"La delincuencia se ha reducido considerablemente" en estas ciudades, aseguró el presidente estadounidense en su red social Truth Social al anunciar la retirada.
"Volveremos, quizá de una forma diferente y más fuerte, cuando la delincuencia vuelva a aumentar, ¡es solo cuestión de tiempo!", añadió.
En las últimas semanas, el despliegue de los militares de la Guardia Nacional había sido bloqueado por el Tribunal Supremo en Chicago y por jueces federales en Los Ángeles y Portland.
Desde hace varios meses, Donald Trump ordenó el despliegue de estos agentes en estas ciudades demócratas, así como en Memphis, para luchar contra la delincuencia y apoyar a la policía de inmigración.
Estos despliegues militares, entrenados para intervenir en caso de catástrofes naturales en Estados Unidos, pero que también pueden combatir en el extranjero, han sido impugnados judicialmente por sus opositores.
Los demócratas denunciaron una maniobra autoritaria que sobrepasa los límites del poder presidencial, ya que la Guardia Nacional de cada estado está bajo la doble tutela del presidente y del gobernador local.
"Es difícil creer que estos alcaldes y gobernadores demócratas, todos ellos muy incompetentes, quieran que nos vayamos, sobre todo teniendo en cuenta los considerables avances que se han logrado", insistió Trump.
Sin embargo, el 23 de diciembre, la Suprema Corte dictaminó que el Gobierno no había proporcionado una base legal que justificara su despliegue en Chicago, que solo está permitido por la legislación estadounidense en circunstancias excepcionales.
La Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe el uso de militares para llevar a cabo operaciones de mantenimiento del orden.
"Táctica de intimidación ilegal"
A mediados de diciembre, la Administración Trump anunció la retirada de parte de los soldados enviados a Portland, Los Ángeles y Chicago.
Sin embargo, la Guardia Nacional mantenía una presencia residual en estas ciudades y el pulso judicial continuaba, especialmente en California, donde un juez ordenó a mediados de diciembre que el control de estas tropas se devolviera al gobernador demócrata, Gavin Newsom.
La Administración Trump había apelado, pero la reciente decisión del Tribunal Supremo parecía complicar sus posibilidades de ganar el caso.
Este miércoles por la mañana, unas horas antes de la publicación presidencial, dio un primer paso atrás al renunciar a su solicitud de mantener el control de la Guardia Nacional mientras se tramitaba la apelación.
"Esta admisión de Trump y de los miembros ocultos de su gabinete significa que esta táctica de intimidación ilegal finalmente llegará a su fin", se congratuló el gobernador Newsom, opositor muy vocal del presidente y posible adversario en las elecciones de 2028.
"Durante seis meses, las tropas de la Guardia Nacional de California fueron utilizadas como peones políticos por un presidente desesperado por convertirse en rey", añadió el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
"Hay una razón por la que nuestros fundadores decidieron que los asuntos militares y civiles debían estar separados; una razón por la que nuestro Ejército es, por diseño, apolítico", afirmó, celebrando los últimos acontecimientos judiciales.
"Aunque nuestro Estado de derecho sigue amenazado, nuestras instituciones democráticas se mantienen firmes", concluyó.
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