Durante los últimos años, diversas provincias de la República Dominicana han impulsado procesos de formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo con el propósito de definir una visión compartida de futuro, identificar prioridades de inversión y promover un desarrollo más equilibrado y sostenible. Sin embargo, una pregunta sigue vigente: ¿Cómo se articulan estos planes con los Consejos Provinciales de Desarrollo establecidos por la Ley No. 498-06 del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública?
La respuesta es sencilla en el plano normativo, pero compleja en la práctica. La legislación dominicana concibe ambos instrumentos como partes de un mismo sistema de planificación territorial. Los Consejos de Desarrollo Provinciales no fueron creados para competir con los planes estratégicos, sino para conducirlos, validarlos y dar seguimiento a su ejecución. La Ley 498-06 establece expresamente que estos consejos son instancias de participación de los actores económicos y sociales del territorio y que participan en la formulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial.
En teoría, el Consejo Provincial de Desarrollo constituye el espacio de gobernanza donde convergen autoridades locales, legisladores, sector empresarial, universidades, organizaciones comunitarias y sociedad civil. Desde allí deberían identificarse las necesidades prioritarias de la provincia, consensuar una visión de desarrollo y definir los proyectos estratégicos que orientarán las inversiones públicas y privadas.
Sin embargo, la realidad territorial muestra una situación diferente. En muchas provincias se han elaborado valiosos planes estratégicos gracias al esfuerzo de organizaciones sociales, instituciones académicas, agencias de cooperación internacional y actores locales, funcionarios. No obstante, estos documentos con frecuencia terminan archivados o con escasa capacidad de incidencia en la asignación de recursos públicos. La principal razón es la debilidad institucional de los espacios llamados a garantizar su implementación y aquí el rol canalizador de los consejos de desarrollo.
No obstante, la experiencia demuestra que la existencia de un plan estratégico y de espacios de concertación no garantiza por sí sola su ejecución. Por ello, resulta recomendable la creación de una institución sin fines de lucro ASFL, integrada por los líderes y actores que impulsaron el proceso de planificación estratégica y otros actores . Esta entidad tendría como misión gestionar, y promover los proyectos contemplados en el plan, dar seguimiento sistemático a las gestiones realizadas ante las instituciones públicas y privadas, monitorear el cumplimiento de las metas establecidas, evaluar periódicamente los resultados alcanzados y rendir cuentas a la ciudadanía. Asimismo, podría desarrollar programas de formación en construcción de ciudadanía, transparencia, participación social, liderazgo comunitario, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional, contribuyendo a consolidar una cultura de corresponsabilidad y gobernanza democrática en el territorio.
Esta desconexión genera una paradoja preocupante: existen planes sin gobernanza y estructuras de gobernanza sin planificación efectiva. Como resultado, numerosos proyectos priorizados por la ciudadanía no logran incorporarse a los presupuestos públicos ni a los programas nacionales de inversión, reiteramos que ese rol debe incorporar los proyectos a los presupuestos públicos es del Consejo de desarrollo y la institución que impulso el plan estratégico debe educar, empujar para que los proyectos estructurantes se ejecuten,
La situación adquiere una relevancia aún mayor con la entrada en vigencia de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta legislación introduce nuevos instrumentos de planificación territorial, entre ellos los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), destinados a organizar el crecimiento urbano, proteger áreas ambientales sensibles y reducir vulnerabilidades frente a riesgos naturales. La coordinación entre estos instrumentos y los planes estratégicos provinciales es indispensable para evitar contradicciones y duplicidades.
En provincias como Peravia, donde existe un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, surge una oportunidad extraordinaria para fortalecer la gobernanza territorial. la institución que impulso la realización del plan estratégico, legalmente incorporada como Asociación Sin Fines de lucro, podría convertirse en un punto de apoyo para que los ayuntamientos elaboren sus PMOT se armonicen las resoluciones y ordenanzas de los planes de ordenamiento territorial de los municipios, los distritos municipales . De esta manera, las prioridades definidas colectivamente tendrían mayores posibilidades de traducirse en proyectos concretos y presupuestos ejecutables.
Particular importancia, en esta armonización, reviste el papel de las juntas de vecinos. Tradicionalmente han sido vistas como organizaciones de reivindicación comunitaria, pero su potencial va mucho más allá. Estas entidades pueden transformarse en actores fundamentales para la vigilancia ciudadana, el seguimiento de proyectos, la promoción de la gestión de riesgos y la educación comunitaria sobre ordenamiento territorial. Su participación permitiría acercar la planificación a las comunidades y convertir a la ciudadanía en protagonista del desarrollo local.
La experiencia internacional demuestra que los territorios más exitosos no son necesariamente aquellos que poseen más recursos, sino los que cuentan con mejores mecanismos de articulación institucional. El desarrollo sostenible requiere coordinación entre actores, continuidad en las políticas públicas y participación social efectiva. Ningún plan, por bien elaborado que esté, puede transformar una provincia si no existe una estructura de gobernanza capaz de impulsar su implementación.
La República Dominicana dispone hoy de un marco legal robusto compuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Ley 498-06, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial. El desafío ya no es crear nuevas normas, sino lograr que estas funcionen de manera integrada y coherente.
El futuro del desarrollo provincial dependerá de la capacidad de convertir los Consejos Provinciales de Desarrollo en verdaderos espacios de concertación, seguimiento y rendición de cuentas y una institución de la sociedad civil que de seguimiento e impulse proyectos plasmados en los planes de PMOT y en los planes estratégicos. Solo entonces los planes estratégicos dejarán de ser documentos aspiracionales para convertirse en auténticas hojas de ruta hacia un desarrollo más inclusivo, sostenible y democrático. La sociedad civil, las organizaciones empresariales, constituida en consejos de los Planes estratégicos debe trabajar junto a los consejo provinciales para que se ejecuten los proyectos estructurantes, de largo alcance que se establecen en el plan Estratégico.
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