Los medios de información tradicionales atraviesan un período de oscurantismo y persecución sistematizada que van más allá del creciente auge de la inmediatez informativa ofrecida por las plataformas digitales. Nos referimos, en concreto, a las demandas y acuerdos económicos que condicionan a las principales cadenas informativas, debido al “ataque” de sus figuras a la actual administración y a su presidente.
En el caso específico, la próxima salida del aire del programa de Stephen Colbert y el famoso “The Late Night Show” de la cadena CBS. Una situación similar se vivió durante el primer período presidencial 2017-2021, cuando se condenó de forma contundente a las principales empresas informativas, tildándolas de “enemigos” del sistema. Ahora, la situación es diferente, ya que durante los cuatro años del gobierno del Partido Demócrata, los medios se hicieron eco de investigaciones como: la injerencia de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump al poder, el soborno a la estrella porno, los fondos destinados a la fundación Trump, y los 35 cargos criminales que se le imputaron.
Ahora, el presidente no solo cuenta con la inmunidad civil absoluta, que es un tipo de inmunidad soberana para los funcionarios del gobierno y el presidente, que lo protege ante demandas. Esa figura constitucional existe desde 1982, cuando la Corte Suprema estableció en el proceso Nixon v. Fitzgerald que el presidente disfruta de inmunidad absoluta frente a litigios civiles por actos oficiales realizados mientras es presidente.
Asimismo, se está a la espera del millonario acuerdo que dicha cadena tendrá que pagar en concepto de gastos de representación por otro de los icónicos programas, como lo es “60 Minutes”.
Su presunta inclinación contra la pasada administración y la reacción no se han hecho esperar, ya que la nación ha entrado en una especie de bucle de censura, que el propio presidente Trump ha verbalizado su intención de eliminar toda figura o medio informativo que no contribuya mediante un ejercicio informativo complaciente y defensivo de sus políticas.
Es bien sabido que, durante su primer período, el presidente fue el principal cuestionador de los medios, señalándolos como figuras deshonestas y “medios generalistas mentirosos”. El presidente ha expresado como “exitoso” el acuerdo alcanzado previamente con la cadena ABC, que en diciembre de 2024 aceptó pagar más de 15 millones de dólares.
El período de autoritarismo que experimenta esta nación es improcedente, y apenas comienza, ya que el mandatario ha verbalizado públicamente cuáles serán los próximos medios y figuras que desaparecerán en su “cacería”.
Esta semana, la Corporación para la Radiodifusión Pública anunció que iniciará una «reducción ordenada de sus operaciones», así como recortes presupuestarios por valor de 9,000 millones de dólares, dirigidos a la radiodifusión pública, especialmente a programas educativos producidos y retransmitidos por dichas empresas de comunicación, hechos por el Congreso.
El presidente no está considerando que esta nación necesita una transformación, y que no puede estar supeditada al constreñimiento de los medios informativos, quienes hacen el trabajo para lo que fueron creados: informar.
El único legado que él espera resaltar es el enfrentamiento con multimillonarios procesos legales a quienes él y su administración entienden que no “representan” a la mayoría de los estadounidenses, ya que necesita plataformas informativas comprometidas con él.
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