El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó el martes 7 de octubre a la Asamblea Nacional que despoje de su inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, para que pueda enfrentar los cargos de injerencia electoral. Semanas antes, una votación inédita en el Congreso rechazó desaforar a Chaves a petición de la Corte Suprema, en el marco de una investigación por corrupción.
El TSE sostiene que Chaves ha sido señalado reiteradamente de violar la prohibición que pesa sobre los funcionarios públicos de participar en actos electorales o discutir temas relacionados con las votaciones, con el fin de que las figuras de poder no interfieran en la decisión del electorado.
Así, lo dejo claro la resolución emitida de forma unánime por la Sección Especializada del tribunal, encargada de conocer en primera instancia los conflictos de carácter contencioso-electoral. El órgano justificó en un comunicado que la medida "fue adoptada en atención a una serie de denuncias acumuladas, presentadas en distintas fechas".
El expediente agrupa 15 denuncias contra el presidente, algunas de ellas interpuesta por figuras de la oposición como Ricardo Sancho Chavarría (presidente del Partido Liberación Nacional) y José Fabián Solano Fernández (presidente del Partido Acción Ciudadana).
La ley costarricense indica que, de probarse la injerencia electoral, el TSE puede ordenar la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años. Esta sanción sería relevante en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas programadas para febrero de 2026.
El presidente no ha comentado públicamente la decisión de TSE. Sí lo hizo la jefe de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, al lanzar la pregunta: "¿Por qué no puede el tribunal seguir investigando sin levantarle el fuero al presidente Chaves? Cisneros insinuó propósitos ocultos tras el esfuerzo para desaforar al presidente, habló de un deseo de "inhabilitar" a Chaves y "cortarle su continuidad política".
Óscar Izquierdo, cuyo partido (Liberación Nacional) impulsó las denuncias contra Chaves, remarcó que la solicitud enviada ar la Asamblea "debe ser tramitada con rigor, transparencia y debido proceso".
Entre tanto, Rocío Alfaro, la líder de Frente Amplio, que agrupa a la izquierda costarricense, recordó "que la beligerancia tiene que ver con utilizar fondos públicos para beneficiar una causa particular, en este caso una causa partidaria".
El artículo 270 del Código Electoral detalla los siguientes pasos del proceso. "Se debe solicitar previamente el levantamiento de su inmunidad a la Asamblea Legislativa, para luego abrir el procedimiento sancionatorio ordinario".
La eliminación de la inmunidad Chaves por el presunto delito de beligerancia política, deberá ser respaldado por una mayoría calificada en el legislativo.
¿Reincidente?
En abril pasado, el TSE amonestó al presidente Chaves por presuntos actos de beligerancia política al solicitarle que se abstuviera "de realizar manifestaciones o actos que puedan poner en riesgo las garantías efectivas de imparcialidad por parte de las autoridades gubernativa".
Además, le prohibió utilizar recursos públicos para incidir en la libre determinación de los votantes o realizar cualquier manifestación o conducta que pueda beneficiar o afectar a cualquiera de los partidos o candidatos.
La Inspección Electoral del TSE identificó en enero expresiones de respaldo a posibles candidaturas electorales de ministros que dejaron el Gobierno. Entonces, el tribunal aclaró que el delito de beligerancia política "se configura cuando un funcionario público utiliza su cargo para beneficiar a un partido político o incurre en acciones que reflejan parcialidad política.”
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político o participar en discusiones o actividades político-electorales.
Pugnas con la Justicia
La decisión del Tribunal Superior de Elecciones, tomada el 3 de octubre y comunicada oficialmente el 7, es la segunda petición de desafuero que enfrenta Rodrigo Chaves en menos de un mes.
Dos semanas atrás, el Congreso rechazó otro intento de levantar la inmunidad presidencial, como había solicitado la Corte Suprema de Costa Rica, esta vez en el marco de un proceso por delitos de corrupción. Fue la primera vez que se realizaba una votación de este tipo sobre un presidente en funciones en la historia de Costa Rica.
El fiscal que investigó el caso señaló al presidente por un delito de concusión (abuso de poder de un funcionario para favorecer a un tercero), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.
Además, la Fiscalía acusó a Chaves y a otros seis altos funcionarios y diputados oficialistas de presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2022.
Durante el debate en el Congreso para desaforar a Chaves en el marco de los señalamientos por corrupción, 34 diputados respaldaron despojarle la inmunidad, mientras que 21 se manifestaron en contra, con lo que no se alcanzaron los 38 votos necesarios para una mayoría calificada.
La diputada de Frente Amplio Rocío Alfaro instó este martes a la Asamblea Legislativa a emitir "un voto con razones" y "que no se vuelva a votar por afinidad, simpatía o cálculo electoral".
Chaves ha negado cualquier irregularidad relacionada con los cargos de corrupción y sostiene que es víctima de un proceso penal por motivos políticos.
Con información de AP, EFE y medios locales.
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