El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol fue condenado este viernes a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de los múltiples juicios en curso por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, incluido uno por cargos de insurrección en el que podría ser sentenciado a pena de muerte.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl consideró culpable a Yoon de obstaculizar los intentos de arresto y destruir pruebas, al tiempo que señaló que la gravedad de los delitos es "muy elevada" y que el acusado en ningún momento mostró gestos de arrepentimiento.
La sentencia es menor que la pedida por la Fiscalía, que reclamaba diez años de prisión.
En una decisión televisada en directo por medios locales, el tribunal afirmó además que Yoon vulneró el derecho de deliberación de varios ministros, al no notificarles la convocatoria a una reunión previa a la declaración de la ley marcial. El exmandatario únicamente convocó a los ministros considerados leales a su causa, en un encuentro que duró menos de cinco minutos.
El juez también señaló que la proclamación del estado de emergencia firmado por Yoon constituye la falsificación de un documento público, y condenó al expresidente por "militarizar" al Servicio de Seguridad Presidencial en la obstrucción del intento de arresto en su contra del 3 de enero.
Sin embargo, fue absuelto del cargo de una supuesta orden de difundir información falsa a la prensa extranjera.
Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 con la justificación de proteger al pueblo de "fuerzas antiestatales", en una medida que fue revocada apenas horas después por el Parlamento entre protestas masivas. Yoon fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.
El expresidente actualmente se enfrenta a otros siete juicios separados, incluido uno por insurrección en el que podría ser condenado a pena de muerte, tras la reciente petición de tal castigo por la fiscalía.
La sentencia del caso por insurrección se dará a conocer el 19 de febrero; sin embargo, de ser condenado a pena de muerte, es poco probable que se ejecute el castigo, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.
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Yoon se encuentra en prisión preventiva de forma ininterrumpida desde el pasado julio. Se desconoce cuándo pasará a cumplir efectivamente la condena de este viernes en medio de afirmaciones de que su equipo legal apelará el fallo.
El primer veredicto: obstrucción del arresto y abuso de poder
El tribunal condenó a Yoon por obstruir su arresto tras la ley marcial mediante el uso del Servicio de Seguridad Presidencial, vulnerar el derecho de deliberación de ministros del Gabinete al excluirlos de una reunión clave previa a su imposición y por falsificación de documentos públicos vinculados a su proclamación.
La Fiscalía había solicitado 10 años de prisión, pero el tribunal impuso una pena menor de cinco años, absolviéndolo de uno de los cargos relacionados con la supuesta difusión de información falsa a la prensa extranjera.
Tres procesos restantes por la ley marcial
El proceso más grave y el núcleo del caso judicial contra Yoon es su juicio por cargos de insurrección al haber impuesto ilegalmente la ley marcial. El Tribunal Constitucional calificó de inconstitucional el estado de emergencia decretado por Yoon en el fallo de destitución presidencial en abril.
La fiscalía especial solicitó el martes la pena de muerte para el exmandatario por liderar una rebelión, mientras el fallo del tribunal será emitido el 19 de febrero. Corea del Sur se considera una nación abolicionista de facto, al no ejecutar a ningún condenado a la pena capital desde 1997, por lo que se interpreta que la sentencia tendría una carga más bien simbólica y no sería aplicada.
Abuso de poder
El expresidente también enfrenta un proceso por cargos de abuso de poder y otros delitos en relación con el supuesto envío de drones hacia Corea del Norte para esparcir propaganda anti-Pionyang. La fiscalía señala que el entonces mandatario ordenó la operación para provocar una reacción del país vecino y justificar la imposición de su ley marcial.
Pionyang acusó a Seúl ante la ONU en febrero pasado de enviar en octubre de 2024 drones para esparcir propaganda sobre su capital. La Administración Yoon llegó a afirmar que los panfletos fueron enviados por activistas, mientras Corea del Norte respondió encendiendo sus altavoces propagandísticos fronterizos y enviando globos con desechos al Sur.
Por último, se encuentra enjuiciado por cargos de dar un falso testimonio en el caso contra el ex primer ministro, Han Duck-soo, por asistir al exmandatario en la insurrección. Han recibirá una sentencia el próximo miércoles.
Otros procesos
Sumado a los casos vinculados con la imposición del estado de emergencia, Yoon se encuentra acusado de abuso de poder e interferencia en una investigación oficial sobre el fallecimiento de un infante de marina en 2023, y otro de instigación a la fuga del entonces ministro de Defensa Lee Jong-seop en relación con la pesquisa de la muerte del soldado.
El exmandatario afronta un juicio por cargos de financiación política irregular por encuestas electorales recibidas sin coste entre 2021 y 2022 a través de un intermediario asociado con la esposa de Yoon, Kim Keon-hee, que también se encuentra en prisión afrontando múltiples cargos, incluida una causa por manipulación de acciones y soborno cuyo fallo será emitido el 28 de enero.
Finalmente, Yoon tiene otro proceso por difusión de información falsa durante la campaña presidencial, aunque la fecha de inicio no ha sido determinada.
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