En la entrega anterior examinamos la alimentación escolar como protección social y condición para desarrollar capacidades humanas. Como sabemos, esa función depende de la calidad, oportunidad e integridad con que se ejecutan los programas. De aquí que proteger al Inabie implica obligatoriamente esclarecer las irregularidades, corregir sus causas y preservar sus servicios.
Las denuncias conocidas en estos días abarcan supuestos cobros millonarios y arreglos con funcionarios para obtener adjudicaciones, cocinas inexistentes, habilitación de oferentes previamente excluidos e insuficiente capacidad productiva en proveedores de calzado. Son señalamientos que requieren pruebas, investigación rigurosa y respuestas individualizadas, sin convertir su divulgación en una condena anticipada, como ocurre con preocupante frecuencia en las redes sociales, donde la acusación suele hacer las veces de prueba y el juicio preceder al esclarecimiento de los hechos.
Los reportajes de Nuria Piera cuestionaron adjudicaciones a empresas de reciente constitución, representadas por jóvenes cuya experiencia y respaldo financiero fueron puestos en duda, así como cambios de condición entre la descalificación y la habilitación. La pregunta pertinente es cómo se comprobó la capacidad empresarial para cumplir contratos de la magnitud de los que se señalan. En ninguna parte la juventud acredita incompetencia, del mismo modo que la riqueza personal no garantiza idoneidad, resultando que ambas consideraciones resultan insuficientes para evaluar una oferta.
Existen, además, actuaciones oficiales que deben distinguirse de las denuncias. En agosto de 2025, la DGCP ordenó anulaciones y reevaluaciones en procedimientos de adquisición de mochilas y uniformes, señalando irregularidades documentales y deficiencias de evaluación, entre otros problemas. En septiembre de 2026 informó que verificaba 43 contratos suspendidos por el INABIE e investigaba beneficiarios finales junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría.
Desde esa perspectiva, las denuncias que sacuden al INABIE requieren esclarecimiento y reformas verificables, porque la confianza institucional se reconstruye protegiendo su misión. Las supuestas anomalías o inconductas deben corregirse sin detener los servicios, aun cuando la situación luzca opaca y compleja, como ocurrió durante los primeros meses de la gestión iniciada en noviembre de 2021 y concluida en agosto de 2025. El Inabie vive hoy un momento en que su crisis reputacional exige decisiones comprobables, responsables identificados y plazos públicos. Por otro lado, cada denuncia debe recibir una contestación sustentada en el expediente correspondiente, incluyendo las medidas adoptadas y las razones para archivar un señalamiento cuando las pruebas no lo sostengan.
Entendemos que la primera medida debe comenzar antes de designar al director ejecutivo. Proponemos una evaluación exhaustiva de antecedentes penales, sanciones firmes, trayectoria profesional, conflictos de interés y vínculos empresariales relevantes. La confianza presidencial debe apoyarse en integridad e idoneidad demostrables, mediante comprobaciones legales y documentadas.
En este país la declaración jurada patrimonial necesita una verificación reforzada de activos, pasivos, participaciones empresariales y fuentes de ingresos, al comenzar y concluir la gestión, con seguimiento durante su ejercicio. La Ley 311-14 atribuye funciones de control y fiscalización a la Cámara de Cuentas; esta capacidad debe ser fortalecida para contrastar lo declarado con sus soportes y esclarecer inconsistencias. ¡Dejemos de presentar formularios que muchos firman fuera de plazo o simplemente no firman porque saben que no obligan a rendir cuentas al final de la jornada!
Proponemos también una auditoría institucional previa a la toma de posesión, integrada en un protocolo permanente de transición. Contratos, deudas, inventarios, litigios y hallazgos pendientes deben constar en un acta verificable. En el caso de que la auditoría no pueda concluir antes del relevo, debería fijarse un plazo público y breve, preservando expedientes y servicios. Como hemos sustentado muchas veces desde esta columna, la continuidad del Estado necesita memoria documental, especialmente en instituciones que gestionan miles de millones de pesos de los contribuyentes.
Igualmente, un grupo de especialistas independientes, de reconocida solvencia técnica y profesional, debe acompañar la elaboración y modificación de los pliegos. Su selección será transparente, con declaraciones de intereses y opiniones documentadas, conservando las responsabilidades de las autoridades competentes. Cada modificación necesita justificación, publicidad y tiempo suficiente para que los participantes compitan en igualdad. Una vez concluida la versión final de estos pliegos, debería publicarse en un medio de circulación nacional.
Hemos visto cómo los cuestionamientos sobre cambios tardíos en los pliegos terminan requiriendo la reconstrucción de versiones, fechas, autores y efectos. La DGCP informó que remitió observaciones obligatorias en diciembre de 2025, acogidas por el INABIE, pero ignoramos cuáles fueron los cambios introducidos y queda fuera de discusión que debieron publicarse oportunamente. En todas partes corregir un requisito puede ser necesario: con lo que nunca estaríamos de acuerdo es con la introducción de ventajas injustificadas porque entonces la investigación y las consecuencias administrativas o penales se tornan perentorias.
Los requisitos, ponderaciones y desempates deben conocerse antes de recibir propuestas, al mismo tiempo que la metodología de adjudicación debe enriquecerse mediante consultas públicas, sin convertir el consenso en negociación de contratos, que en nuestro medio es un verdadero peligro. El peritaje exige competencia verificable, auditoria competente, independencia, recusación y registros confiables de inspección. Deben publicarse los resultados que pasaron el filtro del escrutinio competente en los portales oficiales, pudiendo ser útil su exposición resumida en un diario de circulación nacional, con acceso al expediente completo.
Siempre insistimos en la conformación de un comité de enlace empresarial plural que permita expresar objeciones y proponer reformas mediante actas públicas. Las consultas con los órganos rectores deben ser permanentes y documentadas y una veeduría ciudadana independiente complementaría ese acompañamiento, vigilando los procedimientos sin intervenir en las adjudicaciones.
La capacidad del proveedor debe comprobarse mediante instalaciones, producción, personal, financiamiento y beneficiarios finales. Las inspecciones periódicas y aleatorias deben verificar que esas condiciones se mantienen durante la ejecución. No debe perderse de vista que el apoyo a las mipymes exige requisitos proporcionales y oportunidades reales, junto con garantías de cumplimiento (conforme con el nuevo Código Penal).
Completaría estas medidas con personal profesional estable, canales de denuncia protegidos, controles sanitarios independientes y trazabilidad de entregas y pagos, y cada corrección debe tener responsable, plazo e indicador público.
El estudiante no puede pagar el costo de la corrupción, la improvisación ni las disputas administrativas. La integridad del INABIE también se mide en las oportunidades que logra mantener abiertas.
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