Un niño de tres años juega con un micrófono mientras espera que un juez decida sobre su futuro en Estados Unidos. Otro, de seis, abre los brazos y juega a ser un avión. A pocos metros, chicos de 8, 9 y 13 años aguardan su turno para comparecer ante la corte. Algunos de ellos no tienen abogado.
La escena fue registrada esta semana por CNN en un tribunal de inmigración de Harlingen, Texas, y muestra una realidad que se repite en distintas partes de Estados Unidos: menores migrantes, algunos demasiado pequeños incluso para entender el proceso, deben presentarse ante un juez que puede terminar tomando la decisión de deportarlos.
Uno de ellos era Ángel, un hondureño de 13 años que llegó a la audiencia sin representación legal. Cuando el juez le preguntó por qué no podía regresar a Honduras, respondió que su madre y casi toda su familia estaban en Estados Unidos y que tenía miedo de volver.
El juez consideró que el adolescente no calificaba para obtener asilo y ordenó su deportación. Ángel comenzó a llorar.
“No tengo a nadie. No tengo nada”.
El caso forma parte de una situación que organizaciones que trabajan con migrantes califican de “crisis”.
Entre 20.000 y 26.000 menores que llegaron solos a Estados Unidos afrontan actualmente dificultades para acceder a representación legal después de que la Administración del presidente Donald Trump dejara vencer los fondos federales destinados a las organizaciones que los asistían en las cortes, según Americans for Immigrant Justice (AI Justice).
El contrato que financiaba a cerca de un centenar de organizaciones expiró el pasado 31 de julio. AI Justice, una de las asociaciones que prestaban esos servicios, asegura que perdió el 40% de su presupuesto y se vio obligada a reducir su equipo.
“Tenemos muchos casos, la necesidad es siempre crítica. La diferencia ahora es que nos hemos visto obligados a buscar alternativas de representación porque no tenemos la capacidad”, explicó a la agencia EFE Marisol Zequeira, directora del Programa Pro Bono de AI Justice.
Niños ante un sistema difícil de comprender
A diferencia de lo que ocurre en los procesos penales, quienes se presentan ante las cortes migratorias de Estados Unidos no tienen garantizado un abogado pagado por el Gobierno. Entre ellos hay niños que deben afrontar por su cuenta un proceso que puede terminar con su deportación.
En 2025, el 63% de los niños migrantes no contó con un defensor en sus casos, según datos del Vera Institute of Justice citados por la abogada Esther Olavarria. La cifra incluye también a menores que ingresaron al país acompañados.
La audiencia presenciada por CNN en Texas permitió ver qué significa esa situación dentro de una sala. Ese día había 25 menores citados ante el tribunal, de los cuales algunos contaban con abogados conectados de manera remota mientras otros debían responder por sí mismos a las preguntas del juez.
La corta edad de algunos de los niños hace todavía más difícil el procedimiento. CNN constató que menores de apenas dos o tres años están llegando a los tribunales de inmigración, donde se tramitan cuestiones que pueden decidir su permanencia en Estados Unidos o si son enviados de regreso a sus países de origen.
“Imagínate un niño, un menor que viene de otra cultura, que ya está traumatizado por lo que está oyendo y ahora tiene que enfrentar una situación que hasta para un adulto es difícil, es complicada, es crítica”, señaló Zequeira.
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Más tiempo en albergues y menos para preparar los casos
Según AI Justice, los niños permanecen ahora un tiempo estándar de cuatro meses en los albergues mientras las autoridades buscan a un patrocinador que pueda recibirlos. Las organizaciones aseguran que encontrar a esas personas es una tarea difícil.
“Los patrocinadores tienen miedo de ser patrocinadores, tienen miedo de que no van a calificar, de que ellos también puedan ser detenidos en el proceso y antes eso no pasaba”, explicó a EFE Alexandra Manrique Alfonso, directora del Programa Legal de Menores de Edad de AI Justice.
Asimismo, mientras las estadías en los centros se alargan, los tiempos en las cortes se acortan. Según Manrique Alfonso, antes los abogados podían conseguir aplazamientos de entre tres y seis meses para preparar la defensa de un menor. Ahora, en algunos casos, disponen de apenas dos o tres semanas.
Las organizaciones alertan que una deportación puede devolver a los niños a las mismas situaciones de las que huyeron. Entre los casos que reciben hay menores que denuncian abusos, abandono, amenazas de pandillas o situaciones de trata.
“Muchos han sufrido, han huido por alguna razón”, señaló Manrique Alfonso, quien advirtió sobre el riesgo de que atravesar el procedimiento sin asistencia legal termine revictimizándolos.
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Una disputa por fondos ya aprobados por el Congreso
La financiación de estos programas abrió además una polémica entre la Casa Blanca y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), un organismo independiente y no partidista que trabaja para el Congreso.
Trump anunció su intención de cancelar más de 800 millones de dólares correspondientes a 11 partidas presupuestarias ya aprobadas por el Poder Legislativo. Gran parte del dinero corresponde a programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos destinados a refugiados y menores migrantes no acompañados, incluidos servicios de asistencia legal.
La Administración sostiene que parte de esos recursos ya no es necesaria por la fuerte caída de los cruces irregulares de la frontera.
Sin embargo, la GAO concluyó esta semana que el Gobierno no puede mantener retenidos los fondos hasta que caduquen para evitar que sean gastados. Según el organismo, hacerlo sin que el Congreso apruebe la cancelación vulneraría las normas que regulan el control del gasto federal y el poder presupuestario del Legislativo.
La Ley de Control de Impoundment permite al Ejecutivo congelar temporalmente partidas mientras el Congreso estudia una solicitud para cancelarlas. Si los legisladores no aprueban esa petición dentro del procedimiento previsto, el Gobierno debe liberar el dinero.
Así, la controversia podría terminar en los tribunales. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció que muchos legisladores de su partido pueden coincidir con algunos de los recortes, pero adelantó que el procedimiento utilizado por la Casa Blanca probablemente será objeto de litigios.
Con EFE, AP y medios locales
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