La operación militar de EE.UU. para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es "muy probablemente una violación" del Derecho internacional y genera "graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana", alerta Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.
El ataque de este sábado y el apresamiento de Maduro por EE.UU., uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "profundizan aún más el colapso del Derecho internacional y del orden global basado en normas", argumenta.
Este tipo de operaciones, incide AI, son señal de un sistema internacional regido por "la fuerza militar, las amenazas y la intimidación", y aumentan el riesgo de "acciones de imitación por parte de otros actores".
Peligro de nuevas operaciones EEUU o respuesta bolivariana
AI se muestra particularmente preocupada por el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país sudamericano, ya sea como resultado de nuevas operaciones estadounidenses o de las respuestas del Gobierno venezolano a los ataques norteamericanos.
La organización de derechos humanos insta al Gobierno estadounidense a cumplir con el Derecho internacional humanitario, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, "incluido el debido proceso y un trato humano".
Represión chavistamadurista contra venezolanos
También pidió a las autoridades venezolanas que se abstengan de más represión contra la población, recordando que están obligadas por el Derecho internacional a respetar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada tras la captura de Maduro, trasladado a EE.UU. acusado de narcotráfico y corrupción.
"Las personas en mayor riesgo inmediato incluyen a defensores de derechos humanos y activistas políticos que han enfrentado durante años las violaciones y crímenes de Derecho internacional cometidos por el gobierno de Maduro", precisa AI.
Así, la ONG se solidariza con el pueblo venezolano, "con los miles de víctimas y supervivientes, y los millones de personas que han huido tras años de sufrir graves violaciones y crímenes de lesa humanidad".
Reitera que el gobierno de Maduro sea "investigado" y, cuando existan pruebas suficientes, los responsables sean "procesados" por un tribunal "independiente e imparcial", a fin de garantizar justicia, reparación y garantías de no repetición
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