La ciudad colombiana de Cali fue sacudida el jueves 21 agosto por un atentado con camiones bomba que dejó siete civiles muertos y más de 70 heridos. Tras el atentado mortal, las autoridades capturaron dos sospechosos, mientras que un tercer implicado fue arrestado horas después, en medio de un operativo nacional que apunta a las disidencias de las FARC como responsables.
El juez de control de garantías de Cali legalizó la detención de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron detenidos en flagrancia en el barrio contiguo al lugar donde el camión bomba fue detonado. Según la Fiscalía, los dos hombres trasladaron camiones cargados con explosivos hasta las inmediaciones de la base aérea y habrían activado los artefactos improvisados, provocando la mortal explosión.
Ambos fueron imputados por delitos de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Horas después del atentado, el jueves, el presidente Gustavo Petro anunció la captura de un tercer implicado: Diomar Mancilla, presunto integrante de la columna “Jaime Martínez” del Estado Mayor Central (EMC), una de las facciones más poderosas de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. El mandatario publicó la noticia en su cuenta de X, subrayando que el detenido había participado en la planificación y ejecución del ataque.
Un atentado contra militares pero con consecuencias civiles
La explosión ocurrió en plena tarde del jueves, en la Carrera Octava de Cali, una de las avenidas más transitadas de la ciudad y zona comercial en la que se ubica la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.
Aunque el objetivo del atentado era la instalación militar, todas las víctimas mortales fueron civiles, entre ellas se encontraba un menor de edad.
Las autoridades confirmaron que un segundo camión, igualmente cargado con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado. Según Petro, los responsables huyeron tras activar uno de los vehículos y fueron capturados por la comunidad que presenció la fuga. “Fue la misma población quien impidió que escaparan”, afirmó el Presidente al término de un consejo de seguridad realizado en la ciudad.
Responsabilidad de las disidencias del EMC
Tanto el Gobierno como la Fiscalía señalaron al Estado Mayor Central (EMC), la facción más fuerte de las disidencias de las FARC, como principal responsable del atentado. Según Petro, los capturados forman parte de estructuras subordinadas a alias “Marlon”, dirigente de un grupo integrado a lo que el mandatario colombiano denominó “la Junta del Narcotráfico”.
En tanto, el Presidente insistió en que estas organizaciones no pueden considerarse herederas del proyecto político de la extinta guerrilla, sino que se han transformado en mafias del narcotráfico con conexiones internacionales, vinculadas con carteles de México, Albania e Italia. “Estamos enfrentando una mafia internacional con bandas armadas aquí, no es una confrontación política”, declaró.
El presidente aseguró que la acción violenta sería una respuesta a los recientes operativos militares en el Cañón del Micay (Cauca), región montañosa cercana a Cali donde el EMC mantiene corredores de narcotráfico.
Otro ataque mortal enlutó Antioquia
El mismo día del atentado en Cali, otro hecho conmocionó al país: el derribo de un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en el que murieron 13 uniformados. Inicialmente se atribuyó el ataque al frente 36 de las disidencias de las FARC y se habló del posible uso de drones explosivos.
Sin embargo, el presidente Petro aclaró después que se trató de una “trampa” con explosivos enterrados en el terreno donde el helicóptero intentó aterrizar. “Ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros bajo un metro de subsuelo”, explicó.
La política de “paz total” en tensión
Estos ataques pusieron nuevamente en entredicho la estrategia de “paz total” impulsada por Petro, que busca negociar simultáneamente con múltiples grupos armados y bandas criminales. Hasta ahora, solo un pequeño número de organizaciones ha mostrado disposición real para avanzar hacia la vida civil, mientras que facciones como el EMC han utilizado los ceses al fuego para fortalecerse.
Según analistas consultados por la agencia AP, los rebeldes están aprovechando vacíos de poder en zonas históricamente abandonadas por el Estado. La superficie cultivada de hoja de coca en Colombia alcanzó un récord de 253.000 hectáreas en 2023, lo que da cuenta de la magnitud del negocio que financia estas estructuras armadas.
El Presidente defendió su política señalando que “nadie debe arrepentirse de buscar la paz”, aunque reconoció que la violencia ha aumentado debido al incremento del consumo de cocaína en Europa.
La violencia empaña el camino hacia 2026
Estos atentados aumentan la preocupación ciudadana en medio del año pre electoral, camino a las presidenciales de 2026. Tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio, los colombianos temen un regreso a la violencia política de los años 80 y 90, cuando varios aspirantes presidenciales fueron asesinados.
Los comicios legislativos y presidenciales de 2026 se perfilan como un escenario atravesado por la seguridad y el orden público. Por un lado, el Pacto Histórico impulsa candidaturas como la del senador de izquierda Iván Cepeda, cercano al proyecto de Petro. Del otro, sectores de derecha como el Centro Democrático buscan posicionar a Miguel Uribe Londoño, padre del político asesinado, como abanderado de la seguridad y la confrontación contra las disidencias.
Consultado por AP, Will Freeman, analista del Consejo de Relaciones Exteriores, prevé que los grupos armados intensificarán sus ataques en el periodo previo a las elecciones, como una forma de “demostrar poder, mejorar su posición negociadora o enviar un mensaje contundente”.
Con EFE, AP y medios locales
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