Más de 6,000 empresarias respaldadas: el Tribunal Constitucional valida las cuotas de género en el mercado público dominicano

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia TC/0556/26, que rechaza una acción de inconstitucionalidad contra las cuotas de contratación pública reservadas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) lideradas por mujeres. La decisión, publicada el 21 de julio de 2026, consolida las acciones afirmativas como herramientas legítimas del Estado para corregir desigualdades estructurales en el mercado público.

La demanda, presentada por el ciudadano Luis de Jesús Rodríguez Núñez, alegaba que las cuotas violaban el principio de igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal distinguió entre igualdad formal y material, estableciendo que las cuotas no constituyen privilegios, sino mecanismos necesarios para garantizar condiciones reales de equidad.

Raquel Miranda, directora jurídica de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), explicó en el programa Mirada Femenina que la institución presentó un amicus curiae con datos que evidencian la brecha persistente en la participación de las mujeres en el mercado público. “Como mujer y servidora pública, esta decisión me motiva aún más a seguir trabajando por la inclusión y el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el mercado público”, expresó Miranda, citando a Madeleine Albright: “Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres”.

Actualmente, más de 6,000 empresarias cuentan con certificación MIPYMES Mujer, y su participación ya supera el 10% del total de contratistas del Estado. La DGCP ha capacitado a más de 13,000 mujeres para acceder a licitaciones y acompaña a las empresarias en todo el proceso de contratación.

El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, destacó que el fallo consolida un modelo de contratación pública estratégica: el Estado utiliza su poder de compra no solo para adquirir bienes y servicios, sino también para reducir brechas históricas y promover la igualdad de género.

La sentencia armoniza el ordenamiento jurídico dominicano con compromisos internacionales como la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y el ODS 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Del discurso a la acción

La presencia de las mujeres en las compras públicas dominicanas ha dejado de ser una nota al pie para convertirse en una historia de transformación económica y social. Hoy, más de seis mil empresarias cuentan con la certificación oficial MIPYMES Mujer, otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio, lo que les permite competir en igualdad de condiciones por contratos del Estado. Este grupo representa ya más del diez por ciento de todas las pequeñas y medianas empresas que participan en los procesos de contratación pública, una cifra que hace apenas una década era marginal.

La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) ha sido clave en este avance, explica Miranda. A través de programas de formación y acompañamiento, ha capacitado a más de trece mil mujeres para que puedan presentar ofertas, cumplir con los requisitos técnicos y acceder a licitaciones estatales. La ley establece que el treinta por ciento de las contrataciones públicas debe dirigirse a MIPYMES, y dentro de ese porcentaje, un diez por ciento está reservado exclusivamente para las lideradas por mujeres.

El impacto de esta política se refleja en la vida cotidiana. El Estado, que mueve más del 32% por ciento del presupuesto nacional mediante compras públicas, se ha convertido en el mayor cliente de miles de mujeres que antes trabajaban de manera informal. Desde reposteras y artesanas hasta consultoras, médicas y proveedoras de bienes estandarizados, las empresarias dominicanas han encontrado en el mercado público una vía para crecer y generar empleo. Historias como la de Gisel Espinal, quien pasó de hornear pasteles en su casa a convertirse en proveedora del Estado, ilustran cómo estas cuotas no solo abren puertas, sino que multiplican oportunidades y fortalecen la autonomía económica femenina.

La DGCP, a través de Miranda, insiste en que estas medidas no son privilegios, sino herramientas correctivas frente a las barreras históricas que han limitado el acceso de las mujeres al mercado: la falta de financiamiento, las redes de contacto restringidas y la carga del trabajo doméstico no remunerado.

La participación femenina en las compras públicas ya no es marginal. Se ha convertido en un pilar de la política de igualdad económica en la República Dominicana, con respaldo constitucional y un impacto directo en la vida de miles de familias que hoy dependen de la capacidad y el liderazgo de las mujeres empresarias.

¿Cuáles son los pasos para ser proveedora del Estado?

Convertirse en proveedora del Estado dominicano es un proceso formal, pero accesible si se siguen los pasos establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM). Los pasos, explicados por Miranda, son los siguientes:

1. Formalizar la empresa

• Antes de todo, la persona interesada debe tener una empresa legalmente constituida.
• Registrar el negocio en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para obtener el RNC.
• Inscribirse en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y cumplir con las obligaciones laborales básicas.
• Contar con un domicilio fiscal y documentación actualizada (estatutos, acta constitutiva, cédula o pasaporte del representante legal).

2. Obtener la certificación MIPYMES

• El MICM emite la certificación que acredita a la empresa como micro, pequeña o mediana.
• Se solicita en línea a través del portal del MICM.
• Es gratuita y se entrega en un plazo de dos a tres días hábiles.
• Para las MIPYMES Mujer, se debe demostrar que más del 50 % de las acciones pertenece a una mujer y que ella lidera la empresa.

3. Registrarse como proveedora del Estado

Una vez certificada, la empresa debe inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), administrado por la DGCP.

• El registro se realiza en línea en el portal comprasdominicana.gob.do.
• Se deben subir los documentos legales y fiscales requeridos.
• Al completar el proceso, la empresa obtiene un número de proveedor que le permite participar en licitaciones.

4. Capacitación y acompañamiento

• La DGCP ofrece talleres y asesorías para orientar a las nuevas proveedoras.
• Se capacita en temas como licitaciones, presentación de ofertas, cumplimiento de requisitos técnicos y financieros.
• Las mujeres empresarias pueden acceder a programas específicos de formación y acompañamiento dentro de la Dirección de Fomento al Mercado Público.

5. Participar en procesos de contratación

• Con el registro activo, la empresa puede ofertar en los procedimientos de compras públicas.
• Las instituciones del Estado están obligadas a destinar el 30 % de sus contrataciones a MIPYMES, y dentro de ese porcentaje, un 10 % a las lideradas por mujeres.
• Las oportunidades se publican en el portal de la DGCP y en los sitios web de cada institución.

6. Cumplir con las obligaciones posteriores

Una vez adjudicado un contrato, la empresa debe:

• Entregar los bienes o servicios conforme a lo pactado.
• Emitir facturas válidas y cumplir con los plazos de pago establecidos.
• Mantener actualizada su información en el RPE para futuras licitaciones.