La Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) inició su despliegue escalonado con tropas chadianas y un nuevo comandante mongol, pero enfrenta un escenario de extrema complejidad: pandillas que controlan la capital, milicias privadas con drones y un gobierno de transición sin rumbo electoral.
Así comienza un reportaje que publica hoy jueves PassBlue, un medio de prensa digital independiente liderado por mujeres, sin fines de lucro, con sede en EEUU, y una línea editorial que pone un fuerte énfasis en la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el impacto geopolítico en los ciudadanos.
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Sin embargo, ese silencioso arribo marcó el inicio de algo que muchos en Haití esperaban desde hacía meses: el despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), la nueva misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El 14 de mayo, el mayor general Erdenebat Batsuuri, de Mongolia, llegó a Puerto Príncipe para asumir el mando de la fuerza.
Con 30 años de experiencia militar y el liderazgo previo de la misión de paz de la ONU en Chipre, Batsuuri encabezará un contingente que ya superó el límite de 5.500 efectivos comprometidos, según informó el representante especial de la ONU para Haití, Carlos Ruiz-Massieu, ante el Consejo de Seguridad el 23 de abril.
Un mandato más amplio que su predecesora
La GSF fue autorizada en septiembre de 2025 por iniciativa de Estados Unidos y Panamá como sucesora de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, que nunca logró desplegar más de 1.000 de los 2.500 efectivos autorizados y sufrió de financiamiento crónico insuficiente.
El nuevo mandato es más ambicioso: operaciones contra pandillas basadas en inteligencia, protección de infraestructura, facilitación del acceso humanitario y colaboración con la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas haitianas, con autoridad explícita para arrestar a miembros de pandillas y confiscar sus armas.
A finales de abril, 400 militares chadianos ya estaban sobre el terreno. Chad se comprometió a enviar un batallón completo de 1.500 efectivos. Bangladesh prometió otros 1.500; Guatemala continuará su participación con unos 600 oficiales; Mongolia aportará 100 efectivos además de su comandante. Costa de Marfil y Sri Lanka también se suman por primera vez, aunque sus cifras definitivas no se han hecho públicas.
El representante especial Jack Christofides, sudafricano y exfuncionario de paz de la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad que el plan operativo ya está finalizado. "No partimos de cero, pero sí de una manera diferente", afirmó. Las operaciones formales deben comenzar el 1 de junio, aunque el despliegue total de los 5.500 efectivos se espera recién "entre el otoño y finales de año".
Financiamiento más sólido, pero incompleto
A diferencia de la misión keniana, la GSF cuenta con una base financiera más robusta. Según el fondo fiduciario supervisado por la ONU —originalmente creado para la MSS—, 13 países han comprometido aproximadamente 203 millones de dólares, de los cuales 174 millones son en efectivo y 66 millones ya fueron desembolsados.
Canadá y Alemania lideran las contribuciones. Qatar anunció 30 millones de dólares a desembolsar en tres años.
La República Dominicana, por su parte, formalizó ante la ONU una contribución de 20 millones de dólares —10 millones de forma inmediata y 10 millones en 2027—, según confirmó el canciller Roberto Álvarez, quien subrayó que la estabilización de Haití es una prioridad estratégica para toda la región.
Canadá, que preside el Grupo Permanente de Socios junto a Estados Unidos, ha aportado más de 126 millones de dólares al GSF y a su predecesora, destinados a capacitación, equipamiento y prevención de la explotación sexual.
La violencia no espera
Mientras la fuerza se organiza, Haití sangra. La ONU documentó un alarmante aumento de la violencia de género en el primer trimestre de 2026: casi 21 casos al día, de los cuales más del 70% son violaciones —un incremento del 43% respecto al trimestre anterior—, cometidas principalmente por grupos armados contra mujeres y niñas.
Las pandillas controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y han desplazado a más de 1,4 millones de personas de sus hogares. El gobierno de transición, incapaz de fijar una fecha electoral, representa un vacío de poder que las bandas armadas han sabido explotar.
"El GSF no puede actuar con la suficiente rapidez", reconocen fuentes cercanas a la misión. La situación de seguridad empeora cada mes.
La sombra de Erik Prince
Antes de que la GSF pudiera organizarse, otra fuerza ya operaba en Puerto Príncipe: Vectus Global, empresa militar privada dirigida por Erik Prince, fundador de Blackwater. Con un contrato firmado con el gobierno de transición haitiano —cuyo contenido no ha sido divulgado—, Vectus lleva meses utilizando drones cuadricópteros con explosivos en barrios densamente poblados de la capital.
Según Human Rights Watch, entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, al menos 1.243 personas murieron en 141 operaciones con drones, incluyendo 17 niños.
Un informe de derechos humanos de la ONU reveló que más del 60% de las víctimas mortales en Haití durante ese período se produjeron en operaciones en las que participaron el gobierno y Vectus Global. Algunos de esos ataques, según HRW, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Haití confirmó ante un comité del Senado que el Departamento de Estado autorizó formalmente la exportación de los servicios de Vectus al país caribeño.
La GSF, por su parte, evita pronunciarse sobre el tema. "La GSF no se pronuncia sobre el derecho soberano de Haití a involucrar a los actores de seguridad en sus esfuerzos por abordar la amenaza de las pandillas", declaró Jonathan Boulet-Groulx, jefe de comunicaciones estratégicas de la fuerza.
El embajador canadiense ante la ONU, David Lametti, reconoció que la presencia de Vectus "aumenta la complejidad", aunque insistió en que los contratistas privados responden al Estado haitiano y no a la cadena de mando de la GSF. "En última instancia, el Primer Ministro es el responsable de ellas", afirmó.
Una arquitectura institucional inédita
La GSF opera dentro de una estructura sin precedentes. Christofides rinde cuentas al Grupo Permanente de Socios —liderado por EE.UU. y Canadá, con El Salvador, Guatemala, Jamaica y Bahamas— y al Consejo de Seguridad de la ONU. El mayor general Batsuuri reporta directamente a Christofides.
La misión trabaja en coordinación con la BINUH (misión política de la ONU en Haití), la OEA y una nueva entidad creada específicamente para este despliegue: la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), dirigida por la experta en mantenimiento de la paz Daniela Kroslak.
Al 7 de mayo, la UNSOH contaba con 231 empleados locales e internacionales.
La UNSOH proveerá apoyo logístico, técnico y administrativo —raciones, combustible, agua, servicios médicos, transporte—, pero no participará directamente en operaciones contra pandillas.
Sobre las reglas de enfrentamiento, Lametti fue explícito: "Van a disponer de fuerza letal. Podrán protegerse. Podrán proteger a los haitianos. Y eso supone una gran diferencia con respecto a misiones anteriores".
¿Alcanzará esta vez?
Los observadores coinciden en que el éxito de la GSF depende de su capacidad para proteger a los civiles sin repetir los errores —y los abusos— de la misión keniana.
Un informe reciente de la ONU reveló que miembros del MSS presuntamente cometieron actos de violencia sexual en Haití, incluyendo la violación de una niña de 12 años y dos jóvenes de 16. El gobierno keniano niega los cargos, pero la ONU señala que solo se realizó una investigación interna en uno de los casos.
"Existe un entendimiento de que debemos hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes", dijo Lametti. "Estamos luchando contra las pandillas. Las pandillas están arraigadas en las comunidades. Comprendemos los riesgos que esto conlleva".
El pueblo haitiano, que lleva años esperando que una promesa internacional se convierta en paz real, comprende esos riesgos mejor que nadie.
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