En menos de 24 horas, siete presuntos delincuentes cayeron abatidos al enfrentar a tiros a brigadas de la Policía Nacional que les perseguían por hechos delictivos cometidos en diferentes puntos del país.
La confirmación de estos hechos fue dada a conocer a la prensa el pasado jueves por el coronel Diego Pesqueira, vocero de la institución policial.
A pesar de tener orden de arresto, a todos les aplicaron el “código 29”, una especie de licencia para matar que no está contemplado en ningún artículo, párrafo o acápite en la Constitución de la República, ni mucho menos en la ley orgánica que regula el accionar y comportamiento de los miembros de la Policía Nacional.
Los cuatro integrantes que cometieron el horrendo crimen contra Zeneida Socorro Castillo y la agresión violenta contra su esposo el artista urbano Gilberto Julián Sarante “Oro Duro”, corrieron mejor suerte; están bajo arresto.
Probablemente escucharon el mensaje que les envió el presidente de la República Luis Abinader:
“Yo le puedo mandar un mensaje…a los criminales, y especialmente a estos que cometieron este acto incalificable de criminalidad: que se entreguen… que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor…”.
Horas después, la policía tenía bajo arresto a los malhechores Kevin Dariel Guzmán Troncoso, Juan Carlos Hernández García, Lawrence Liranzo Marcos y Philips Michael Tejeda Vázquez.
El llamado del presidente coincidió con el interés de una buena parte de la sociedad que reclamó a los uniformados que los atraparan vivos para saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió en la residencia de la familia Castillo-Sarante.
Si la policía los hubiese “puesto en 29” al momento de localizarlos como pedían muchos, hoy no supiéramos con detalles las verdaderas causas y motivaciones del horrendo acto de violencia.
Los delincuentes saben que tienen todas las de perder si enfrentan a los agentes del orden público. Subir videos en las redes sociales enseñando armas de fuego automáticas con gestos desafiantes es inscribir su nombre en la funeraria más cercana de su residencia.
Entiendo que el rol fundamental de la policía es ser un órgano auxiliar de los jueces y del ministerio público, un organismo capacitado para preservar la vida y la integridad física de los ciudadanos, vigilante en la prevención del delito, la investigación, hacer respetar las leyes y salvaguarda del respeto mutuo entre agentes y la ciudadanía.
Pero el famoso código 29 es un método de ejecución ilegal, tan salvaje y criminal como el delito por el cual cayó abatido el acusado de un hecho delictivo sangriento y repugnante.
Los siete últimos abatidos por la policía, se suman a los miles que han caído a través de los años por las mismas causas y aun así esa metodología policial no ha logrado su objetivo de acabar con los criminales callejeros a nivel nacional.
Para nadie es un secreto que muchos de los delincuentes han sido eliminados no solo por sus actos contra la ley, sino por la información que tenían que implicaba a muchos de sus persecutores como “socios” de sus actos ilícitos.
La Constitución de la República consagra el principio de la inviolabilidad de la vida y prohíbe de manera expresa la implantación de la pena de muerte o la tortura, abolida formalmente mediante la Ley No. 64 de 1924 y ratificada luego en 1966.
Y eso lo sabe el presidente Abinader quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y cuerpos de seguridad del Estado.
El nuevo código penal de 2026 aumentó las penas de prisión de hasta 40 años para infracciones graves, y un tope de acumulación de hasta 60 años en casos de acumulación de delitos, una forma legal de reducir la criminalidad en el país.
En ningún lugar de este nuevo código se contempla la pena capital ni la cadena perpetua.
Está comprobado que “poner en 29” como sentencia contra un imputado de cometer un delito violento en cualquiera de sus formas, no reduce la delincuencia.
Esta no desaparecerá eliminando físicamente a los malhechores y criminales. Se combate con un esfuerzo serio que elimine el tráfico ilegal de armas y drogas narcóticas.
La criminalidad seguirá en aumento en la misma proporción en que se incrementa la desigualdad social, la falta de oportunidad de trabajo para jóvenes y adultos, la marginación de los barrios populares, la no inversión de mayores recursos en la educación y la salud pública.
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