El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este lunes que los gobiernos de Estados Unidos y el de Delcy Rodríguez contrataron, cada uno por su cuenta, firmas auditoras externas para fiscalizar los activos venezolanos en el exterior, una medida que llega apenas dos semanas después de que Washington levantara las sanciones contra la banca pública venezolana y en el marco de una recomposición acelerada de las relaciones bilaterales que arrancó con el arresto del expresidente Nicolás Maduro a principios de enero.
El anuncio lo realizó Luis Pérez González, nuevo presidente del BCV —quien era vicepresidente de la institución y asumió la conducción hace apenas dos semanas, tras la salida de la excuñada de Maduro—, durante un encuentro con representantes de la banca pública y privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguro y Valores.
Según la nota de prensa del BCV, el esquema acordado es el siguiente: el gobierno de Estados Unidos contrató una firma auditora, y el gobierno venezolano contrató otra, con el objetivo de garantizar la "tranquilidad e imparcialidad de todos" en cuanto al manejo de los recursos financieros de la república en el exterior.
"Que los recursos de la república estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar", afirmó Pérez González.
Opacidad en los detalles
El funcionario no identificó las firmas contratadas ni precisó el alcance del mandato de auditoría, lo que deja abierta la pregunta sobre qué activos serán fiscalizados, bajo qué metodología y con qué nivel de acceso público a los resultados.
Tampoco aclaró si la iniciativa fue condición impuesta por Washington como parte de la distensión diplomática o si surgió de un acuerdo bilateral.
La falta de precisión contrasta con la magnitud de lo que se está comunicando: por primera vez en años, Venezuela admite la supervisión de sus finanzas externas por parte de auditores vinculados, al menos en parte, a un acuerdo con Estados Unidos.
Pérez González se limitó a señalar que "tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente" en materia de política monetaria y cambiaria.
El caso Citgo: el activo más sensible sobre la mesa
Entre los activos venezolanos en el exterior que podrían quedar bajo el paraguas de esta auditoría figura Citgo, la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La empresa, cuyo valor se estima en unos 10 mil millones de dólares según representantes antichavistas y antimaduristas, está actualmente bajo el control de una directiva nombrada por la oposición venezolana y en medio de un proceso de remate judicial en beneficio de sus acreedores. Chavistas y antichavistas se han unido en defensa de activos en EEUU.
Caracas apela la venta de Citgo, pero el proceso avanza en los tribunales estadounidenses. La auditoría de activos externos, en ese contexto, no es un gesto menor: implica que el gobierno venezolano busca recuperar visibilidad —y eventualmente control— sobre bienes que llevan años fuera de su alcance.
El contexto: sanciones levantadas, relaciones recompuestas
El anuncio del BCV se produce en un momento de transformación radical en las relaciones entre Caracas y Washington. El 14 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General N.º 57 de la OFAC, que levantó las sanciones al BCV y a otras tres entidades bancarias estatales: el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.
La medida habilita un amplio espectro de operaciones financieras que estaban prohibidas desde 2019, incluyendo apertura de cuentas, transferencias internacionales, corresponsalía bancaria en dólares, préstamos y pagos digitales. Aplica también a cualquier entidad en la que esos bancos tengan una participación directa o indirecta del 50% o más.
Casi de inmediato, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una señal de que la reintegración del país al sistema financiero internacional avanza a un ritmo que pocos anticipaban.
De la confrontación a la negociación
Todo este proceso arrancó con el arresto de Nicolás Maduro, capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses a principios de enero y actualmente detenido en el Centro de Detención Federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.
Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y el gobierno de Donald Trump ha ido normalizando progresivamente las relaciones con Caracas. Trump ha dicho públicamente tener una buena relación con Rodríguez.
Cabe recordar que en 2019, cuando Washington lanzó la batería de sanciones contra Venezuela, el Tesoro transfirió el control de los activos venezolanos en Estados Unidos a la oposición. La auditoría anunciada ahora es, en ese sentido, también un intento de Caracas por recuperar terreno sobre esos recursos.
El sector financiero venezolano, bajo la lupa
Pérez González aprovechó el encuentro para reivindicar la solidez del sistema financiero venezolano. "El sector financiero venezolano está sano y plenamente auditable", sostuvo.
Asimismo defendió la rigurosidad técnica de la Gerencia de Estadísticas Económicas del BCV, que describió como una unidad "al servicio de la nación" que sigue "metodologías que cumplen con los estándares internacionales".
El titular del BCV también anunció que se ha retomado el cronograma de publicación de datos económicos del país, una señal que apunta a mayor transparencia estadística tras años de opacidad en las cifras oficiales.
Brecha cambiaria: el BCV dice que cede, los datos muestran otra historia
En materia cambiaria, Pérez González aseguró que tanto el tipo de cambio oficial como el paralelo han registrado una "ralentización significativa" y que la brecha entre ambas paridades se ubica actualmente en un 29%, "como producto de una intervención más activa del BCV".
Sin embargo, los datos de mercado cuentan una historia más compleja. Según Finanzas Digital, la tasa oficial del BCV al 20 de abril se situó en 481,22 bolívares por dólar, con una variación acumulada anual de más del 61%.
Por su parte, economistas advierten que la reducción en la oferta de divisas oficiales en efectivo está presionando al alza el mercado paralelo, ya que la demanda supera ampliamente los dólares colocados en subastas.
La afirmación del BCV sobre la reducción de la brecha cambiaria no viene acompañada de datos verificables de forma independiente, lo que dificulta su contraste.
Claves para entender el momento
La contratación de auditores externos, el levantamiento de sanciones, la reanudación de relaciones con el FMI y el Banco Mundial, y la retomada publicación de estadísticas económicas configuran un escenario inédito para Venezuela: el de un país que, tras décadas de hermetismo financiero y confrontación con Washington, intenta reconstruir su credibilidad institucional en tiempo récord.
Lo que aún no está claro es si estas medidas responden a una reforma estructural genuina o si son concesiones tácticas en el marco de una negociación política más amplia entre Caracas y Washington.
La identidad de las firmas auditoras, el alcance de su mandato, el destino de Citgo y la publicidad de los informes serán las variables que determinen si este proceso tiene sustancia o es, como tantas veces antes en Venezuela, una señal sin contenido.
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