El Parlamento de la República de Srpska, una de las tres entidades territoriales que integran Bosnia-Herzegovina, avivó la crisis política que enfrenta el país desde principios de agosto, cuando su presidente, el líder prorruso y secesionista Milorad Dodik fue sentenciado a prisión e inhabilitado. Ahora, el poder legislativo ha convocado un referendo para desconocer esa decisión.
Milorad Dodik fue declarado culpable el 1 de agosto de desobedecer decisiones del Tribunal Constitucional y del alto representante internacional para la nación Christian Schmidt, que opera como supervisor de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin en 1995 a la guerra de Bosnia.
Como consecuencia de esa sentencia, Dodik fue condenado a un año de prisión y sufrió una inhabilitación para ejercer cargos públicos que se extenderá por seis años.
El 18 de agosto, el tribunal aceptó el pago de 18.500 euros por parte de Dodik para eludir la pena de cárcel, pero rechazó su apelación a la sentencia que ponía fin a su mandato en la República de Srpska y ordenaba a la Comisión Electoral Central convocar a elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días.
Ahora, esas decisiones han sido objetadas por el Parlamento de mayoría serbia, que ha contraatacado convocando para el 25 de octubre un referendo que busca desconocer las medidas judiciales y afianzar el liderazgo del líder prorruso, que se ha caracterizado por sus discursos secesionistas y partidarios de la anexión a Serbia.
La legislatura también ha instado a Dodik a que siga ejerciendo funciones, una decisión que el presidente destituido ya había anticipado, asegurando que no está dispuesto a retirarse.
Según la decisión del Parlamento, que se produjo el 22 de agosto, los ciudadanos de la República de Srpska deben responder a una pregunta que cuestiona la legitimidad del mandato de Schmidt y la autoridad del Tribunal Constitucional.
"¿Acepta las decisiones del extranjero no electo Christian Schmidt y el veredicto del Tribunal inconstitucional de Bosnia-Herzegovina contra el presidente de la República Srpska, así como la decisión de la Comisión electoral central de revocar el mandato del presidente de la República Srpska, Milorad Dodik?", reza la consulta.
Sin embargo, la delegación de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina ha calificado el referendo de “contrario al estado de derecho”, y expertos advierten que la constitución local no prevé la convocatoria a referendos para enfrentar decisiones de instituciones estatales.
“Someter una decisión judicial a votación pública es contrario al estado de derecho y a la independencia de las autoridades judiciales", advirtió la misión diplomática de la UE en un comunicado.
La frágil institucionalidad de Bosnia-Herzegovina
Desde el fin de la guerra y de acuerdo con los acuerdos de Dayton, Bosnia-Herzegovina tiene una división político-territorial que reconoce al distrito de Brcko y dos autonomías con amplias competencias: la República de Srpska, serbobosnia y afín a Rusia, y la Federación Bosniocroata.
Los líderes de estas tres entidades ejercen una presidencia tripartita, con la supervisión de un alto representante internacional.
La designación de Christian Schmidt para ese cargo ha sido rechazada por la República de Srpska, que argumenta que su nombramiento no fue confirmado por el Consejo de Seguridad de la ONU, en cuyo seno fue vetado por los embajadores de Rusia y China. Ese argumento ha sido rechazado por el secretario general de Naciones Unidas António Guterres.
La República de Srpska también ha retirado el reconocimiento a los tribunales centrales bosnios y en febrero bloqueó la actuación de la policía central en su territorio.
Dodik ha reforzado repetidas veces el discurso de que es imposible la convivencia con los bosnios musulmanes, que constituyen la mayoría de la población en el país, por lo que promueve la anexión a Serbia.
Con EFE
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