La devastación provocada por el doble sismo del 24 de junio de 2026 trasciende la dimensión humanitaria y la reconstrucción dependerá de la capacidad institucional, el impacto de las sanciones internacionales y el papel de los organismos multilaterales.
Los terremotos que sacudieron el norte central de Venezuela hace exactamente un mes no solo dejaron miles de víctimas y pérdidas económicas multimillonarias.
Desde una perspectiva geopolítica, lo sucedido y el porvenir desnuda la relación entre capacidad estatal, aislamiento financiero, gobernanza y cooperación internacional. Es decir, el fenómeno natural puso a prueba lo que es el Estado bolivariano chavista-madurista para su ciudadanía y lo que es el tejido internacional regional contemporáneo.
La emergencia expone una contradicción estructural: Venezuela necesita enormes recursos externos para reconstruirse, pero al mismo tiempo enfrenta restricciones financieras derivadas tanto de sus propias calamidades internas como del régimen internacional de sanciones presentadas como castigo a derivas antidemocráticas.
Esta doble limitación condiciona no solo la velocidad y la calidad de la recuperación, sino también el margen de maniobra político de un país polarizado.
Los terremotos también moverán presumiblemente el escenario políticos, acelerarán reformas institucionales y redefinirán relaciones internacionales de una nación que este año entró en la fase post chavista-madurista.
Desde Haití y Chile en 2010 hasta Turquía en 2023, pasando por Japón en 2011, la gestión posterior al desastre ha terminado siendo casi tan importante como el propio fenómeno geológico.
El terremoto como radiografía del Estado
Las pérdidas físicas directas alcanzan, según un cálculo inicial de la ONU, los 19 mil 600 millones de dólares, concentradas principalmente en viviendas, infraestructura y edificaciones no residenciales.
La mayor parte del impacto se localiza en La Guaira y el Distrito Capital, seguidos por Miranda y Carabobo, donde se concentra la mayor actividad económica del país.
Sin embargo, la dimensión financiera constituye apenas una parte del problema. Los análisis de gestión del riesgo coinciden en que el número de víctimas y la rapidez de la recuperación dependen menos de la intensidad del fenómeno natural que de la fortaleza institucional existente antes del desastre.
El politólogo estadounidense Francis Fukuyama sostiene que la capacidad estatal descansa sobre la existencia de instituciones eficaces, recursos suficientes y legitimidad política para ejecutar decisiones públicas. Como resume una de sus ideas más conocidas, "el Estado debe ser fuerte, no necesariamente grande", enfatizando que la eficacia administrativa resulta determinante.
Demostrada una vez más que los terremotos no crean la fragilidad institucional, sino que simplemente la hacen visible, lo sucedido en Venezuela confirma lo que sostiene la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR): la diferencia no la marca los países que reaccionan mejor después de una catástrofe, sino los que previamente construyeron capacidades permanentes para prevenir, coordinar y reconstruir rápidamente.
Desde esta forma, la emergencia funciona como una auditoría del funcionamiento del Estado.
Una capacidad limitada frente a una emergencia extraordinaria
Entre las limitaciones operativas observadas durante las primeras semanas posteriores al desastre venezolano destaca el déficit de equipos especializados para búsqueda y rescate.
La escasez de maquinaria para remover escombros, las enormes carencias del sistema hospitalario, los problemas prexistentes en agua potable, electricidad y telecomunicaciones, así como restricciones presupuestarias para movilizar recursos a gran escala, brillan sin disimulo.
Aunque organismos nacionales como Protección Civil y los cuerpos de bomberos activaron operaciones de emergencia, la magnitud del terremoto sobre un país desajustado superó ampliamente las capacidades disponibles.
En justicia, este patrón no es exclusivo de Venezuela. Cada desastre natural hace visible lo disimulado en tiempos normales: coordinación interinstitucional, capacidad logística, disponibilidad de recursos humanos especializados y rapidez en la toma de decisiones.
Las capacidades estatales constituyen el principal determinante del éxito durante las fases de prevención, respuesta y reconstrucción. En el caso venezolano, no faltó quien puso GPS en donaciones para hacerle seguimiento y en algo evitar que llegara a manos de la corrupción, aliada estrecha de la ineficacia.
Cuando la geopolítica condiciona la reconstrucción
La incorporación del contexto internacional impide caer en explicaciones simplistas, porque a la realidad nacional debe sumarse las sanciones internacionales. Hay una interacción entre factores.
Las limitaciones internas derivadas de la reducción y desvío de ingresos públicos, añade pérdida de capacidades técnicas, mano de obra exiliada y deterioro previo y progresivo de parte de la infraestructura nacional.
Por otra parte, el acceso al financiamiento internacional continúa condicionado por un complejo entramado de restricciones financieras y elevado riesgo país.
Ahora mismo, el Estado necesita financiamiento externo precisamente porque carece de recursos suficientes para afrontar la reconstrucción.
El problema del "sobrecumplimiento"
Uno de los conceptos más escuchados en estos días es el denominado "sobrecumplimiento" (overcompliance). Aunque las sanciones estadounidenses y europeas contemplan excepciones para operaciones humanitarias, numerosas entidades financieras evitan las transacciones relacionada con Venezuela por temor a incumplir regulaciones internacionales.
En la práctica, ello produce consecuencias económicas significativas que retrasan las transferencias internacionales, aumentan los costos financieros y disminuye la disposición de bancos y aseguradoras para participar en operaciones relacionadas con el país.
Obviamente esto ralentiza los procesos de contratación internacional indispensables durante una reconstrucción de gran escala.
La relatora especial de Naciones Unidas Alena Douhan advirtió que las sanciones pueden producir "efectos devastadores sobre los derechos humanos" cuando, aun existiendo excepciones humanitarias, terminan dificultando el funcionamiento normal de operaciones financieras esenciales para la población.
Desde una perspectiva geopolítica, esta situación genera una contradicción tan evidente como compleja. Las excepciones legales existen, pero son numerosas las instituciones que evitan cualquier exposición al riesgo regulatorio.
Como resultado, la generosa disponibilidad formal de ayuda internacional en la práctica no siempre se traduce en acceso efectivo a ella.
Reconstruir mucho más que edificios
La experiencia internacional demuestra que las grandes reconstrucciones nunca consisten únicamente en levantar viviendas destruidas. Cada desastre obliga a redefinir prioridades nacionales.
¿Qué infraestructura se reconstruye primero?, ¿Cómo se financia?, ¿Qué instituciones administran los recursos? ¿Qué mecanismos de transparencia se implementan? Todas estas preguntas trascienden la ingeniería porque pertenecen al ámbito de la gobernanza.
La UNDRR lo apunta al resumirlo en su principio "Build Back Better" ("Reconstruir mejor"), que propone aprovechar la recuperación para reducir vulnerabilidades futuras y fortalecer la resiliencia institucional.
Ello implica no solo reconstruir hospitales, carreteras o viviendas, sino modernizar normas de construcción, fortalecer los sistemas de protección civil, mejorar la planificación y desarrollar mecanismos permanentes de prevención.
En países con instituciones sólidas, los grandes desastres han servido para acelerar procesos de modernización. En Estados con capacidades limitadas, por el contrario, la reconstrucción puede convertirse en un nuevo factor de tensión política, económica y social.
El regreso de los organismos multilaterales
Uno de los aspectos más significativos en este caso es el renovado protagonismo de los organismos multilaterales en la respuesta a la emergencia. Tras años de aislamiento financiero y de una relación limitada con buena parte de la arquitectura internacional de desarrollo, el terremoto duplicado cambió este escenario.
El Gobierno de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge, presidente del Parlamento, coordina asistencia técnica y financiera con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), instituciones que poseen amplia experiencia en procesos de recuperación posteriores a desastres naturales.
Este cambio muestra una dimensión geopolítica evidente, ya que la reconstrucción no será un asunto exclusivamente nacional. Sera un espacio donde desde ya convergen intereses financieros, políticos y diplomáticos.
Los Rodríguez coordinan asistencia técnica y financiera con esas instituciones con amplia experiencia en procesos de recuperación tras desastres naturales.
La propia presidenta encargada confirmó ese giro al señalar que estas instituciones "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación, además de líneas de créditos para Venezuela", mientras su Gobierno mantiene conversaciones con Estados Unidos y el FMI para recuperar recursos destinados a la reconstrucción.
La cooperación internacional no representa únicamente una fuente de recursos económicos, también constituye un mecanismo para recuperar confianza institucional y fortalecer capacidades administrativas.
Sin embargo, la disponibilidad de financiamiento no garantiza automáticamente una recuperación exitosa.
Los propios organismos multilaterales han señalado reiteradamente que la eficacia de los programas de reconstrucción depende de factores como la estabilidad política, la transparencia en el uso de los recursos, la capacidad técnica de las instituciones ejecutoras y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
En otras palabras, reiteran que la reconstrucción no será solamente una prueba para la ingeniería venezolana, sino también para la gobernanza del país.
La economía política de la reconstrucción
Los grandes terremotos alteran profundamente el funcionamiento de cualquier economía. Las pérdidas materiales a la vista (viviendas destruidas, carreteras colapsadas, hospitales dañados y redes eléctricas interrumpidas) coexisten con otras de otro tipo que terminan siendo igual o más costosas.
Los expertos hablan estos días de una destrucción del capital físico que reduce la capacidad productiva, de una inversión privada ralentizada y destacan que las empresas enfrentan mayores costos operativos y que disminuye el consumo.
La reconstrucción exclusivamente mediante la reasignación del presupuesto nacional implicaría sacrificar otras inversiones públicas estratégicas, generando un efecto multiplicador negativo sobre el crecimiento económico.
Los funcionarios del Banco Mundial han repetido tras reuniones con los hermanos Rodríguez que "una reconstrucción resiliente requiere inversiones sostenidas y una planificación de largo plazo".
Los efectos económicos de un gran desastre pueden extenderse durante muchos años si las políticas públicas carecen de continuidad. La experiencia internacional confirma esa conclusión.
Tras el terremoto y tsunami de Japón en 2011, el enorme esfuerzo financiero permitió recuperar buena parte de la infraestructura en pocos años gracias a instituciones altamente desarrolladas y una importante capacidad fiscal.
En Haití, por el contrario, el terremoto de 2010 evidenció cómo la debilidad institucional, la dependencia de la ayuda externa y la fragmentación administrativa dificultaron durante años la recuperación económica y social. El terremoto de ese mismo año en Chile sacó reconocimientos a lo contrario.
Venezuela enfrenta ahora un escenario que comparte elementos de estos tres casos, aunque condicionado por circunstancias políticas propias.
La legitimidad también se reconstruye
Existe otro elemento menos visible, pero igualmente decisivo: la legitimidad del Estado.
Durante una emergencia, los ciudadanos evalúan menos los discursos y mucho más la capacidad efectiva del gobierno para salvar vidas, restablecer servicios básicos, distribuir ayuda y organizar la reconstrucción.
Las primeras 72 horas posteriores a un terremoto suelen definir buena parte de la percepción pública sobre la eficacia institucional.
En ese contexto, la respuesta estatal adquiere una dimensión política inevitable y la confianza ciudadana se convierte en un recurso estratégico.
Un Estado capaz de coordinar eficazmente la respuesta se fortalece y en eso Estados Unidos a la cabeza con Donald Trump, que desde enero tiene a los Rodríguez como brazo ejecutor de decisiones adoptadas en Washington, debería jugárselas.
Si predominan las demoras, la descoordinación o la escasez de recursos, la emergencia puede profundizar la desconfianza hacia Trump más que hacia los hermanos a cargo tras el apresamiento de Nicolás Maduro.
América Latina frente a un desafío compartido
Aunque el protagonismo se concentra en Venezuela, muchas de sus aristas trascienden las fronteras nacionales. América Latina y el Caribe saben que figuran entre las regiones más expuestas del planeta a terremotos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra.
Al mismo tiempo, numerosos países enfrentan restricciones fiscales, elevados niveles de endeudamiento y profundas desigualdades sociales. Toda una combinación que incrementa la vulnerabilidad frente a futuros desastres.
Por ello, los organismos internacionales insisten cada vez más en sustituir la lógica reactiva por políticas permanentes de prevención. La reducción del riesgo de desastres ya no constituye únicamente una política ambiental o de protección civil. Forma parte de la agenda de seguridad, desarrollo y estabilidad democrática.
Cada dólar invertido en prevención puede ahorrar múltiples veces ese monto durante la reconstrucción posterior.
La lección resulta especialmente relevante para una región donde, además de terremotos de origen tectónico o volcánico, está en la primera línea para recibir los efectos del cambio climático que intensifican la frecuencia y severidad de numerosos eventos extremos.
Una contradicción estructural
Las explicaciones unidimensionales son ociosas y en el caso de Venezuela sería insuficiente atribuir todas las dificultades evidenciadas exclusivamente a las sanciones internacionales, como simplista sería apuntar únicamente al deterioro institucional interno. La evidencia es una interacción de variables.
La capacidad estatal ya se encontraba muy debilitada antes del terremoto doble, las restricciones financieras internacionales complican el acceso rápido al capital necesario para la reconstrucción y la combinación de solo estas dos circunstancias produce una vulnerabilidad superior a la que generaría cualquiera de esos factores por separado.
Los sismos actuaron como un acelerador de problemas acumulados durante años.
Más allá del cemento y el acero
La reconstrucción posterior a un desastre suele medirse por el número de viviendas entregadas, los kilómetros de carreteras rehabilitadas o los hospitales reabiertos. Sin embargo, esos indicadores solo muestran una parte del proceso.
Las verdaderas reconstrucciones exitosas son aquellas que fortalecen instituciones, mejoran la planificación pública y reducen la vulnerabilidad frente a futuras amenazas. Este parece ser el verdadero desafío venezolano.
"Los desastres no son naturales; lo natural es la amenaza, el desastre surge de la vulnerabilidad". La afirmación de la ONU resume con precisión que si bien los movimiento tectónicos son fenómenos inevitables, la magnitud de sus consecuencias, en cambio, depende en buena medida de las capacidades acumuladas antes de que ocurra la emergencia.
Relación entre Estado, economía y geopolítica en Venezuela
El doble terremoto del 24 de junio de 2026 constituye mucho más que una tragedia humanitaria. Representa un punto de inflexión para analizar la relación entre Estado, economía y geopolítica en Venezuela.
La emergencia puso al descubierto un Estado con capacidades limitadas para responder a un desastre de gran magnitud, que necesita recurrir al financiamiento internacional precisamente cuando ese acceso continúa condicionado por restricciones financieras, elevados riesgos y un complejo entorno político.
La respuesta inicial evidenció limitaciones operativas e institucionales acumuladas durante años, pero el renovado acercamiento a los organismos multilaterales abre una ventana de oportunidad que podría marcar el rumbo de la recuperación de todo el país y no solo de su zona central norteña impactada.
Estos terremotos pueden convertirse en catalizadores de profundas transformaciones y ello depende menos de la cantidad de recursos disponibles que de la calidad de las instituciones encargadas de administrarlos.
Venezuela tiene la tarea de levantar nuevamente viviendas, hospitales, escuelas y carreteras, y a la par su capacidad estatal.
Diversificar fuentes de financiamiento y consolidar mecanismos de cooperación. Solo mediante una combinación de reformas institucionales, recuperación económica y apoyo multilateral será posible evitar que las consecuencias del terremoto condicionen el desarrollo del país durante la próxima década.
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