La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una declaración en la que condena las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, con casos que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad, al tiempo que, en un gesto de diálogo, pidió al país centroamericano que vuelva a formar parte del organismo regional.
La declaración, aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General que se celebra en Panamá, condenó "las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, documentados por los mecanismos internacionales", entre ellos algunos que "podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad".
Además de expresar "su profunda preocupación (…) por el socavamiento sistémico del orden democrático y las instituciones en Nicaragua, caracterizado por la eliminación de la separación de poderes".
Así, llamó la atención por el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, pidió "liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitraria o injustamente, incluidas todas las personas sometidas a desaparición forzada o cuyo destino o paradero se desconoce".
La víspera, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgó un análisis que concluyó en que "Ortega y Murillo consolidan su poder en Nicaragua bajo una estela de muerte".
La OEA hoy también recordó la muerte reciente bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera "pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", y subrayó la importancia de "la verdad, la justicia y la reparación" para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Además instó a las autoridades nicaragüenses a respetar la libertad de expresión, de religión o creencias, y a cesar las medidas para despojar o negar la ciudadanía a sus nacionales, garantizando el retorno seguro de los nicaragüenses en el extranjero y en exilio que desean retornar a Nicaragua, sin temor a represalias.
Nicaragua atraviesa esta crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".
La declaración de la OEA pidió así al Estado de Nicaragua "que garantice una participación política amplia y efectiva, estableciendo las bases para futuros procesos electorales de conformidad con las normas interamericanas".
Precisamente fue en noviembre de 2021, días después de la reelección para ese quinto mandato, que el Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA, que dio inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización.
Sin embargo, la declaración de hoy dejó un espacio al diálogo con el llamado a que Nicaragua regrese a la OEA, "reiterando la disposición de los estados miembros a facilitar dicho proceso".
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