Durante casi seis años, la Autopista del Ámbar ha pasado de ser una promesa esperada a convertirse en una prueba para la forma en que República Dominicana construye y financia sus grandes obras. El Gobierno, a través del Fideicomiso RD Vial, acaba de anunciar la adjudicación del diseño y construcción de la vía que conectará la Circunvalación Norte de Santiago con la carretera Puerto Plata-Sosúa, al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., cuya oferta económica asciende a RD$28,800 millones.
La adjudicación pone fin a un proceso de licitación que se extendió durante aproximadamente ocho meses, desde su convocatoria en noviembre de 2025 hasta julio de 2026. Ese avance administrativo representa una buena noticia para Puerto Plata y el Cibao. No obstante, la adjudicación no despeja la principal preocupación sobre el modelo de negocios que sustentará la inversión: ¿quién asumirá el riesgo financiero del proyecto?
La carretera será una infraestructura de menos de 35 kilómetros de longitud (lo que representa una inversión superior a los 822 millones de pesos por kilómetro), con cuatro carriles y un tiempo de recorrido previsto inferior a los 30 minutos. Fortalecería la conectividad, el turismo y la competitividad logística del país, y seerviría de apoyo a iniciativas como Punta Bergantín, además de agilizar el transporte de mercancías y pasajeros entre dos de las regiones más productivas del territorio.
Sin embargo, recordamos el precedente de la Autovía Santo Domingo-Samaná, que dejó una costosa lección. En aquel contrato, el Estado garantizó a la empresa concesionaria una rentabilidad mínima. Si la cantidad de vehículos que utilizaba la autopista era menor a la proyectada, el Gobierno cubría la diferencia con dinero de todos los contribuyentes. Es decir, el riesgo del negocio lo asumió el Estado y durante años ese mecanismo obligó al Gobierno a desembolsar miles de millones de pesos para compensar a la empresa privada, convirtiendo una obra moderna y útil en un contrato financieramente cuestionado.
Precisamente para evitar repetir ese modelo, el presidente Luis Abinader anunció en septiembre de 2020 que la Autopista del Ámbar no se desarrollaría bajo el esquema del peaje sombra. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas ha sostenido que el nuevo mecanismo distribuye los riesgos de manera más equilibrada, haciendo depender la rentabilidad del desempeño real del proyecto y no de garantías estatales.
Las proyecciones oficiales estiman que por la nueva autopista circularán más de 3.5 millones de vehículos al año, equivalentes a unos 9,589 diarios. Pero las proyecciones siguen siendo estimaciones; nadie puede garantizar que el flujo real de vehículos será exactamente el previsto.
Aunque ya existe un adjudicatario, las autoridades todavía no han explicado públicamente cuál será el mecanismo mediante el cual los inversionistas recuperarán su capital ni cuál será la rentabilidad esperada. Especialistas en concesiones consideran razonable un rendimiento anual entre 10 % y 12 %, pero aún se desconoce la fórmula del retorno económico y si existiría alguna garantía estatal en caso de que el tráfico proyectado no se materialice.
Puerto Plata, Santiago y toda la región Norte necesitan esta autopista. La adjudicación constituye un paso importante después de varios retrasos y de un primer proceso de licitación que quedó desierto entre 2023 y 2024. Ahora corresponde que el Gobierno complete ese avance con absoluta transparencia sobre las condiciones financieras del contrato.
La Autopista del Ámbar debe convertirse en un símbolo de desarrollo, integración regional y crecimiento económico. Pero también debe demostrar que República Dominicana aprendió de las experiencias del pasado y que las grandes obras públicas pueden ejecutarse sin que, una vez más, las ganancias sean privadas mientras los riesgos terminen siendo públicos.
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