes del total de los miembros de la asamblea legislativa decida lo contrario; habiendo acusado de golpistas a los magistrados de la Sala Constitucional por haber prorrogado el nombramiento de sus suplentes, tras siete meses en los que el oficialismo en el Congreso se ha negado a votar la lista de candidatos propuestos por el Poder Judicial.

En nuestro país hubo resistencia a la inamovilidad judicial instaurada en la Constitución de 1994 e iniciada con la elección por vez primera de los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el CNM en 1997, y los que creíamos en su conveniencia resultamos altamente decepcionados por su cercenamiento en la Constitución de 2010 impulsada por el ex presidente Leonel Fernández, la cual estableció que los jueces estarán sujetos a la evaluación por el CNM de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, debiéndose sustentar los motivos de ley en caso de separación.  Esta evaluación como ocurrió desde el inicio, luego de que se separaran de sus cargos a los jueces que habían emitido voto disidente en el fallo del caso de corrupción conocido como “Sun Land” y que se removiera de la presidencia al respetado Magistrado Jorge Subero Isa, para colocar en esa posición a Mariano Germán, quien se consideraba cercano al presidente y a su entonces partido el PLD, ha sido el instrumento para que cada presidente cuando le toca la oportunidad recomponga según su conveniencia esta Corte y designe un presidente que considere cercano.

Debemos reconocer que si tenemos elección de los jueces por el CNM a partir de la cual se inició una profunda transformación de nuestro Poder Judicial fue gracias a la solicitud efectuada por el extinto líder José Francisco Peña Gómez al ex presidente Joaquín Balaguer como parte de la negociación para la salida de la crisis electoral de 1994 que conllevó una reforma constitucional para dividir el mandato en dos, lo que no sirvió para que gobernara dicho líder, pero sí para dejar el legado del CNM; y a partir de ahí la historia registra que a Leonel Fernández no lo recordaremos tanto porque en su primer mandato presidió por vez primera ese consejo, sin tener mayoría, seleccionando una Suprema Corte emblemática, sino más porque en el año 2010 ya con mayoría congresual le propinó un duro golpe despojando a los jueces supremos de la inamovilidad, y separando  a magistrados de alto reconocimiento para auspiciar a los que consideraba de su conveniencia, que el ex presidente Danilo Medina será más recordado por el bochornoso incidente protagonizado por el ex procurador general contra la Magistrada Miriam Germán en su supuesta evaluación, que por los buenos jueces que pueda haber seleccionado, y ahora le tocará a dos años de terminar su segundo mandato al presidente Luis Abinader definir cómo será recordado.

Seleccionar a quien presidirá este poder del Estado, lo que ya es un hecho seguro ante la entendible decisión del Magistrado Luis Henry Molina de no exponerse a esa desacreditada evaluación, probablemente será una de sus decisiones más importantes y difíciles, que requiere tener la sabiduría de seleccionar al mejor candidato para la justicia, y no al más conveniente para sus intereses, a sabiendas de que independientemente de los méritos que pueda tener el elegido, uno que se considere de los suyos, siempre será visto como una pieza colocada a conveniencia.  De la idoneidad de esta elección dependerá en gran medida como será recordado.

Marisol Vicens Bello

Abogada

Socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández desde el año 2000. Miembro del Comité Ejecutivo del CONEP, Asesora legal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Fue presidente de COPARDOM y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

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