El Gobierno parece haber interpretado el respaldo obtenido en las urnas como un cheque en blanco para ejecutar proyectos de infraestructura. En Puerto Plata, donde el presidente Luis Abinader obtuvo 80,509 votos en las elecciones presidenciales de 2024 (el 54.76 % de los sufragios válidos emitidos), el anuncio de que “para el próximo mes (agosto) está previsto el inicio de la construcción de la Autovía del Ámbar” fue presentado como un hecho prácticamente consumado, un auténtico consummatum est. (Diario Libre, 25/7/2026).
La obra se presenta como el motor que reducirá a menos de 30 minutos el trayecto entre Santiago y Puerto Plata, impulsando el turismo, el comercio y la logística en la región Norte. Pero un proyecto de esta magnitud no puede decidirse únicamente por su importancia económica o por el respaldo político del Gobierno.
En un Estado de derecho, ninguna infraestructura de esta envergadura puede declararse lista para iniciar sin haber agotado todos los procedimientos previstos en la ley. Y es precisamente el propio ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, quien ha revelado la inconsistencia: en declaraciones recientes al programa Hoy Mismo, del canal 9, explicó que el proyecto se encuentra apenas en etapa inicial de diseño, sin contar aún con la ingeniería de detalle ni el trazado definitivo. Por esta razón, ese Ministerio no ha recibido la documentación necesaria para elaborar ni aprobar el estudio de impacto ambiental.
Es llamativo que el funcionario recuerde que una instrucción presidencial al inicio del mandato estableció que todas las obras públicas deben someterse obligatoriamente a evaluación ambiental (un paso calificado por él mismo como “sano” y necesario para fortalecer la institucionalidad), al tiempo que se confirme que la Autopista del Ámbar no cumple con ese requisito previo. Según la normativa vigente, solo cuando exista un diseño definitivo se podrá elaborar el estudio correspondiente, realizar las vistas públicas y obtener la llamada “licencia social”, para garantizar las medidas de mitigación y compensación correspondientes.
La Cordillera Septentrional es uno de los activos más valiosos del país: reserva estratégica de agua, refugio de biodiversidad y barrera natural contra fenómenos climáticos. Dar luz verde a una obra que atravesará su territorio sin conocer sus impactos reales es una apuesta irresponsable que compromete el patrimonio natural de todos los dominicanos.
Las dudas no se limitan al ámbito ambiental. Se trata de una inversión cercana a los 32,000 millones de pesos dominicanos para unos 32 kilómetros de vía (más de 900 millones por kilómetro), y aún se desconocen sus fundamentos financieros: no hay claridad sobre los mecanismos de recuperación de la inversión, la tasa de rentabilidad proyectada, el monto de los peajes, ni la distribución de riesgos entre el Estado y el concesionario.
Aunque las autoridades han reiterado que no se repetirá el esquema del "peaje sombra" utilizado en la Autovía Santo Domingo-Samaná, todavía no se conocen públicamente los mecanismos mediante los cuales se recuperará la inversión, cuál será la tasa de rentabilidad prevista, cuánto costarán los peajes, cuáles riesgos permanecerán en manos del Estado ni qué ocurrirá si el flujo vehicular proyectado —3.5 millones de vehículos al año— no llega a materializarse.
No cuestionamos la necesidad de mejorar la conexión entre Santiago y Puerto Plata: la vía actual es una herencia de décadas, con trazados peligrosos y altos índices de siniestralidad que frenan el desarrollo de toda la zona. Pero precisamente por su importancia estratégica, la legitimidad de la obra no puede basarse solo en la conveniencia política. El progreso duradero se construye cumpliendo la ley, no saltándose sus pasos.
Si el Gobierno aspira a dejar un legado de institucionalidad y transparencia, debe rectificar el rumbo: detener el anuncio de inicio de obras hasta que se completen todos los estudios técnicos, financieros y ambientales, se publiquen íntegramente los contratos y se garantice la participación ciudadana. De lo contrario, el consummatum est anunciado no será la señal del desarrollo, sino la confirmación de que el respaldo popular se ha convertido en carta blanca para poner la política por encima de la ley y del interés general.
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