En los últimos años y particularmente en el 2024, el sistema financiero dominicano ha vivido un crecimiento fabuloso desde el punto de vista del aumento de los activos, rentabilidad y solvencia.
El crecimiento de los activos fue de 11.6% con relación al año 2023, que en términos absolutos representa 3.87 billones de pesos al cierre del 2024, y el patrimonio neto aumentó en 16.1%; la cartera de crédito tuvo un crecimiento interanual de 12.5%, equivalentea 2.4 billones de pesos.
Una de las razones que explica esta bonanza del sector financiero es el aumento de la tasa de interés activa, la que cobran los bancos sobre los préstamos, que a diciembre 2024 rondaba el 15.1% y la pasiva 9.8%, y esta última explica por qué los depósitos aumentaron en 11.9% o, en términos absolutos, 2.9 billones de pesos.
Si hacemos una comparación en términos de evolución de la tasa de interés activa del sistema financiero y en particular de los bancos múltiples, nos encontramos que estas tasas se mantuvieron relativamente estables entre los años 2005 y 2008, entre 10% y 12% anual, y entre el año 2023 y 2024, como hemos señalado, se han mantenido en los niveles de 14% y 16% anual.
Es que, mientras el sector financiero se robustece, el costo del dinero que se utiliza para el financiamiento por parte de la población ha ido aumentando, pues si se mide en términos reales la tasa de interés y comparándolas con las tasas que existían entre el año 2017 y 2021, las activas promedio trimestrales eran de 7.51% anual y la pasiva 0.91%, en tanto que para marzo del año 2025, 10.68% y 4.81%, respectivamente.
Pero la tasa de interés afecta de forma diferente de acuerdo al sector o segmento del sector de la actividad económica. Atendiendo a informe difundido por la Superintendencia de Bancos sobre la Banca y la Industria Nacional, el pasado abril de este año 2025, el impacto de la tasa de interés sobre los préstamos opera de la siguiente manera:
Comparando entre diciembre del año 2023 y diciembre del año 2024, los deudores mayores obtuvieron préstamos a tasas de 9.9% y 11.7% respectivamente, en tanto que para los deudores medianos pasó de 12.5% a 13.5%; del mismo modo, los deudores menores pasaron de tasas de 15.2% a 15.7%, y para el microcrédito, aunque ligeramente bajó de 36.9% a 36.1%, no deja de ser muy alta.
Esto nos indica que, en la medida en que las empresas son más pequeñas, relativamente mayor es su costo financiero, que, en pos de cubrir el riesgo financiero del sistema bancario, afecta la estabilidad misma de las pequeñas empresas.
Es por esto imprescindible que las entidades de supervisión y de promoción del sistema financiero del Estado deben adentrarse a diseñar estrategias que permitan que sobre todo las pequeñas y medianas empresas puedan soportar el costo del financiamiento para mantenerse operando y poder desarrollar nuevos proyectos, para que no solo puedan sobrevivir, sino también crecer y de esa manera puedan generar empleo y así contribuir a la disminución de la informalidad en la economía que en la actualidad sobrepasa el 54% de toda la actividad económica.
Pero si la legislación vigente que regula el sector financiero-bancario no permite que se puedan diseñar esas propuestas de democratización y equidad en los préstamos, de tal manera de reducir el costo financiero de las MIPYMES, entonces es necesario que se sometan proyectos para fines de modificar el código monetario y financiero vigente (LEY 183-02).
Con una regulación financiera que permita una mayor participación o democratización del crédito, dirigida a ampliar la participación de la población a tasas de interés que le permitan desarrollar unidades productivas con las que puedan alcanzar mayor nivel de vida, se estaría repartiendo de forma más equitativa la bonanza que se genera en el sistema financiero.
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