“La justicia tardía no es justicia”. — William E. Gladstone.
Diversos medios dominicanos informan del caso Bellorizonte. Tras leer con atención la denuncia y tener conocimiento de otras estafas inmobiliarias igualmente escandalosas, resulta difícil aceptar que este asunto deba leerse como una simple controversia privada entre compradores frustrados y vendedores aviesamente incumplidores. Lo que revela el caso presentado por José Enrique Yáber y Michelle Pomares apunta a algo bastante más grave. Si los hechos alegados se confirman, no estaríamos solo ante una presunta estafa inmobiliaria. Se trataría de una inquietante combinación de opacidad societaria, fragilidad institucional y dilación judicial capaz de convertir el proceso mismo en una prolongación del daño.
La historia, en lo esencial, resulta tan conocida como escandalosa. Una pareja entrega US$300,000 para adquirir un apartamento en un proyecto residencial de Santo Domingo. Firma una promesa de venta en 2017 y espera la entrega de la unidad para enero de 2019. El plazo se incumple, pasan los meses y arriban las dudas. Luego sobreviene lo impensable. De acuerdo con los perjudicados, el inmueble habría sido transferido a terceros sin conocimiento de quienes ya habían pagado una suma considerable por él. A partir de ahí comienza un largo recorrido por archivos, revocaciones, diligencias no ejecutadas, objeciones, apelaciones, nulidades e incidentes que, más de cuatro años después, todavía impiden una respuesta judicial definitiva.
Si el juicio confirma esa secuencia, y nada obliga a suponer que los afectados la inventaron, no estaríamos ante un simple incumplimiento contractual. Asistiríamos a una posible vulneración del principio de buena fe, del derecho de propiedad, de la seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva.
En la República Dominicana hay que repetir sin eufemismos que la tutela judicial efectiva no es una pieza ornamental de la Constitución. Es el derecho de todo ciudadano a acudir a los tribunales y recibir una respuesta útil, oportuna y dictada dentro de un plazo razonable. Cuando el expediente degenera en un laberinto interminable, la justicia no solo deja de amparar, sino que pasa a revictimizar. Lo más grave es que, en manos de muchos jueces y autoridades judiciales, la tardanza puede terminar operando como una forma encubierta de legitimación de los hechos delictivos, mientras los incidentes procesales se convierten en mecanismos funcionales para diluir responsabilidades, desgastar a las víctimas y lavar culpas.
Ahí reside la dimensión moral más perturbadora del caso. La víctima no solo pierde dinero, tiempo y tranquilidad. Pierde también la confianza en las reglas, en el sistema registral, en la actuación del Ministerio Público y en la capacidad de los jueces para impedir que la verdad se extravíe entre tecnicismos, influencias que nunca dan la cara y el desgaste calculado del proceso.
Cuando en el imaginario colectivo se instala la sospecha de que ciertos expedientes se ralentizan porque detrás de ellos hay dinero, conexiones o figuras prominentes, el daño deja de ser individual y pasa a convertirse en una lesión institucional. No es casual, por eso, que en las tertulias dominicanas se repita con alarmante frecuencia que la justicia en este país no existe o que, si existe, es débil, vulnerable y fácilmente penetrable cuando media el dinero.
No se trata de afirmar a la ligera que todos los jueces o fiscales actúan de espaldas al derecho. Eso sería injusto. Pero sí de reconocer que la reiteración de estos patrones termina sembrando una percepción corrosiva. La ley puede mostrarse rigurosa con el débil y complaciente con el fuerte. Esa percepción, aun cuando brote de expedientes concretos, termina contaminando la legitimidad entera del Estado.
Quien entrega US$300,000 para adquirir un apartamento en una zona estratégica de la capital no encaja precisamente en el perfil del delincuente que suele resolver sus conflictos por vías violentas o extrajudiciales. Quien actúa así, recurre a la ley y a los tribunales con la expectativa razonable de que los hechos documentados y la verdad jurídica terminen prevaleciendo. Cuando ni siquiera ese camino ofrece amparo oportuno, debemos encender la alarma institucional con más fuerza.
Bellorizonte, además, no ocurre en el vacío. Se inserta dentro de un fenómeno más amplio de conflictividad inmobiliaria en la República Dominicana. Esto es, casos como este ya no pueden ser tratados como anomalías aisladas. En realidad, son señales de un patrón que erosiona la confianza pública en el mercado inmobiliario, desalienta la inversión sana y pone bajo sospecha la promesa misma de seguridad jurídica.
Cuando un comprador comienza a temer que un contrato firmado no garantiza nada, que una promesa de venta puede ser burlada impunemente y que los tribunales podrían tardar años en decidir, el problema deja de ser solo patrimonial. Se convierte en un problema económico, moral y reputacional para el país.
De aquí que este caso deba asumirse como una advertencia y como una oportunidad de corrección. La República Dominicana necesita fortalecer los controles preventivos en las operaciones inmobiliarias, exigir mayor trazabilidad financiera, revisar con severidad las transferencias entre promotoras y sociedades vinculadas, y robustecer la debida diligencia registral para impedir dobles ventas, maniobras opacas y despojos encubiertos. Necesita también que el Ministerio Público investigue con seriedad, que los tribunales decidan con independencia y que el tiempo deje de funcionar como aliado de los presuntos responsables.
Bellorizonte interpela al país entero. Nos obliga a preguntarnos si el derecho sigue siendo un escudo para el ciudadano o si, en demasiados casos, comienza a comportarse como una puerta giratoria para los más fuertes.
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