“La confianza no se impone; se administra cada día con hechos verificables”. — Anónimo.
Podríamos pensar que el Banco Agrícola cualquier experto podría juzgarlo como una entidad financiera cualquiera, pero no olvidemos que su razón primaria de ser está asociada al campo, al pequeño y mediano productor, a la seguridad alimentaria y al financiamiento de actividades que suelen quedar fuera del apetito de la banca comercial tradicional.
Partiendo de esa naturaleza pública y social es por lo que sus debilidades, expuestas en la auditoria de tercera que examinamos, no deben ocultarse, relativizarse ni en ningún caso desatender como si se tratara de un diagnóstico interno del cumplimiento de las normas de control interno, que no dudamos que es un componente importante para sentar los cimientos de una gestión de excelencia en cualquier organismo público. Ciertamente, un banco de fomento, como es el caso, puede y debe asumir riesgos cuando resulten compatibles con su misión, siempre que se acompañe de mediciones rigurosas, provisiones suficientes, registros contables ordenados debidamente y controles internos capaces de resistir cualquier auditoria externa competente.
Repasando las entregas anteriores recordamos que hicimos especial énfasis en el costo institucional de no medir bien el riesgo, particularmente cuando la evaluación de la cartera y de los bienes recibidos en recuperación no se realiza plenamente conforme al Reglamento de Evaluación de Activos, sino a partir de políticas internas. También llamamos la atención sobre el hecho de que la contabilidad pública no es un ejercicio decorativo, sino una forma de verdad institucional porque allí donde las cuentas son débiles, la capacidad del Estado para rendir cuentas siempre resultará insuficiente y cuestionable.
En esta última entrega lo que resta es subrayar que el país necesita un Banco Agrícola más fuerte, no uno más silencioso, capaz de ampliar el crédito al campo y demostrar que cada peso prestado, provisionado, recuperado o castigado responde a reglas verificables. Para las instituciones bancarias, especialmente sin son de naturaleza estatal, nunca basta con anunciar líneas de financiamiento, programas especiales, acuerdos internacionales o nuevas facilidades crediticias. Todas esas buenas noticias resultan opacadas o carecen de sentido gerencial cuando persisten debilidades en la clasificación de cartera, en la medición de riesgos, en la información tecnológica, en la depuración contable y en la transparencia patrimonial.
El crédito agropecuario siempre debe tomar en cuenta que el campo está expuesto a sequías, inundaciones, inestabilidad de las cadenas de suministros y alzas de insumos, plagas, volatilidad de precios, problemas de comercialización y ciclos productivos que no siempre coinciden con la lógica fría de los vencimientos bancarios. Por estas y otras razones una banca pública de desarrollo no puede pretender operar con los mismos criterios de una entidad puramente comercial. Algunos funcionarios entienden que precisamente esa verdad autoriza el desorden, aunque nunca llegan a decirlo. Al contrario, mientras más sensible sea la misión social de una institución, mayor debe ser su disciplina interna. Somos de la convicción de que el dinero público y la confianza colectiva no pueden administrarse con improvisación.
Con frecuencia entendemos que la comprensión de la realidad del productor es un buen abono para debilitar la prudencia financiera. No estamos afirmando que un crédito reestructurado puede ser una herramienta válida o que una facilidad especial puede ser necesaria o que una refinanciación puede evitar la quiebra de un productor afectado por causas ajenas a su voluntad. Lo que queremos dejar establecido es que todo eso debe quedar correctamente documentado, clasificado, provisionado y supervisado: la política pública se defiende haciendo que los instrumentos públicos funcionen con rigor.
Lo preocupante es la ausencia de una reacción pública suficientemente constructiva frente a hallazgos de tanta trascendencia. ¿O es que estamos acostumbrados a que los informes se escondan, minimicen o se dejen morir bajo el polvo del siguiente escándalo? Cuando hay silencio institucional, que nunca corrige nada, la sospecha no deja de sobrevenir y extenderse. Por esta única razón, la publicación de la auditoria, el banco debió comparecer ante la ciudadanía con una explicación sobria, técnica y verificable. No para dramatizar ni para fabricar culpables de ocasión, que es una conducta muy arraigada en nuestro sistema clientelar, sino para decir qué ocurrió, qué se recibió, qué se está corrigiendo, cuánto falta y en qué plazo se corregirá.
Pensamos que debieron comenzar con una revisión integral de la cartera bajo criterios regulatorios estrictos, crédito por crédito, garantía por garantía, vencimiento por vencimiento; seguir con la formulación de una matriz pública de hallazgos y acciones correctivas, con responsables identificables, fechas de cumplimiento y reportes periódicos de avance, y terminar con una evaluación externa especializada, debidamente acreditada, acompañada por la autoridad supervisora en los aspectos prudenciales que correspondan. En relación con esto último, nunca la Superintendencia de Bancos debería permanecer ajena si el plan toca provisiones, clasificación de cartera, medición de riesgos, suficiencia patrimonial, cumplimiento del Reglamento de Evaluación de Activos y adecuación contable.
El Poder Ejecutivo, por su parte, debió asumir públicamente, luego del conocimiento de tales hallazgos, que el Banco Agrícola forma parte del andamiaje público que sostiene una porción vital de la economía nacional, asegurando el seguimiento fuera proporcional a la gravedad de esas brechas.
Nunca conviene recurrir a las simplificaciones injustas, como hizo la CCRD con el INABIE en relación con un proceso de licitación y adjudicación heredado de otra dirección ejecutiva. Como en ese caso, muchas instituciones públicas arrastran problemas heredados, sistemas viejos, expedientes incompletos, decisiones tomadas hace años y prácticas que sobreviven a varias administraciones. Reiteramos que, casi siempre, es necesario distinguir lo recibido de lo producido por la gestión presente, sin que esa distinción termine convirtiéndose en coartada. Gobernar una institución pública es hacerse cargo de lo recibido, transparentarlo y repararlo porque al final la herencia no exonera indefinidamente.
Sería un grave error debilitar el rol del Banco Agrícola o reducir su misión a partir de una auditoría con salvedades, y sería mayor la falta si usamos esa misión como escudo para postergar correcciones indispensables. Más que nunca, entendemos, el campo necesita crédito, pero también necesita confianza que se sostenga en reglas claras, datos confiables, riesgos medidos, provisiones suficientes y rendición de cuentas. Prestar al campo sin control es peligroso y, sin duda, ahí está, en definitiva, la lección mayor de esta auditoría.
Compartir esta nota