Una dividida Corte Suprema dictaminó este jueves 26 de junio que los estados del país pueden retirar fondos de Medicaid a Planned Parenthood, afectando el acceso a servicios de salud reproductiva y del aborto, en una decisión impulsada por la mayoría conservadora. El ala liberal dejó claro el impacto negativo en los derechos de los beneficiarios de Medicaid y en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Nuevo revés para los derechos reproductivos en Estados Unidos.
El Tribunal Supremo emitió este 26 de junio un fallo con el que permite a los estados quitar la financiación del plan público Medicaid a la mayor proveedora de servicios de salud reproductiva y de abortos del país, Parenthood, el más reciente golpe para los derechos reproductivos y del aborto a nivel nacional.
“La decisión de hoy es una grave injusticia que golpea los cimientos de la libertad estadounidense"
Con una mayoría conservadora a favor de limitar los fondos –por seis votos a favor y tres en contra, todas ellas mujeres–, la decisión da impulso a los esfuerzos de miembros del Partido Republicano y de Donald Trump por despojar de financiación a la red, que engloba a unos 600 centros de atención en todo el territorio estadounidense.
“La decisión de hoy es una grave injusticia que golpea los cimientos de la libertad estadounidense y promete sumir a Carolina del Sur en una crisis de atención médica. La intención del gobernador McMaster es clara: usar como arma el sentimiento contrario al aborto para privar a las comunidades con bajos ingresos de atención básica de salud", reaccionó la presidenta y directora general de Planned Parenthood South Atlantic, Paige Johnson.
Por su parte, el fiscal general de Carolina del Sur, el republicano Alan Wilson, acogió con satisfacción el fallo. "Se trata de quién gobierna Carolina del Sur: nuestros líderes electos o activistas de otros estados y jueces no electos. Nos alegra que el tribunal haya acertado", declaró.
El caso se inició por una demanda presentada contra el Gobierno del estado de Carolina del Sur por impedir que la proveedora reciba fondos del programa de salud destinado a personas de bajos recursos.
Planned Parenthood South Atlantic opera clínicas en las ciudades de Charleston y Columbia, en Carolina del Sur, donde atiende a cientos de pacientes de Medicaid cada año, brindándoles exámenes físicos, exámenes de detección de cáncer y diabetes, pruebas de embarazo, anticoncepción y otros servicios.
Y según informes de la propia organización, el dinero de la sanidad pública destinado a Planned Parenthood no se utiliza para realizar interrupciones del embarazo, sino para medicamentos anticonceptivos, pruebas de embarazo y otros asuntos relacionados. Solo el 5 % de los beneficiarios de Medicaid han solicitado servicios de salud sexual y reproductiva en esta red en lo que va de año, señalaron.
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Posturas enfrentadas
Por un lado, los conservadores estuvieron reticentes a que un paciente pueda demandar a Carolina del Sur para que acceda a la clínica de planificación familiar bajo la cobertura de salud.
Por el otro, las magistradas –de corte liberal– insistieron en que la ley que creó el programa de sanidad gubernamental establece que los pacientes deben poder ser atendidos por cualquier proveedor que acepte Medicaid.
Ketanji Brown Jackson, una de las tres juezas que votaron en contra, explicó que "probablemente resulte en un daño tangible a personas reales. Como mínimo, privará a los beneficiarios de Medicaid en Carolina del Sur de su única forma significativa de hacer cumplir un derecho que el Congreso les ha otorgado expresamente".
"El fallo despojará a los beneficiarios de Medicaid de todo el país de la capacidad de decidir quién los trata en sus momentos de mayor vulnerabilidad", escribió Jackson, calificando esa situación de "una libertad profundamente personal".
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Con Reuters, AP y EFE
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