Las redes sociales no son para adolescentes

¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas horas de vida le has entregado esta semana al celular? ¿Tienes claro qué aplicaciones concentran la mayor parte de ese tiempo? Más aún, ¿revisas con frecuencia tu tiempo en pantalla o ni siquiera sabes dónde encontrar ese dato?

Si estás leyendo este artículo —salvo que en tu infancia hayas pasado más hambre que el Chavo del 8, o que en la adolescencia hayas convertido a Romito en tu amigo fiel y tutor académico— tu corteza prefrontal, esa región de cerebro encargada del autocontrol y la toma de decisiones, ya alcanzó su madurez biológica. En otras palabras, eres una persona adulta plenamente funcional, que como diría Freud, ya deberías tener a tus impulsos bajo control y supervisión… no trabajando tiempo extra cada vez que el celular vibra.

Así que, en teoría, no reaccionas a cada notificación como si tu vida dependiera de ella. No desbloqueas el celular por reflejo condicionado. No te dejas arrastrar por el scroll infinito en Instagram o TikTok como si tu dedo pulgar tuviera vida propia. Eres el jinete racional que conduce con elegancia al elefante irracional del que hablaba Daniel Kahneman. Una pieza maestra de la racionalidad y el autocontrol… o al menos eso te gusta creer.

Esos minutos u horas que pasas en redes sociales no tiene nada que ver, claro está, con un modelo algorítmico entrenado para aprender qué te interesa, qué te engancha y cuánto tiempo puede mantenerte mirando la pantalla. Un sistema alimentado con más datos que la basura acumulada durante años en el vertedero de Duquesa y respaldado por miles de millones de dólares destinados a anticipar tus deseos antes de que tú mismo sepas que los tienes.

No, qué va. Es porque querías desconectarte y botar el golpe. Porque estabas poniéndote al día con la farándula, la política o la más reciente controversia del AlofokeVerso. Son solo un par de minutos que, por alguna extraña dilatación del espacio-tiempo digital, terminan pareciéndose sospechosamente a una hora o más. El elefante toca la pantalla, el jinete justifica… la casa siempre gana y todos contentos.

Ahora bien, si a nosotros nos cuesta resistir una arquitectura digital diseñada con precisión quirúrgica para capturar nuestra atención, ¿qué ocurre con nuestros adolescentes, cuyo cerebro aún está en proceso de consolidación? ¿Qué pasa cuando el sistema de recompensas funciona a máxima potencia, mientras el sistema de autocontrol todavía está en construcción? ¿Qué margen real de defensa tienen frente a plataformas cuyo diseño, como ha señalado Tristan Harris, persigue simultáneamente mantenernos conectados el mayor tiempo posible, expandir continuamente su base de usuarios y monetizar esa atención mediante publicidad? La respuesta a esas preguntas no puede limitarse a un llamado abstracto al autocontrol; exige repensar las condiciones de acceso.

Restringir el acceso a los adolescentes a las redes sociales no equivale a prohibirlo de manera absoluta. Más bien supone dilatarlo. Es decir, desplazarlo hacia una etapa del desarrollo en la que sus capacidades de autocontrol estén más consolidadas. Del mismo modo que en nuestro país, según las leyes, no se permite conducir antes de los 16 años ni consumir alcohol hasta los 18, posponer el ingreso a redes sociales responde a un criterio de maduración, no a un arrebato prohibicionista ni a una tijera moral.

De hecho, en el debate internacional reciente, autores influyentes como Jonathan Haidt han defendido explícitamente la norma de “no redes sociales hasta los 16”, argumentando que la combinación de hiperconectividad temprana, exposición constante a validación social digital y algoritmos optimizados para maximizar la permanencia coincide con una etapa de alta vulnerabilidad neurobiológica y emocional. A su juicio, retrasar el acceso no busca aislar a los jóvenes del mundo digital, sino proteger un período crítico del desarrollo en el que la sensibilidad a la recompensa y la comparación social es particularmente intensa.

Si incluso los adultos sucumbimos con frecuencia a estos entornos, depositar toda la responsabilidad en el autocontrol adolescente resulta, como mínimo, ingenuo. En otras palabras, confiar exclusivamente en la fuerza de voluntad frente a un sistema diseñado para generar dependencia y monetizar nuestra atención ha demostrado ser tan efectivo como aceptar ir a Distribuidora Corripio en Black Friday solo a mirar… y esperar regresar a casa con las manos vacías y la conciencia tranquila.

Además, los efectos negativos asociados al uso intensivo de redes sociales no se limitan al riesgo de exposición a contenido inapropiado o abiertamente adulto. A ello se suman fenómenos como la comparación social constante, la ansiedad derivada de la validación pública, la alteración de los patrones de sueño y la reducción del tiempo dedicado a actividades presenciales fundamentales para el desarrollo socioemocional, efectos ampliamente documentados por investigaciones en psicología del desarrollo adolescente, como las de Jean Twenge. A lo anterior se agrega la lógica de recompensas intermitentes (“likes”, notificaciones, mensajes) que refuerza conductas repetitivas y dificulta la autorregulación.

Por otra parte, diversos estudios han documentado asociaciones entre uso prolongado y mayores niveles de malestar emocional, incluyendo síntomas depresivos, ansiedad y conductas relacionadas con el suicidio, particularmente entre adolescentes del sexo femenino. A su vez, investigaciones del Pew Research Center, muestran que un porcentaje significativo de jóvenes reconoce pasar “demasiado tiempo” en estas plataformas y declara haber intentado, sin éxito, reducir su uso. En consecuencia, no estamos ante percepciones aisladas de padres alarmistas, sino frente a evidencia empírica que invita, como mínimo, a la cautela.

Mientras tanto, en distintas partes del mundo la discusión ha comenzado a desplazarse desde la autorregulación hacia la regulación pública. Algunos países han comenzado a avanzar en medidas concretas o en propuestas legislativas para limitar el acceso de menores a las redes sociales. Por ejemplo:

• Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años y obliga a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube y X, entre otras, a implementar “medidas razonables” destinadas a impedir el acceso de menores y a incorporar tecnologías de verificación de edad.
• El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, junto con la adopción de nuevas medidas destinadas a reforzar el control sobre las plataformas digitales y exigir mayores responsabilidades a sus directivos ante posibles infracciones.
• Francia aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso de redes por menores de 15 años, sujeto a aprobación parlamentaria y debate en el Senado.
• Dinamarca está planificando una normativa para restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años, con posibles excepciones con consentimiento parental.
• Otros países europeos como Grecia, Italia, Alemania y Reino Unido están considerando restricciones similares o iniciativas para reforzar la verificación de edad y la responsabilidad de las plataformas.

Asimismo, se debate la implementación de sistemas tecnológicos que permitan acreditar la edad sin vulnerar la privacidad, en línea con la tendencia general que apunta a reconocer que el problema no se resuelve apelando exclusivamente a la voluntad individual ni familiar, sino mediante marcos jurídicos que asignen responsabilidad tanto a los Estados como a las plataformas tecnológicas.

En la República Dominicana, el marco jurídico vigente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes —en particular el artículo 56 de la Constitución y la Ley No. 136-03— consagra el principio del interés superior y establece deberes de asistencia y protección para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio de sus derechos. No obstante, la transformación del entorno digital plantea riesgos y dinámicas que no estaban en el centro del debate cuando se formularon muchas de estas normas, por lo que resulta razonable abrir una discusión sobre medidas más específicas, incluida la verificación de edad y las condiciones de acceso, así como el desarrollo de una infraestructura tecnológica adecuada para su eventual implementación.

En este sentido, la incorporación, por parte de la JCE, de una nueva cédula con capacidades digitales ampliadas podría facilitar procesos de verificación de edad, permitiendo además garantizar la seguridad, la integridad y la confidencialidad de la información asociada a los menores. No obstante, cualquier medida deberá ponderar cuidadosamente dimensiones jurídicas, técnicas y éticas, de modo que se aseguren la viabilidad operativa del sistema y la proporcionalidad de la intervención estatal, en estricto respeto a los principios de protección de datos personales.

La pregunta ya no es si las redes sociales forman parte de la vida contemporánea, porque lo hacen, sino cuándo y en qué condiciones deberían incorporarse a la vida de un adolescente, ya que, si aceptamos que incluso nosotros, los adultos, sucumbimos ante las redes sociales, sostener que los adolescentes pueden autorregularse sin restricciones o trasladando la responsabilidad a las familias bajo la etiqueta de “control parental”, parece más un acto de fe que una política responsable.

Tal vez suene drástico, y no faltarán quienes se opongan a la idea de restringir el acceso de los adolescentes a redes sociales, apelando a la libertad individual o trasladando toda la responsabilidad a las familias. De hecho, en los países donde este tipo de regulaciones se ha planteado, esa oposición ha provenido con frecuencia de quienes viven, directa o indirectamente, de la economía de la atención digital: plataformas, creadores de contenido e incluso actores políticos que encuentran en las audiencias jóvenes un espacio privilegiado para ampliar influencia, fidelizar seguidores y monetizar visibilidad.

Al rechazar cualquier forma de corresponsabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas, esta postura termina presentando la protección de los adolescentes como una tarea casi exclusiva del ámbito familiar, pese a que las redes sociales han sido diseñadas y perfeccionadas continuamente, respaldadas por recursos tecnológicos y financieros descomunales, para capturar y comercializar la atención humana con eficacia comprobada. En ese contexto, pedir a los padres que enfrenten solos estas plataformas digitales equivale a pedirle a cualquier persona común que corra los 400 metros contra la campeona olímpica Marileidy Paulino… y llamar a eso una competencia justa.

Experiencias recientes como la de Australia muestran que el debate ya no gira en torno a si los jóvenes utilizarán o no las redes sociales, sino a cuándo y bajo cuáles condiciones deberían hacerlo. Lejos de tratarse de una prohibición absoluta, la apuesta consiste en retrasar el momento en que los adolescentes ingresan plenamente a un ecosistema digital diseñado para competir por su atención, trasladando además parte de la responsabilidad hacia quienes crean y operan estos entornos. Ninguna reforma de esta naturaleza será perfecta ni eliminará todos los riesgos; pero, como ocurre con muchas decisiones orientadas a proteger etapas críticas del desarrollo humano, las sociedades avanzan aun sin certezas absolutas.

En definitiva, la pregunta no es si los adolescentes deben vivir en el mundo digital, sino si los adultos estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de cuidar el momento en que llegan a él. Porque ningún país construye su futuro dejando desprotegida la etapa en la que su juventud apenas está aprendiendo a elegir quién quiere ser.