Históricamente, el afán de lucro ha llevado a las más inimaginables acciones, con el objetivo de seguir acumulando riqueza cueste lo que cueste, sin tomar en cuenta el dolor humano y la vida de centenares y hasta millones de vidas.
A través de los años, en la medida en que fue desarrollándose el régimen mercantil, se fueron creando estructuras, ya sean privadas o desde el Estado, para lograr cuantiosos beneficios utilizando el poder para tales fines.
Desde la antigüedad, los saqueos y ocupaciones a través de la guerra a comunidades para arrebatarles los bienes que les permitían la subsistencia y la riqueza de la tierra.
Pero a partir del siglo XVIII, con el desarrollo del capitalismo como modo de producción predominante y tomando como apoyo la actividad mercantil, se desarrolla en gran escala la producción de bienes y el desarrollo de los mercados, tanto a nivel de las naciones como en el ámbito internacional.
A propósito, el término “capitalismo salvaje” significa la búsqueda de beneficios particulares por encima de las mismas leyes que regulan el régimen capitalista: los intereses económicos se ponen por encima del bienestar social; la explotación laboral y las amenazas sobre el medioambiente, y no se toma en cuenta el principio de la equidad en la distribución del crecimiento económico; solo interesan los beneficios a corto plazo sin considerar las consecuencias a mediano y largo plazos de esa conducta depredadora.
En el caso de la República Dominicana, el afán de maximizar beneficios en el corto plazo en los últimos años ha producido tragedias donde se han perdido decenas de vidas inocentes de dignos ciudadanos.
En diciembre del año 2018, una fuga de gas propano, por descuido en el mantenimiento del sistema de llenado y almacenamiento de este producto, generó una explosión en la empresa Polyplas, que dejó como resultado 8 muertos, 103 heridos entre trabajadores y vecinos del alrededor de la fábrica en Villas Agrícolas, además de las pérdidas materiales en los hogares de la zona.
En agosto del año 2023 se produce otra explosión de un tanque de gas propano de 500 galones en San Cristóbal, en la fábrica Vidal Plast, también de plásticos, dejando como resultado 37 personas muertas y más de 60 heridas.
La más reciente tragedia que ha enlutado al país no sucedió en un barrio de la capital, ni en un pueblo del interior, sino nada y nada menos que en el Distrito Nacional y en un espacio de diversión al cual, por el costo tanto de entrada, reservación de mesas y el precio de las bebidas, solo tenía acceso un segmento reducido de la población. Se trata del famoso Jet Set, en un local en el que anteriormente funcionaba el cine El Portal. El local fue remodelado en 2010 y en 2015. Pero es posible que no se considerara que era una estructura vieja, quizás no se midió su capacidad de resistencia, y comenzaron a ponerle encima un peso excesivo. Otras hipótesis apuntan a que el edificio está situado en una zona próxima al mar Caribe, y sus partes metálicas pudieron ser afectadas por la corrosión que provoca el salitre.
Vaya tamaña irresponsabilidad de los dueños de este centro de diversión. En esa misma discoteca se produjo un fuego en el año 2023, que pudo debilitar su estructura. Quizás en ese momento debió ser demolido; pero se impusieron el afán de lucro, más el descuido de las actuales autoridades. El desplome de la madrugada del martes 8 de abril, que quitó la vida a más de 200 personas e hirió a cientos, pudo prevenirse.
El afán de acumulación de riquezas y la irresponsabilidad de las autoridades, que están llamadas a supervisar con rigor la operación de todo establecimiento que recibe público, impidió que esa discoteca fuera obligada a cerrar para someterse a las necesarias reparaciones o a su traslado a un nuevo local, y no poner en riesgo la vida de la gente que buscaba una sana diversión. Ojalá no se produzcan otras tragedias como las de Jet Set.
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