Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas, entre ellas una mujer acusada por el atentado con drones contra Nicolás Maduro, en una medida que se produce dos días después de concluir el primer ciclo del diálogo impulsado por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.
La medida fue anunciada después de que organizaciones no gubernamentales reportaran la salida de decenas de detenidos considerados presos políticos. El Gobierno de Venezuela la presentó como el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad.
Paz y Convivencia Democrática
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática informó que las autoridades otorgaron medidas alternativas a la privación de libertad a 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención.
El organismo fue creado por la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, en un contexto marcado por los esfuerzos para reducir las tensiones políticas y abordar la situación de los numerosos opositores y ciudadanos detenidos durante los últimos años.
La decisión se conoce después de que varias organizaciones no gubernamentales comenzaran a reportar excarcelaciones de presos políticos en distintas cárceles y centros de detención venezolanos.
Entre los liberados figura una acusada por el atentado con drones
Entre las personas beneficiadas se encuentra una mujer acusada de participar en el atentado con drones ocurrido en agosto de 2018 durante un acto militar en Caracas, cuando Nicolás Maduro ejercía la Presidencia.
El episodio, que el Gobierno venezolano calificó entonces como un intento de magnicidio, desencadenó una amplia operación de detenciones contra opositores, militares y otras personas señaladas por las autoridades de estar relacionadas con el ataque.
La inclusión de una de las acusadas en la lista de excarcelados da a la medida una dimensión política adicional, debido a la relevancia que tuvo aquel caso dentro de la represión posterior al atentado.
Liberaciones después del primer ciclo de negociaciones
Las excarcelaciones se producen inmediatamente después de la conclusión del primer ciclo de conversaciones entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición venezolana, proceso que cuenta con el impulso de Estados Unidos.
La liberación de presos políticos ha sido durante años una de las principales demandas de la oposición y de organizaciones defensoras de derechos humanos, además de constituir uno de los asuntos más sensibles en cualquier negociación sobre la crisis venezolana.
La jefa de la delegación opositora, Dinora Figuera, había prometido el jueves facilitar liberaciones, según la información disponible sobre el proceso de diálogo. La decisión anunciada al día siguiente establece así una conexión temporal directa entre las negociaciones y la adopción de medidas sobre personas privadas de libertad.
No obstante, el anuncio oficial habla de medidas alternativas a la privación de libertad, una fórmula que no necesariamente equivale a una libertad plena e incondicional.
La situación jurídica concreta de cada una de las 131 personas deberá determinarse a partir de las condiciones impuestas por las autoridades judiciales.
Desde la captura de Maduro hace siete meses, se han dado cientos de excarcelaciones, así como la aprobación de una Ley de Amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 personas, en su mayoría con libertad restringida.
El chavismo y la oposición acordaron el miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.
En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que también buscarán recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.
La presión sobre el Gobierno por los presos políticos
La situación de los presos políticos ha sido uno de los principales indicadores utilizados por organizaciones venezolanas e internacionales para evaluar la apertura política del país.
Durante los últimos años, las organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones de opositores, activistas, militares, periodistas y ciudadanos acusados de delitos contra el Estado.
La condición de preso político, sin embargo, es rechazada por las autoridades venezolanas, que sostienen que las personas procesadas han incurrido en delitos establecidos en la legislación nacional.
En ese escenario, las excarcelaciones constituyen una de las medidas con mayor capacidad para producir resultados visibles y verificables en el corto plazo, pero también plantean interrogantes sobre el alcance real de la apertura.
El desafío ahora es determinar el alcance de las medidas
El anuncio de 131 excarcelaciones representa un número significativo, pero por sí solo no permite establecer un cambio estructural en la política de detenciones.
Será necesario conocer cuántas de las personas liberadas permanecen sometidas a procesos judiciales, cuáles tienen prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas u otras restricciones, y cuántos presos políticos permanecen todavía en las cárceles venezolanas.
También será relevante verificar si las liberaciones continuarán durante las próximas semanas y si forman parte de los acuerdos alcanzados durante el diálogo.
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